Esta pregunta va en dos sentidos: ¿a quién le duele el Instituto y lo defiende? Y, ¿quién estaría interesado en adquirirlo y hacerlo parte de su propiedad? El interrogante viene al caso, una vez confirmada la premonición de que en algún momento el gobierno entraría a acabar la entidad, porque no basta con ver el estado de postración al cual llegó, sino que también debe recordarse que el Instituto de los Seguros Sociales nunca fue de los afectos del gobierno: los 60 años de la institución tienen innumerables pruebas de ello.
Recordando a Kundera cuando dice que “la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”, habría que empezar por decir que el gobierno fue uno de los padres de la creación del Instituto, pero desde sus inicios incumplió sus obligaciones para con él, cuando de entrada nunca pagó la cuota tripartita que le correspondía al lado del aporte de empresarios y trabajadores; y para oficializar el incumplimiento del aporte, en 1973 el gobierno convirtió el aporte al ISS en bipartito y se auto-eximió de la deuda adquirida hasta esa fecha, pero conservando todo su poder dentro del organismo. No en balde, el Seguro le sirvió siempre de fortín político.
Con la llegada de la Ley 100 en 1993, el gobierno desmonta el monopolio público en seguridad social que estaba en manos del ISS, y lo pone a competir en el recién creado mercado de la salud; dadas las cargas que traía, con gastos insostenibles, insuficiencia en los sistemas de información y control, deficiencias en el servicio y corrupción, el ISS empieza a perder terreno, más cuando las entidades privadas de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales sólo podían crecer a expensas de 'sonsacar' los afiliados del Instituto, y el gobierno nunca preparó al Instituto para la competencia, al no fortalecerlo ni económica ni administrativa ni operativamente.
Para 1996, al lado de las otras EPS públicas, el Seguro tenía 62% del total de afiliados y las privadas el 38%. En 1998, la Supersalud sancionó al Instituto y le impidió hacer nuevas afiliaciones y acciones de mercadeo e inversiones, con lo que salen usuarios pero no se reponen, envejecen los afiliados pero no hay recambio con nuevas generaciones: de 10,2 millones de afiliados compensados en el ISS en 1996, se pasó a 7,5 millones en 1998 y a 2,8 millones en 2003, en un verdadero desplome; en 2003, ya 75% de los afiliados estaban en las EPS privadas y sólo 25% en las públicas. Ese mismo año, el gobierno lanza el “Plan de Modernización del ISS”, argumentando que el estado de postración del Instituto obedecía a su incapacidad para adaptarse a la Ley 100, la carga prestacional, los efectos de la sanción y los problemas de gestión; esta caracterización del problema era parcialmente cierta, pero el gobierno no dijo que también faltó voluntad política de los administradores que había puesto en el Seguro, para resolver los problemas estructurales de la entidad y convertirla en modelo de seguridad social. Se cerraron clínicas y despidieron trabajadores, se recortó la convención colectiva y se hace separación funcional de la EPS y las IPS, pero estas medidas agravaron los problemas.
En 2003, el gobierno del presidente Uribe y su ministro de la Protección Social, Diego Palacio, implantan una nueva reforma “salvadora” del ISS, que escinde al ISS y crea 7 Empresas Sociales del Estado ESE-, para separar los servicios de aseguramiento de los de prestación; el propio ministro acaba de reconocer el fracaso de la fórmula de crear las ESE. Ahora, ante la incapacidad y la falta de voluntad política del gobierno para resolver los graves problemas del Seguro, se opta entonces por la liquidación, argumentando insostenibilidad: según cuentas del gobierno, el ISS incurre en gastos equivalentes al 135% de sus ingresos (calculados en $1,2 billones mensuales), discriminados así: 94% en salud, 16% en administración y 25% en convención colectiva y pensiones. Y se afirma que de cada $100 que invierte el ISS, cerca de 30% se va en gastos administrativos o pensionales que no tienen otras EPS, lo que le resta competitividad al ISS.
Por su parte, Sintraseguridadsocial reitera que la solución la tiene el gobierno, que debe cerca de $60 billones al ISS y nunca redistribuyó los pacientes de alto costo en todo el sistema asegurador, para quitarle esa carga al ISS de tener el 90% de estos pacientes que generan sobrecostos por $300.000 millones mensuales. Pero desde la administración del Instituto, tampoco se emprendieron acciones efectivas para solucionar los problemas.
“Cóndores no entierran todos los días”, escribimos hace unos años en este periódico, haciendo referencia a que no sería fácil acabar con el ISS, por lo grande de la institución y de sus problemas, pero ya se ve que los cóndores si se pueden dejar morir poco a poco.
Ahora, el gobierno no puede renunciar a su obligación constitucional de brindar seguridad social a los colombianos; y aunque los gobiernos de las últimas décadas hayan mostrado poco apego y solidaridad con el Seguro Social, deberá mantenerse, defenderse y fortalecerse una adecuada oferta pública en aseguramiento y prestación de servicios de seguridad social, especialmente en salud, sea cual sea que vaya a reemplazar la del Seguro Social.