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La salud en la era Uribe
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Jairo
Humberto Restrepo Zea Director Centro de Investigaciones Económicas
Universidad de Antioquia, Medellín jairo@catios.udea.edu.co
La elección del presidente Álvaro Uribe Vélez
será registrada en la historia de Colombia con varios
hechos destacados. En especial, desde cuando existe el mecanismos
de las dos vueltas electorales, la elección se logró
en la primera contienda; además, por primera vez y
luego de haber resultado ileso de un atentado, un disidente
de los partidos tradicionales ocupa la presidencia; y, como
dato aún más curioso, a pesar de que el partido
liberal se mantuvo dividido en la campaña electoral,
no tuvo su contraparte en el partido conservador y el presidente,
de todo modos, es de origen liberal.
Estos hechos, unidos a las primeras señales que ha
dado el presidente, permiten sugerir que en medio de la crisis
institucional, económica y social, podrían sentarse
las bases para la construcción de un proyecto nacional
que permita el desarrollo y rompa con los vicios y las rigideces
características del siglo XX. Un nuevo liderazgo, no
atado al bipartidismo, ilustrado y con visión de largo
plazo, podría instalarse en el poder y abrir las puertas
al nuevo siglo con un esquema de trabajo que además
permita la sucesión tranquila de los líderes
que ahora tendrán la oportunidad de reconstituir el
sistema político.
Por supuesto, no todo es color de rosa y es importante que
los ciudadanos estemos atentos a los acontecimientos y asumamos
nuestra responsabilidad de control sobre los gobernantes.
En particular, el resurgimiento de la tecnocracia que tuvo
una participación muy activa en el gobierno de César
Gaviria invita a solicitar una mayor dosis de pragmatismo
y heterodoxia para contar con normas y reformas que se adapten
a la realidad del país, y no al revés, que acaso
tenga lugar una ola de reformas que lleven al fracaso porque
el país no se adapte a ellas; además, si bien
se pueden romper ataduras con los partidos políticos,
podríamos enfrentamos a un mal tal vez peor y más
eficaz para los intereses privados, esto es, el fortalecimiento
de los grupos de presión que cuentan con la capacidad
de gobernar sin las dificultades propias del debate político.
En esta etapa inicial del gobierno, es bueno apuntarle al
optimismo y ofrecer ideas y críticas constructivas
para que el impulso del equipo ministerial pueda reflejarse
rápidamente en programas y acciones audaces que despejen
el futuro de Colombia. En este sentido, en el caso de la salud,
la propuesta de fusionar dos ministerios (Salud y Trabajo)
y la designación de Juan Luis Londoño para la
nueva cartera, muestra la intención del nuevo gobierno
de modificar la estructura del Estado y contar con las personas
más preparadas para buscar salidas a la crisis del
país, las cuales, además, han sido llamadas
para trabajar durante todo el cuatrienio.
Lo anterior constituye una señal importante para buscar
estabilidad institucional, la cual podría mejorarse
también mediante ajustes al Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, de manera que éste asuma un papel
más protagónico y se aclare la función
de regulación que le compete. Como aspectos críticos,
la fusión de los ministerios se propone en medio de
un ajuste incompleto, siendo así que no se planteó
lo mismo con otras carteras en las que es más obvia
la fusión, como es el caso de educación y cultura;
al buscar una integración de las funciones en materia
de trabajo, salud y seguridad social, se crea un Superministerio
que resulta descompensado con otras carteras del área
social y económica. Cabe además la pregunta
de cómo organizar los diferentes procesos que están
involucrados en esta temática tan amplia y el enfoque
que en particular va a recibir el manejo de la salud, corriendo
el riesgo, por ejemplo, de profundizar el manejo administrativo
y financiero, en desmedro de las preocupaciones sobre salud
pública.
En cuanto a las propuestas de cobertura y operación
del sistema de seguridad social, en la intención de
conformar un gabinete de unidad nacional, pareciera que Londoño
trasladó al nuevo gobierno las propuestas de la campaña
de Noemí Sanín. Estas propuestas se encuentran
enmarcadas en lo que el ministro denomina la fórmula
LQF (lo que funcione), y con alguna voluntad de reconocer
los errores que puedan existir en el diseño e implementación
de la reforma que él sustentó también
como ministro en 1993.
Dentro de estas propuestas, sería un exceso de tozudez
si se plantea la cobertura universal del aseguramiento, al
menos en las condiciones impuestas por los regímenes
contributivo y subsidiado: no hay plata para este propósito
y la estructura financiera e institucional no lo permiten.
En cambio, si se quiere dar estabilidad y contribuir a resolver
las disparidades en cuanto al acceso de la población
a los servicios, resulta más sensato parar el "afiliómetro"
y adoptar un plan único de atención para subsidiados
y vinculados que sea financiado y administrado por entidades
públicas y que su prestación se encuentre guiada
por compromisos de gestión; además, es fundamental
darle forma y continuidad a un sistema de monitoreo que apoye
la labor del Consejo e informe sobre los avances de la reforma,
muy especialmente en aspectos relativos al acceso.
Otro aspecto que merece la mayor atención es el de
la salud pública. Aún falta mucho por hacer,
a pesar del paño de agua tibia que ofreció la
Ley 715 con la entrega a los municipios de un porcentaje de
la UPC del régimen subsidiado con destino a los programas
de promoción y prevención. Una alternativa interesante
sería la de darle un mayor rol a la Subcuenta de Promoción
del Fosyga, canalizar en ella los recursos de ambos regímenes
y otros aplicados hoy al plan de atención básica
-PAB-, y adelantar unos programas en esta materia que vayan
dirigidos a toda la población y cuenten con un direccionamiento
centralizado.
Por último, si Londoño reconoce que la descentralización
fue adelantada de manera errónea, con la pérdida
de economías de escala en sentido económico
y político, en buena hora se puede avanzar hacia la
organización de la compra de servicios y la administración
de hospitales con un criterio menos municipalista y corrigiendo
la atomización que se provocó. Además,
en el mismo marco del monitoreo del sistema, es importante
contar con información para dar cuenta del comportamiento
de los agentes que participan en el mercado y mejorar la regulación
sobre los mismos.
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Bioética
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Nunca
antes se había presentado un deterioro en el área
de la salud de las magnitudes y de la gravedad de la que hoy
por hoy presenciamos. Las dificultades económicas, la
falta de recursos monetarios, siempre habían servido
de excusa para encubrir deficiencias que, a veces, tienen otras
causas, pero ahora se afirma que hay más recursos de
dinero y, sin embargo, la situación en general empeora.
No soy quien para hacer algún comentario en el aspecto
económico y las personas competentes deberán darnos
a conocer los resultados de sus investigaciones.
La crisis económica es grave, pero en el fondo del problema
hay otro elemento sin duda más deletéreo y de
peores consecuencias en el futuro, como es el cambio de objetivo
que en mala hora introdujo la Ley 100 al quehacer del médico
y a la finalidad primordial de los sitios de hospitalización
públicos y privados. Con la creación por esta
Ley de instituciones esencialmente mercantilistas y su ineludible
intermediación entre el paciente y el médico,
ya que todos los colombianos tenemos por fuerza de dicha ley
que inscribirnos en alguna de ellas, el médico, los hospitales
y clínicas tienen la necesidad primaria de producir réditos
para aquéllas, sacrificando frecuentemente la calidad
científica y, especialmente, la humana de la atención
a quienes requieren sus servicios. Para no dejar escapar estas
ganancias se exige atender un número de pacientes en
tiempos límites, se establece control a solicitudes de
exámenes paraclínicos, a formulaciones terapéuticas,
al tiempo de hospitalización poniendo límites
arbitrarios a la evolución del proceso de enfermar -
o de recuperarse de cada persona -, cohibiendo el ejercicio
de la medicina según el adecuado y honesto criterio del
profesional. La finalidad de la actividad de cada uno de los
médicos y de las entidades hospitalarias, ya no es, según
esta ley y los decretos que la regulan, la prevención,
el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos
de salud del paciente sino el mayor número de afiliados
atendidos y al menor costo posible, así la calidad del
servicio se deteriore, pues lo importante es obtener ganancias
en dinero. Y es lógico a la luz de la Ley 100, pues las
instituciones creadas estructuralmente tienen esa finalidad:
ganar dinero, aumentar sus ganancias económicas. Esta
es la razón para que se contrate con las que más
porcentaje de ganancias proporcionen al contratista. El aumento
de cobertura es un valioso sofisma populista mantenido por la
propaganda pero realmente lo que la Ley pretende es pedirle
"peras al olmo", en el sentido de que entidades que
fundamentalmente deben procurar la salud, den dinero y, las
creadas esencialmente para conseguir dinero, den salud.
Más aún, y como forzosa consecuencia de las condiciones
creadas en el sistema actual de atención médica,
los hospitales y clínicas que antes ostentaban con orgullo
y como timbre de la buena calidad de sus servicios el ser "Universitario"
o "Universitaria", evitan lo más posible ofrecer
sus instalaciones para fines docentes, pues, como lo afirma
ASCOFAME en la publicación "Recurso humano en medicina:
formación, distribución y bases para una propuesta
política" (febrero de 2000), «[...] la Universidad
se ha convertido en un socio incómodo para las instituciones
de salud», pues no están seguras de que los intermediarios
creados por la Ley 100 reconozcan costos alegando que se incrementaron
por la docencia y se ponga así en peligro su propia supervivencia.
La docencia ha pasado a un segundo lugar y muchos ilustres profesores,
médicos de excelente calidad académica y humana,
han visto menguada substancialmente su misión formativa.
¿Qué será de los futuros médicos,
de su preparación ética, académica, humana,
social, cuando el actual sistema de atención médica
crea tales dificultades?
Crisis en la atención del paciente que requiere los servicios
del médico y que éste en sana justicia debe cuidar
de él honestamente - según su leal saber y entender
- sin motivación diferente a la de ayudar a aquél
de acuerdo con su estado clínico patológico, sin
interferencia alguna que desvíe el resultado de sus esfuerzos
a alguien o a algo que no sea el paciente mismo, o que deje
siquiera la duda de que así sucederá, porque se
rompe la necesaria confianza entre ambos, paciente y médico.
Crisis tan grave como ésta, -o quizás mayor, en
la formación integral de los futuros médicos,
ya que las generaciones de profesionales con deficiencias en
su preparación ética, científica y técnica-,
acrecentarán los errores en la práctica médica
con graves consecuencias para los seres humanos como individuos
y para la sociedad como tal.
¿Por qué insistir en pedir "peras al olmo"
si existen otros sistemas de seguridad social y de seguridad
en la atención de salud que no privan al paciente de
la libertad de elegir a su médico -no su EPS, etc.- y
a éste de la libertad de obrar en conciencia, honrada,
razonable y responsablemente, sin intermediarios que exijan
rendimiento económico? Es un deber del Estado vigilar
y fiscalizar los gastos en la atención médica
y en la promoción de salud, pero su gestión no
debe llegar hasta menguar la libertad del paciente y del médico
y a alterar gravemente la formación de los profesionales
del aérea de la salud.
Nota: Este articulo es una colaboración del Centro Colombiano
de Bioética -CECOLBE-. Las opiniones en él expresadas
son responsabilidad de su autor. |
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