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Después de
diez años de la aparición de la Ley 100, mucho
y a la vez muy poco pudiera decirse. En el marco de ella y
en este lapso, ha habido muchos acontecimientos y también
grandes sorpresas. Lo sucedido ahora con la epidemia de fiebre
amarilla es una tapa que se levanta y deja ver hacia dentro
graves dificultades y serios problemas que antes ni imaginábamos.
En números anteriores, El Pulso se refirió de
manera amplia al impacto que la Ley 100 ha tenido en el modo
de vida del sector de la salud. Sin embargo, hay algo que
puede repetirse, señalándolo siempre como algo
muy sustancial que ella conlleva en sus entretelas: el comercio.
La idea de buscar y alcanzar un bien común, un propósito
de interés de Nación, despertando e invitando
el espíritu y el afán de negocio con el aliciente
del lucro, sin duda fue una muy mala idea, y ello es la esencia
de la Ley 100. Ella fue y es una mala idea. Lo es fundamentalmente
porque disocia el “porqué” del “cómo”.
La salud, el mejor estar, lo esencial, la vida, esa necesidad
fundamental, quedó desarticulada por virtud y por ley
del cómo lograrlo de manera natural y consecuente.
La respuesta que dio la Ley 100 a esas necesidades imprescindibles
de vivir del ser humano, fue totalmente desacertada y violatoria
de sus sentimientos más íntimos. Esa respuesta
se apuntala en que todo se lograra con la mediación
del comercio, con las herramientas del mercado apoyando, amparando
y favoreciendo el ánimo de lucro. A posteriori se constata
esto nuevamente, porque no de otra manera se explica la participación
del capital en estas tareas.
El efecto de la Ley no ha parado. No hablemos de lo ya sucedido,
como tener descubierto al 48 % de la población, ni
de la crisis hospitalaria que se vive por estos días
y por cuarta o quinta vez en este período, ni de la
separación del ISS como bien público en negocios,
ni de la fiebre amarilla, ni del monto de la masa de dinero
frente al nivel de salud logrado, etc. No. Hablemos de otro
aspecto que cada vez toma más fuerza, como es la tarea
que se han impuesto las EPS y ARS de crear sus propios servicios
asistenciales, participando en toda la cadena desde la adquisición
y producción de insumos hasta la prestación
por sus propias manos y con su propio saber, de los servicios
asistenciales.
Para explicar el porqué de esa ruta, pueden darse muchas
razones que hacen parte de lo complejo del sector. Sin embargo,
la explicación más cierta entraña la
búsqueda de mayor rentabilidad a la inversión.
No se conocen argumentos de tipo ético ni razones de
inoportunidad de atención, ni limitaciones en el número
de camas disponibles, ni estrechez en la oferta de consultas
médicas, ni quejas de los afiliados por maltrato, ni
escasez de insumos, ni desmejora en los indicadores asistenciales,
ni protesta por parte de los auditores médicos, nada
de eso se conoce. Sí se conoce, que ese propósito
de la integración vertical entraña el afán
de lograr mejores réditos económicos, y ello
por supuesto es la constatación de que la Ley 100 sí
persigue unos porques muy distintos a los porques más
sentidos, más íntimos, más apreciados
y más caros a la condición humana.
Tener un porqué es una necesidad fundamental para cualquier
acción. Él debe corresponder a su propio cómo.
Pero desarticular el porqué del cómo y poner
otro ajeno y que no corresponda al propio, sino que por el
contrario ese responda a intereses diferentes y en este caso
subalternos, es lastimar los propósitos elementales
del hombre y dar al traste con sus mejores y más valiosas
intenciones y propósitos. He ahí lo grave de
la política que diseñó la Ley 100, he
ahí lo grave de su desarrollo y he ahí donde
estriba lo funesto de sus intenciones y la razón de
su fracaso. La integración vertical lo corrobora. |
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