Reforma Pensional:
¿Una propuesta decente? Olga Lucia Muños López - Periodista, Medellín

Todo un cóctel de propuestas se ha agitado en el país después de que el gobierno nacional radicara en el Congreso de la República el Proyecto de Ley con las diferentes variables de la que sería la nueva reforma pensional, que a su vez constituiría parte del último tramo de compromisos pactados con el Fondo Monetario Internacional FMI- por el presidente Andrés Pastrana en diciembre de 1999.
El gobierno nacional llevó la iniciativa ante el legislativo, comprometiéndose a preservar tres principios: en la exposición de motivos se consignarán los puntos de vista de todos los sectores (empresarios y gremios de la producción, sindicatos de trabajadores, Fondos Privados de Pensiones y los propios por supuesto); no se tocarán los aportes a las Cajas de Compensación y la concertación se extenderá hasta el 15 de marzo de este año.
El problema pensional después de la Ley 100 se configura brevemente en los siguientes términos:

• Muy baja cobertura, porque el 83% de adultos mayores de 65 años están excluidos del sistema y de casi 3 millones mayores de 60, sólo están pensionados 794.183.
  
• El pasivo pensional de los fondos territoriales es considerado el más grave problema porque tiene costos exorbitantes, pocas o ningunas reservas y cubre muy poca población; hoy subsisten 15 cajas de orden nacional, siendo la más grande Cajanal, mientras el resto paga pensiones muy elevadas, tales como el Fondo del Congreso FONPRECOM, la Caja de Comunicaciones CAPRECOM y la Caja de la Superintendencia Bancaria, algunas dependencias del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República CAPRESUB.
  
• Los regímenes exceptuados y especiales están a punto de acabar con sus reservas y al disfrutar de prebendas superiores a los de la mayoría de afiliados al Sistema General de Pensiones SGP- generan desigualdad e inequidad en el mismo.
  
• La deuda pensional total sumaba al año 2000, la cifra de $287 billones, que representaban el 172.4% del PIB y cuatro veces la deuda pública interna y externa del país.
  
• Al régimen de prima media del ISS le han anunciado todas las crónicas de su muerte para los años 2006, 2018 o 2021, por el agotamiento de sus reservas, sin poder contar con las acreencias fabulosas que le adeuda el Estado; éstas se originaron por el no pago de los aportes tripartitos establecidos ($2,2 billones entre 1967 y 1973), aportes del 20% de las prestaciones ($3,5 billones entre 1973 y 1993), rentabilidad de las reservas ($3,5 billones), pago de la mesada 14 ($1,2 billones), y el valor del 83% de las acciones del ISS en el Banco Central Hipotecario BCH- vendido por el gobierno ($0,7 billones), para un total de $11,1 billones, según informe del Actuario Walter Orozco. Eso sin la deuda de casi $42 billones por pago de pensiones heredadas del viejo régimen para 265.000 jubilados; estas cuentas asumen otros valores según los conceptos adicionados o eliminados (para la Contraloría General de la República es de mínimo US$20.000 millones)
  
• Un régimen de ahorro individual convertido en negocio redondo por los fondos privados de pensiones, hasta el punto de que en pocos años los convertiría en el grupo económico más fuerte del país. A pesar de la altísima evasión, sus ahorros superaron en 7 años las reservas acumuladas por el ISS en 36 años; en una época de crisis económica son tal vez el único negocio con crecimiento importante de utilidades; esperan manejar el 25% del PIB en 15 años y para el año 2005 tendrán activos superiores a los de los bancos.
  
• Alta evasión y elusión, porque de 8'530.821 afiliados a pensiones en Dic/2000, sólo estaban activos (cotizando en los últimos 6 meses) 4'964.357 personas.
  
• Deslealtad en la competencia por captar nuevos afiliados, porque los fondos privados crecen al capturar afiliados jóvenes y promover desafiliaciones rentables del ISS, dejando en el Instituto a los afiliados más viejos, débiles y costosos.
  

Si bien en este panorama la reforma pensional está más que justificada, hay malestar en el ambiente porque su aprobación se ha convertido en una causa de Estado, más por la necesidad de cumplir el compromiso con el FMI, que por razón de la necesidad interna del país y de los pensionados de una reforma, lo que genera la crítica de que se trata de una propuesta de segunda clase que no consulta los verdaderos intereses de la población y las reales posibilidades financieras del país para cubrir esos pagos. Reiteramos entonces, que un problema social se convierte prioritariamente en una exigencia económica arrastrada por intereses políticos.
Las variables del cambio
La edad de jubilación, el porcentaje del salario destinado a pensiones, el número de semanas de cotización, la duración del régimen de transición, el ingreso base de liquidación, el monto de la pensión sobre el ingreso base de cotización, la pensión mínima, la aplicación o no de impuestos y el destino de las pensiones especiales de los regímenes exceptuados, son las principales variables a considerar en la reforma.
Las novedades del articulado
El proyecto de ley tiene 29 artículos, el primero de los cuales contempla que la afiliación es obligatoria para todo los trabajadores, incluyendo a los dependientes e independientes; surge entonces la pregunta: ¿si un trabajador independiente muchas veces no consigue para su sustento o está desempleado, cómo va a hacer para pagar su aporte a seguridad social? Ante este interrogante, los sindicatos proponen por ejemplo, que se establezca el seguro de desempleo.
También se establece que la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien la manifestará por escrito al momento de la vinculación o traslado.
El debate
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías AFP: El ex ministro de Hacienda y ahora presidente de Asofondos, Luis Fernando Alarcón Mantilla, fue enfático en afirmar que el proyecto es lesivo para los fondos, porque le da muchísimas ventajas al régimen de prima media del ISS, como la afiliación obligatoria de los empleados públicos en cargos de carrera administrativa al régimen de prima media con prestación definida y la permanencia de los ya afiliados en el mismo régimen. Esto se considera parte del sesgo que tiene el proyecto a favor del régimen de prima media administrado por el ISS.
Además, recalca Alarcón, el proyecto permite que el Seguro Social se convierta en una entidad de ahorro con dos características: que los afiliados al ISS pueden ahorrar y si estos recursos no alcanzan para completar la pensión, entonces se devuelven al afiliado con los rendimientos correspondientes, a diferencia de lo que sucede actualmente, que aquellos que no la completan, pierden esos recursos. Esta es una garantía que le hace mucho contrapeso a los fondos, indicó Alarcón, pero la más fuerte es el hecho de que la reforma permite ahorrar en el Seguro Social para ir constituyendo los dineros necesarios para acceder a una pensión más alta, cuando ese era un privilegio exclusivo de los fondos de pensiones privados.
Estas medidas nos deterioran el mercado y casi nos sacan de él, porque las AFP pueden desaparecer, dice Alarcón, sin contar con el hecho de que los mismos fondos privados van a tener que garantizar con recursos propios la pensión mínima de sus afiliados, no el Estado, que se liberará así de esa pesada carga fiscal. Además, a los fondos se les rebajará un punto de la comisión de administración.
Trabajadores: Las diferentes centrales obreras enfatizaron que no están de acuerdo con el aumento de la edad de pensión, la disminución de los beneficios pensionales y el aumento de la cotización, los tres puntos principales de la reforma en cuanto atañe a los aportantes.
Aunque para la edad de pensión se respeta el régimen de transición de la Ley 100 (que establece que las mujeres con 35 años cumplidos el 1º de abril de 1994 y los hombres con 40 años a la misma fecha, no entraban en el régimen de Ley 100), y que sólo a partir del 1º de enero del año 2014, se aumenta de 55 a 58 años de edad si es mujer, o de 60 a 63 si es hombre, también se determina que desde el 1º de enero del año 2020 esas edades serán de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. O sea que se universaliza la edad de pensión para "todo el mundo", sólo con las excepciones contempladas en Ley 100, pero los trabajadores tampoco comparten esta norma.
En cuanto a la cotización, ésta va a aumentar automáticamente en 1% para todos los afiliados, y desde el 1º de enero de 2005, aumentará cada año en 0.25% del ingreso base de cotización hasta llegar a 15.5% en el año 2008. Ahora está en 13.5%, con la reforma aumenta a 14.5% y a partir del año 2008 la cotización quedaría permanentemente en 15.5%. El presidente de la CGTD, Julio Roberto Gómez, lo mismo que el secretario general de la CUT, Héctor Fajardo, han reiterado que no consideran procedente este aumento.
Y el tercer punto de discordia de las centrales obreras con la reforma, es la disminución de los beneficios pensionales, porque hoy se paga alrededor del 65% del salario que se devenga como pensión, teniendo en cuenta el promedio salarial de los últimos 10 años de trabajo. Ahora el proyecto establece que el pago se calcule con base en el promedio de las últimas mil semanas cotizadas, lo que provocará que el promedio caiga dramáticamente, anotando además que en las actuales condiciones económicas y de desempleo del país, esas mil semanas apenas se sumarían en unos 50 años de trabajo, porque existen períodos de desempleo cortos o largos- bastante pronunciados en la mayor parte de la población.
Igualmente, los sindicatos reparan el hecho de que se aumentarán las semanas de cotización, porque a partir del 1º de enero del año 2014, el número mínimo se incrementará en 35 semanas cada año hasta el año 2019. Y en el año 2020, se incrementará en 40 semanas para completar un total de 1250 semanas como mínimo.
Los gremios de la producción: Tampoco están de acuerdo con el incremento de las cotizaciones, porque como el 75% de los aportes para pensión los cubre el empleador, consideran que económicamente la medida no es viable para el sector privado o para los empresarios. Luis Carlos Villegas Echeverri, presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, afirmó: "Nosotros consideramos que en Colombia sólo debe pagársele pensión, al que haya ahorrado para la pensión, al que tenga derecho a la pensión".