La realidad del sistema de salud en Colombia ondea en un péndulo como quiera que ciertamente se evidencian y reconocen algunos logros importantes, pero de manera preocupante se reconoce la inestabilidad financiera que atenta contra la sostenibilidad fiscal y la viabilidad institucional, matizado en grandes afujías iliquidez, alto endeudamiento y pérdida de rentabilidad, especialmente en las aseguradoras como irrigadoras de la corriente de fondos.

La Contraloría General de la República como parte de su Plan General de Auditoría, realizó una auditoría de cumplimiento, a la Superintendencia Nacional de Salud que permitieron conocer cifras sectoriales que dan cuenta de la descapitalización de $6.5 billones, en 28 de las 36 EPS que consolidan información, es decir, el 78% de las aseguradoras en salud en Colombia demandan de igual capital para enervar sus estados financieros y ofrecer las garantías de capacidad financiera de operación y permanencia en el sector.

Esta necesidad de capital para funcionar adecuadamente, y en el marco de las exigencias normativas, se hace más dramática cuando apenas en tres años las capitalizaciones alcanzaron los $1.6 billones, -cifra por demás histórica - aunado a la complejidad de un sector que gasta más de lo que como sociedad logramos generar como ingreso, lo que se traduce en pérdidas contables anuales promedio de un billón de pesos, llevando a una disminución en los patrimonios con afectación a toda la estructura económica y financiera del sector en general, convirtiéndose en un fenómeno casi estructural para el cual se esperan soluciones efectivas de gobierno nacional, quizás a través de la propuesta de ley de punto final.

El aseguramiento en salud presentó a diciembre 31 de 2017 un incremento del 70% respecto de junio de 2015, con un crecimiento absoluto de $1.6 billones, un déficit fiscal de $3.2 billones como capital mínimo o fondo social que garantice su viabilidad sectorial y que es, coincidencialmente, igual a lo que se logró como capitalización entre los años 2015 a 2017.

Cuando se revisa el cumplimiento del capital mínimo que deben garantizar las aseguradoras como soporte de su capacidad económica y financiera, se encuentra que las demandas de capital mínimo en 2015 eran de $2.2 billones tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, pero tres años más tarde, y como efecto de los resultados negativos obtenidos en la operación, la aplicación del Decreto 2702 de 2014, la obligación de adopción de las normas de convergencia NIIF, su registro en estados financieros se consolidó en un capital mínimo de $3.8 billones a diciembre 31 de 2017.

Un aumento negativo del indicador de capital mínimo, o lo que es lo mismo, el déficit fiscal de capital mínimo del aseguramiento en salud, creció en estos tres años el 70%, lo que a todas luces es altamente preocupante, y evidencia el deterioro financiero del sistema, al mismo tiempo que desdice de la efectividad de las medidas y la capacidad institucional para dar respuesta efectiva al problema, y a la misma la lógica del mercado del aseguramiento, siendo más dramática la situación en el régimen subsidiado, toda vez que representó el 84% de participación en el déficit de capital mínimo, con la suma de $3.2 billones, lo cual constituye un alto riesgo operativo y financiero para el sistema y que urge de acciones reales, concretas y efectivas que permitan superar el problema y los sus efectos directos en materia social.

Por su parte, entre junio de 2017 a diciembre de 2017 en el en contributivo se pasó de un déficit de capital mínimo de -$3.1 billones a -$607,4 mil millones, pero ante esta mejora la Agencia de Control fiscal informó que se debió a la salida del mercado de CAFESALUD, y no porque el indicador ciertamente “hubiera tenido un real aumento, donde efectivamente hubieran desaparecido las acreencias o el desbalance existente en términos del SGSSS.”

Quizás el dato más revelador de este informe de la auditoria de la Contraloría General de la República a la Supersalud, y que suscita la mayor preocupación, es el referido al estado de incumplimiento del indicadores de permanencia en el denominado Patrimonio Autónomo, que como anotó el organismo de control: “…Es en este contexto que, en contravía de la sana intención y propósito de la norma en comento, sus resultados pueden calificarse como insatisfactorios, ya que las condiciones de CM Y PA, como elementos financieros que apuntalan la operación de las EPS como actores del SGSS, siguen siendo deficitarias, observándose solamente, algunas mejoras individuales, que no permiten – desde una perspectiva sectorial -, superar la condición negativa de dichos indicadores, y al contrario de lo esperado, presentan una tendencia al deterioro.”.

Así las cosas, mientras que a junio de 2015, el defecto patrimonial o patrimonio adecuado fue negativo en $4.5 billones, tres años después y merced de las constantes perdidas contables del sector, las necesidades de capital en el agregado general en 28 de las 36 aseguradoras en salud es de $6.5 billones, mostrando en el período un incremento en 46% en deterioro de este indicador, afectando a las EPS donde está la mayoría de los afiliados. El régimen subsidiado es quien presenta la mayor demanda por capitalización, en el orden de $3.9 billones, participando con el 60% del total de dicho indicador financiero, pasando de $1.9 billones en junio de 2015 a $3.9 en diciembre de 2017, siendo por su parte el régimen contributivo el 40% restantes con $2.6 billones.

Cuando el análisis se realiza a nivel micro, o en detalle por cada sector, y caracterizando algunos resultados particulares en las aseguradoras, se tiene que de un total de 23 aseguradoras del régimen subsidiado que reportaron información a la Supersalud, a junio de 2015, en 17 de ellas que corresponde al 73.91%, el defecto o déficit de capital fue de $2 billones, en tanto que en 6 de ellas se presentó exceso de patrimonio adecuado (26.09%), con $146.8 mil millones, para un resultado neto de $1.9 billones como defecto de patrimonio. Tres años más tarde, se incrementa en dos entidades las que presentan defecto patrimonial, pero la pérdida de capital se aumenta en 100%, pasando de requerir capital por $2 billones a $4 billones, lo cual evidencia el deterioro en el impacto de la adopción de este indicador combinado con los efectos de las medidas de convergencia y NIIF, pero sobre todo a causa de los resultados negativos recurrentes. Por su parte, las aseguradoras que presentaron exceso de capital, aunque disminuyeron en dos entre junio de 2015 y diciembre de 2017, aquí se registró un cambio de tendencia y una disminución de $30.8 millones, lo que es un leve alivio en este régimen en particular.

En junio de 2015, las aseguradoras con mayor defecto patrimonial fueron en su orden: Emssanar con -$430.3 miles de millones, seguida de ASMET en -$359,6 miles de millones y por último Capital Salud con-$330.3 miles de millones, permaneciendo tres años después dos de estas aseguradoras entre las de mayores afujías de capital, y una tercera que no había estado en junio de 2015, Savia Salud con -$816.3 miles de millones, seguida de ASMET con -$745,3 y en última posición Capital Salud con -$579,1 miles de millones, es decir que las dos que repiten aumentan sensiblemente su condición de déficit de capital y Savia Salud que no figuraba en 2015, es la primera con mayor necesidad de enervar su condición financiera de capital.

Las 15 aseguradoras del régimen contributivo, presentan un comportamiento más regular y establece, aunque no menos preocupante, un defecto patrimonial que se mantiene superior a los $3.3 billones, en tanto que el exceso apenas alcanzó los $691,3 mil millones, con un leve descenso de 1.69% respecto de lo registrado en junio de 2015, situación que obviamente tiene plena correspondencia con el resultado neto, que se mantienen casi invariable en -$2.6 billones; no obstante que proporcionalmente son menos las aseguradoras que en el régimen subsidiado (23 vs15).

Coomeva EPS es de lejos la aseguradora que en mayor proporción presentó un Patrimonio Adecuado con signo negativo en -$1.228.8 mil millones, aun con un gran esfuerzo de mejora en -$275,2 mil millones para diciembre de 2017, lo que representó una disminución del defecto en 22.4%;la EPS terminó en diciembre de 2017 en -$953,6 mil millones y se ubicó como la de mayor necesidad de capital en el país.

La aseguradora Cafesalud que, en junio de 2015, presentó un resultado negativo en patrimonio adecuado de -$662,8 mil millones, no figura relacionada en diciembre de 2017, como bien lo anotó el informe de la Contraloría así: “para el cierre de la vigencia la sumatoria del defecto patrimonial del sector toma en cuenta inicialmente los datos de la EPS habilitadas y en operación. (…) En este sentido, Cafesalud EPS S.A. al cierre de la vigencia de 2017, no se encontraba habilitada para operar en el aseguramiento”.

Por último, Saludvida, que en junio de 2015 tenía un defecto en Patrimonio Adecuado de $352,7 mil millones, es la segunda con mayor necesidad de capital en diciembre de 2017 con -$786,7 mil millones, es decir dobla, y un poco más, su propio registro negativo en tres años en cuanto a este indicador.

Para responder un tanto a la descapitalización sectorial, y como parte de las medidas interpuestas por la Agencia de I.V.C y a los colaterales propios de la aplicación del Decreto 2702 de 2014, a las aseguradoras se les exigía la capitalización en cualquiera de las formas posibles, desde cambios en posición accionaria vía acreencias, nuevos fondos propios o recursos frescos, mejoraras en eficiencias que implicaran excedentes de la operación y prima en colocación de acciones, entre otros, por lo que al final de los tres años se registra en los estados contables de las 34 aseguradoras (que efectivamente realizaron algún tipo de capitalización) un esfuerzo notorio de lograr capitalizaciones totales a diciembre de 2017 por un monto de $1.6 billones, que implicó un 36% del defecto de junio de 2015, del cual no se tienen precedentes, haciendo más fuertes financieramente a estas organizaciones ante las exigencias de terceros, no obstante que dos aseguradoras realizaron capitalizaciones por un valor total de $569.7 mil millones, es decir el 35% del valor de los 3 años de capitalización, siendo Cafesalud (26% del total sin Cafesalud), con -$369,7 mil millones, por recomposición de la estructura de funcionamiento y un fortalecimiento patrimonial, aunque no implicó propiamente un flujo de recurso nuevos.

Igualmente, en este consolidado de capitalizaciones se computan los $200.000 millones de Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones – BOCAS –Cafesalud, en respuesta al convenio de desempeño suscrito con Ministerio de Salud y Protección Social, pero que en la práctica no representan una capitalización de la entidad con recursos propios, sino una manera de fondeo o apalancamiento.

En 2015 el monto total de capitalizaciones fue de $582,3 mil millones, de los cuales (61.8%) de las tres (3) aseguradoras realizaron capitalizaciones en efectivo (73.5%), y el resto en otros efectos (26.5%). En la vigencia de 2016, las capitalizaciones tuvieron un descenso de 21.19%, llegando a un valor de $458.9 mil millones, de los cuales el 58.8% realizaron algún tipo de capitalización, así: en efectivo el 57.5% y el resto (42.5%), en otros efectos. Para 2017 el efecto fue un tanto mayor de $588,6 millones, siendo el valor en efectivo el más bajo de los 3 años con el 37.2% y el resto de 62.8%. Al final, se observa que el mayor valor de las capitalizaciones realizadas para inyectar nuevos capitales a los patrimonios de las aseguradoras fue del 55.9%, un tanto mayor que por otros efectos, ya explicados, que son absolutamente validos en el fortalecimiento patrimonial.

La crisis financiera sectorial muestra que el deterioro es profundo y la brecha es creciente y constante, y que el Decreto 2702 de 2014 que en términos generales estableció siete años desde su exposición para corregir estas distorsiones, y que posteriormente lo amplió a 10 años, es un hecho real el alto déficit fiscal de las aseguradoras lo que atenta con su sostenibilidad financiera y viabilidad empresarial, trayendo dificultades para sus poblaciones de afiliados que deberán transitar permanentemente entre aseguradoras, que si bien pueden ser fuertes, acusan formas de selección adversa ante la población más siniestrada. Muchas aseguradoras serán liquidadas, absorbidas, fusionadas o transformadas bajo cualquier otra modalidad de finanzas corporativas, quedando reducida la oferta disponible, dejando quizás a las más fuertes financieramente, pero con una posición de mercado que ofrece múltiples lecturas económicas, es decir se decantará el sector por la vía de las descapitalizaciones ante las que muy pocas seguramente podrán responder.