Cuando se es testigo cotidiano de la tragedia de los enfermos de cáncer, cada vez más y en edades más tempranas y más devastados; cuando se sabe de la marginalidad y discriminación a que son sometidos los pacientes de VIH-sida; cuando se presencia la inexorable condena a muerte para los enfermos cardiovasculares, ante la falta de opciones terapéuticas verdaderas y de largo plazo; cuando no cesa la lástima por los miles de pacientes amarrados a una máquina de diálisis para aferrarse a la vida, porque es la última opción que les otorgan; cuando se aprecian estos miles de enfermos que deambulan por la vida apenas como espectros de los seres que alguna vez fueron, un ser humano que se precie de tal no puede menos que sobrecogerse y apretar el corazón y ahogar un grito en el pecho, para ahogar una envenenada impotencia.
Por simple y elemental solidaridad humana, no es bueno para el espíritu confirmar que los enfermos de cáncer, sida, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares, tienen que luchar por tiempo de vida y por un mejor estar, primero con su cuerpo, enseguida con los seres que les discriminan por el mal que padecen, y finalmente, contra todo un sistema de salud que no se conduele de su circunstancia y que a duras penas le procura atenciones paliativas. No, eso no es bueno.
Pero será menos bueno aún, quedarse apenas como espectador de toda esta tragedia, reducida por el sistema a escandalosos números y curvas de rentabilidad, sin exigirle al Estado que atienda su causalidad real: la falta de acciones efectivas y obligatorias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. No se puede permitir que alguien pretenda enseñorearse sobre la vida de los enfermos de “alto costo”, ni el resto de los mortales podemos quedarnos apenas en decir: “¡Sálvenos la providencia de convertirnos en uno de ellos!”. No, no puede ser así. El Estado colombiano tiene la obligación moral y legal de hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad; no puede renunciar a esa responsabilidad de “velar por la vida e integridad de todos sus asociados”, como reza la Constitución. Puede apoyarse en los actores del sistema de salud a los cuales delegó algunas de sus obligaciones en el tema, pero en últimas, esa responsabilidad siempre será su competencia fundamental. A fin de cuentas: ¿Sobre quién sería soberano si los colombianos dejasen de existir? ¿O pretende serlo sobre una miríada de enfermos de “alto costo” que desbordarían los recursos y que no podría atender ni siquiera con cuidados paliativos?
A no dudarlo, en el momento hay que atender a las personas que por falta de atención en salud o por la provisión de malos servicios de salud, hoy sufren estas enfermedades estigmatizantes; pero no basta con abandonarlos a la suerte que les depare su entidad aseguradora de servicios de salud, porque ya sabemos de sus reticencias, de sus dilaciones, de sus falsos argumentos para negarle servicios y de su falta de compasión cuando de bajar costos se trata.
Como somos un pueblo de escasa memoria, habrá que recordarle por todos los medios al Estado, que tiene obligaciones irrenunciables con la salud de los colombianos, que siendo un país pobre y con grandes necesidades, debe adecuar las mejores formas de atender a las necesidades básicas en salud, y que debe procurar todos los mecanismos necesarios para que las enfermedades de “alto costo” no se conviertan en el cáncer que socave la existencia misma de la sociedad, mientras unos pocos se enriquecen a ese precio.
Mientras eso sucede, mientras la fe nos devuelva la esperanza en un mejor estado de salud para todos los colombianos, para que no sean cada vez más los que se convierten en enfermos de “alto costo”, habrá que recordar al inglés John Donne: “La muerte de todo hombre me disminuye”. Por eso, apreciado lector, las campanas, siempre doblan por ti, siempre doblan por mi…