“Presente y futuro del Sistema de Salud colombiano a 25 años de la Ley 100”: una revisión necesaria

El pasado 21 de febrero se llevó a cabo en Medellín el foro “Presente y futuro del Sistema de Salud colombiano a 25 años de la Ley 100”, organizado por la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano, con el apoyo del Observatorio de la Salud de la Personería de Medellín, y la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia – AESA -. La actividad se dividió en dos importantes momentos, en primera instancia contó con un grupo de expertos académicos, quienes conocedores a fondo del sistema de salud y de la Ley 100, realizaron un balance de estos 25 años de la ley. En la segunda parte estuvieron presentes líderes del sector salud que hablaron acerca de las perspectivas del sistema y la visión a mediano plazo para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.

Tres preguntas fundamentales fueron la ruta para el primer momento del foro ¿Cuáles eran los resultados favorables y desfavorables que ha tenido del SGSSS?, explicar de acuerdo a las prioridades y recomendaciones de cada experto académico, ¿Qué se debe incluir en la agenda política a corto plazo para la transformación positiva del SGSSS?, y por último, cómo implementar esas recomendaciones.

La doctora Gloria Molina, investigadora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, señaló como en este lapso se han deteriorado las condiciones laborales del personal vinculado a los programas de salud pública, a la vez que el acceso continúa siendo limitado por parte de la población a estos programas, ya sea debido a barreras que no solo son geográficas, sociales, económicas, sino también impuestas por las EPS, IPS, profesionales de salud y los mismos usuarios: “aunque ha aumentado la cobertura, el aseguramiento no ha garantizado un acceso efectivo a los servicios”, según la investigadora.

Por su parte el doctor Mario Hernández, Director del doctorado de Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, los aspectos favorables de la Ley 100 según el Ministerio de Salud y Protección Social son que la cobertura alcanza 46,5 millones de colombianos afiliados, la disminución del gasto de bolsillo al 15,9 %, el plan de beneficios igual para los regímenes, además de que 4 de los 12,6 puntos porcentuales de disminución de la pobreza entre 2010 y 2016 son atribuibles a la salud. Sin embargo, también mencionó los aspectos desfavorables desde el punto de vista de los usuarios, como la persistencia de barreras en el acceso a los servicios, las inequidades por régimen de afiliación, el debilitamiento progresivo de la rectoría territorial y de la salud pública, las deudas entre fondos y agentes, y por último, los pagos exorbitantes a la industria farmacéutica y tecnológica.

Para el doctor Mario Hernández se debe llevar a cabo un debate público sobre las causas de los problemas del sistema, e incluirlo en la agenda política, además de retomar la discusión sobre las implicaciones de la Ley Estatutaria en Salud con el fin de llegar a través de ajustes financieros y de incentivos, a un nuevo pacto social y político.

Por su parte, en su intervención el doctor Jaime Urrego, docente de la Universidad Nacional de Colombia, señaló la dificultad sobre decir que “es bueno y que es malo de la Ley 100, porque estamos frente a un tema de paradigmas y enfoques”, pero reconoció la importancia haber generado conciencia sobre la salud como un derecho humano, autónomo y fundamental. El doctor Urrego resaltó que subsiste una gran desigualdad e inequidad entre los afiliados al sistema e incluso indicadores muy sensibles con malos resultados como la morbilidad en niños.

El doctor José Pablo Velásquez de la Facultad Nacional de Salud Pública de la U de A, lamentó que los resultados de las diferentes investigaciones realizadas en el país durante estos años en torno a la salud pública, por ejemplo, si bien han servido para generar cuestionamientos y recomendaciones al sistema, el estado las ve con escepticismo; no obstante, aunque en algunos casos el Ministerio de Salud, de manera muy lenta, ha ido incorporando algunas de estas sugerencias.

Para el doctor Velásquez una serie de conclusiones que se desprenden de las diferentes investigaciones muestran que el problema del sistema es estructural: que subsiste una brecha creciente de la inequidad en salud; se impone y predomina en el SGSSS una lógica de gestión con base en el mercado por sobre la salud como derecho fundamental; se ha dado un marchitamiento del sentido de lo público con su reflejo en la institucionalidad: se presentan fallas en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud; hay un languidecimiento de los programas de control epidemiológico así como deficiencias y barreras de acceso para atender pacientes con VIH-TBR-ERC, además de fallas evidentes en el sistema de información, entre otros problemas.

Con relación a qué se debería incluir en la agenda política, Velásquez expresa la necesidad de “que el derecho fundamental de la salud en Colombia sea un derecho que se goce de manera real y efectiva, que se elimine la intermediación financiera y que haya universalidad y equidad en un sistema de salud único en el país”.

El último experto académico en intervenir en el foro, fue el presidente de Fedesalud, doctor Félix Martínez; quien hizo énfasis en el recorrido y proceso de “la curiosa” privatización del sistema de salud en Colombia y la reforma de la seguridad social dada con la Ley 100, y que terminó convirtiéndose en el actual sistema colombiano, al cual cataloga como ‘sui generis’.

Para el doctor Martínez, el modelo de salud creado con la Ley 100 llevó a un mercado auspiciado por el estado y, precisamente de esta creación, es de donde se derivan los grandes problemas y contradicciones que han conducido al sistema a una crisis permanente.

Siguiendo esta misma línea, Félix Martínez, habló sobre los resultados de la reforma, en la que con el régimen subsidiado y contributivo se ha agudizado la desigualdad e inequidad, con situaciones nefastas como la interrupción de afiliaciones a causa del incremento de cobertura, las barreras de acceso a la prestación de servicios, E incluso la negación de servicios, entre otros fenómenos inadmisibles.

Ante la pregunta ¿es necesaria una reforma en el sistema de salud, después de 25 años de la Ley 100?, Martínez afirma que: “lo obvio es una reforma bastante estructural, pero el problema es que esta está condicionada por un poder político que tiene una forma de entender las cosas y se beneficia de que las cosas estén así de mal; ahora el sistema es criticado internacionalmente por un manejo político muy conservador y por tener una economía que no responde más que a ciertos intereses particulares”.

Otro tema en el que se hizo énfasis fue en las complicaciones del acceso de la salud que tienen las comunidades rurales, indígenas y dispersas en nuestro país. Frente a esto los panelistas llegaron a la conclusión de que a corto plazo la solución es que la administración y el estado tome cartas en el asunto, para poder prestar los servicios en estos territorios, centrando la atención en las condiciones de salud de las personas y no en las dificultades administrativas y financieras que puedan traer la atención a estas poblaciones.

Para finalizar, el foro dejó varios puntos claves para resaltar, uno de ellos es que los colombianos asuman que la salud es un derecho, es un bien común, algo que no se comercializa, ni se compra, ni se vende; también la necesidad de transformar una cultura política que la Ley 100 ha propuesto con un consumismo extremo y una insolidaridad absoluta.