Colombia necesita aclaraciones sobre censo 2018

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – anuncia a finales de febrero en su portal web que bajaron las cotizaciones de los tubérculos, que en enero de 2019, el ICTC presentó una variación mensual de 0,57%, en comparación con diciembre de 2018; nos cuenta también que en el cuarto trimestre de 2018 comparado con el cuarto trimestre de 2017, el precio de venta de la vivienda nueva presentó una variación anual de 8,11%, y que en diciembre de 2018, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 8,6% en relación a diciembre de 2017, sin embargo sobre los resultados finales del censo 2018, no aparece una sola línea.

La última información oficial registrada corresponde a la segunda entrega de resultados preliminares, y según el mismo DANE representa el 99,8% de cobertura geográfica. Fue suministrada en noviembre de 2018, lo que significa que tres meses después la entidad no ha podido concluir el conteo y consolidación de las cifras del 1,2% restante, o que por lo menos no lo ha divulgado, lo que ciertamente resulta preocupante ya que, como lo afirma la misma institución: “El Censo Nacional de Población y Vivienda le permite al país tener datos de primera mano sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. Información esencial para el desarrollo del país”.

Lo que ha despertado mayor preocupación entre analistas del sector salud, es que la demora en entregar las cifras finales, y la falta de sus análisis definitivos, generan muchas dudas porque por más esfuerzos que se hacen, ahora más que nunca, las cifras de la salud en el país, definitivamente no cuadran.

Fedesalud envío desde el 15 de noviembre del año anterior al Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, una comunicación donde planteaba una serie de inquietudes sobre el número real de colombianos, y la forma en que se gastan los recursos de la salud.

En su informe al Congreso de la República para el periodo 2014-2018, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó sobre cobertura de aseguramiento un total de afiliados en el año 2017 de 46´767.327 distribuidos así: 22´434.577 de personas en el régimen subsidiado, 22´045.454 en el contributivo, y 2´287.296 en los regímenes especiales y de excepción, lo que daría una cobertura del 94,9% frente a una población proyectada por el DANE en ese momento de 49´291.609 de colombianos. Con una diferencia mínima, los porcentajes de cobertura de aseguramiento resultantes de la Encuesta de Calidad de Vida de 2016 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2017, muestra una cobertura total de 95,4%.

La gran pregunta planteada por Fedesalud surge cuando se miran los resultados del censo 2018 que “arrojan, según el DANE, una población total de 45.5 millones de habitantes cifra proyectada con base en un avance de 44.2 millones de personas censadas, más 1.3 millones no censadas por ausencia o rechazo, para una cobertura total calculada del 99.8%. Quiere decir la anterior cobertura que no habrá variaciones significativas posibles en el resultado final (mayor del 0,2%, es decir aproximadamente 90.000 habitantes) en la población total de 45.5 millones”.

Y agrega en su análisis: “Este número de población total, como puede observarse, es inferior en más de un millón de personas a los 46.767.327 afiliados reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social en promedio del 2014 al 2017, hecho que requiere explicación. Adicionalmente, si se aplica a la cifra de población resultado final del CENSO (45.5 millones) el 95% de cobertura de la seguridad social en salud, que arrojan tanto las encuestas de hogares como los indicadores dados a conocer por el DNP, obtendríamos una población afiliada total de 43.225.000, es decir tres millones y medio de personas menos que las cifras de afiliación publicadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en promedio del 2014 al 2017” y añade: “Descontados los 2.287.296 afiliados de los regímenes de excepción, quedarían aproximadamente en los Regímenes Contributivo y Subsidiado 44.480.000 afiliados, según los reportes del Ministerio con base en la Base de Datos Única de Afiliados BDUA”.

Ya sea que se sume o se reste, para Fedesalud las cifras no cuadran. “Por otra parte, si se parte de la población censal y se aplica el porcentaje de cobertura del 95%, registrado tanto en la ECV 2017 como el indicador del DNP, se tendrían 43´225.000 asegurados en salud, y si de esta cifra se descuentan los afiliados de los regímenes exceptuados, quedarían 40.937.704 afiliadas en los Regímenes Contributivo y Subsidiado. La diferencia entre los afiliados a los dos regímenes del SGSSS, registrados en la BDUA, y los afiliados posibles, según las nuevas cifras de población del DANE con base en el CENSO 2018, es de 3.542.327 personas, personas que, dicho de otra forma, están en la BDUA pero no existirían según el censo de población”.

La discordancia en las cifras llevó a que Fedesalud invitara al ministerio a investigar las diferencias, puesto que: “cuando se habla de cobertura de la seguridad social se suponen Unidades de Capitación (UPC) reconocidas por el SGSSS, y pagadas por el FOSYGA inicialmente y ahora por el Adres, así como por los Fondos de los regímenes exceptuados”. Y como para obviar de antemano las explicaciones fáciles, agregó en su comunicación: “no quiere decir lo anterior que los tres millones y medio de personas registradas en la BDUA, por encima de la posibilidad censal, sean afiliaciones fraudulentas, pues ello supondría un gasto en salud injustificado superior a 2.5 billones anuales, en pesos del 2017”.

En un país acostumbrado a que se destapen cada día corrupciones en todos los sectores, esta podría ser la primera explicación que asalte las mentes, sin embargo, y sin que sean las explicaciones oficiales puesto que estas aún no existen, Fedesalud propone algunas posibilidades: “personas que estuvieron afiliadas a distintos regímenes, contributivo, subsidiado o regímenes exceptuados, en distintos meses de una misma vigencia, lo que se traduciría en unas cifras de cobertura inflada y no en un gasto injustificado. Sin embargo, posiblemente esta explicación, no llegue a descartar más que un 20% de los 3.5 millones de afiliados registrados en la BDUA por encima de las posibilidades poblacionales y quedarían por explicar más de 2.8 millones de afiliados”.

Otras posibilidades son afiliaciones simultáneas entre un régimen exceptuado y el régimen contributivo o subsidiado, lo que si significaría una doble erogación para el Estado. La permanencia de personas fallecidas en la BDUA, que según Fedesalud podría explicar hasta un 6% o 7% adicional de los 3.5 millones que se deben explicar, es decir unos 200 mil afiliados o aproximadamente un 0,5 del porcentaje total de afiliados; la duplicación de los afiliados al Régimen Contributivo, por cuanto ha sido costumbre en el Sistema que cuando un afiliado tiene ingresos como trabajador o pensionado y otros ingresos como independiente, las EPS lo obligan a realizar una nueva afiliación y no un pago adicional, como si se tratar de otra persona. En este caso se debería descartar tanto la duplicación del afiliado como la duplicación del pago. Otras “pequeñas causas” son personas que ahora residen en el exterior, el cambio de documento de identidad, pero que en ningún caso justificarían los dos millones de afiliados registrados en la BDUA aún sin explicación.

La otra opción también resulta preocupante: que el Censo está equivocado y no la BDUA, lo que significaría un grave problema para la nación y su gobernabilidad, además de que resultaría impresentable para un país recién aceptado como nuevo miembro de la OCDE.

El silencio del gobierno nacional frente a estos interrogantes ha despertado más dudas, ya que no se sabe si la falta de respuestas obedece a que no se tienen, o a que se están haciendo maniobras para cuadrar los números. Como concluye Fedesalud, el asunto no se trata simplemente de errores estadísticos previos al actual gobierno, con lo que el retrovisor no aplica. Por el contrario, el tema podría girar en torno a la drástica reducción de la cifra de población total del país explicada por la gran reducción de la natalidad en los últimos 20 años, y las diferencias en las cifras de aseguramiento del Ministerio frente a las del DANE, tiene graves implicaciones sobre los recursos públicos para la salud, además de no aportar a la transparencia en la información pública.