Un problema sanitario de la magnitud de una pandemia como la ocasionada por el SARSCov-2 exige una respuesta institucional fuerte y coordinada entre por lo menos dos actores fundamentales en todo sistema de salud, el estado como garante de las políticas públicas, gestor de medidas de choque y defensor de los ciudadanos, y los prestadores de servicios de atención en salud como instituciones con la capacidad técnico científica y el talento humano calificado para atender las especificidades sanitarias de una emergencia de este tipo.

Si bien la frase se ha convertido en lugar común, ningún sistema de salud en el planeta estaba lo suficientemente preparado para atender de manera rápida y sin traumatismos lo que ha representado la expansión del Covid-19. Sin embargo en Colombia para los prestadores el asunto ha sido mucho más complicado debido a la crisis financiera en la que han estado sumidos desde hace años generada por una cartera cercana a los 20 billones de pesos, lo que de entrada se convierte en una debilidad estructural.

Lo más grave del asunto es que a pesar del convencimiento nacional de la necesidad de fortalecer a los prestadores para enfrentar los efectos de la pandemia, los análisis se han quedado en cuantificar las necesidades de camas de cuidados intensivos, pero los hospitales son mucho más que camas de UCI, son un todo, laboratorios, áreas de urgencias, profesionales, entre otros elementos, y por la estructura del sistema está sucediendo lo contrario, la crisis hospitalaria se agudiza más rápido que la sanitaria.

Según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, los recursos anunciados por el gobierno no han llegado a los hospitales públicos del país, como lo señala Olga Lucia Zuluaga: “pese a los alentadores anuncios sobre un desembolso de 5 billones de pesos para cubrir las deudas que se tienen con los hospitales del país y así preparase para afrontar la emergencia sanitaria del Covid-19, hasta el momento, no se ha desembolsado un solo peso y la situación de los centros hospitalarios cada día es más grave”.

Asimismo la dirigente hizo un llamado para evitar confusiones entre la sociedad y es que además de que los recursos no han llegado hasta los hospitales, acá tampoco se está hablando de dineros que sean frescos para el sistema “se han anunciado 5 billones de pesos, y estos provienen de tres fuentes, la primera son los acuerdos de pago de punto final, luego compra de cartera y el recurso corriente, que es tradicionalmente le gira mes a mes el gobierno a las EPS, pero que no recursos son adicionales”.

Y es que además de que ha faltado fluidez en los recursos anunciados, Luis Alberto Martínez director ejecutivo de AESA denuncia que por contrario las EPS aún no incrementan las tarifas este año, lo que significa que están recibiendo mayores ingresos por una UPC que se incrementó en promedio en 5.36 % pero siguen pagando con las tarifas del año anterior. “Le preguntamos abiertamente y por enésima vez al gobierno nacional y a la Superintendencia Nacional de salud si las EPS están exentas de cumplir con la normatividad, porque el decreto 1464 del 2012 ordena que cada que se aumente la UPC dicho aumento se traslade a los contratos de prestación de servicios, cosa que reitera y define la circular 044 de diciembre de 2019”.

A la falta de reajuste, Luis Alberto Martínez llama la atención sobre otro fenómeno que se viene presentando y que llena de más preocupación aún los hospitales: “muchos hospitales públicos y privados han bajado la prestación de servicios. Lo que equivale a sus ventas, y por ende los ingresos corrientes, entonces además de una enorme cartera por cancelar por EPS del contributivo y subsidiado y de EPS liquidadas, o en ese proceso, ahora no llegan los anunciados recursos por las vías que se crearon y adicionalmente estos disminuyen como efecto de una menor venta de servicios. Hoy en promedio un hospital está trabajando en alrededor del 30 o 40 % de su capacidad instalada, sin embargo los costos fijos siguen ahí, necesitamos pagar las nóminas, los servicios públicos, comprar los medicamentos, y prepararnos para atender la pandemia”.

El doctor Julio Alberto Rincón de Cosesam, corporación que reúne a los secretarios de salud municipales, coincide en los análisis y señala que la atención de pacientes por demandas de servicios diferentes al Covid-19 ha disminuido por temor, lo que califica de preocupante, “no está acudiendo oportunamente y lo hacen cuando sus problemas urgentes o crónicos ya se han complicado. Poner a todos a trabajar en modo Covid ocasionará muertes por otras causas que pueden ser evitables”.

Para el doctor Rincón la pandemia llegó cuando no se tenía ni la infraestructura necesaria, ni la organización requerida, y propone desarrollar estrategias para promover la consulta oportuna por parte de los ciudadanos en caso de urgencias y complicaciones de sus enfermedades crónicas, y que sus medicamentos les sean entregados en su domicilio; se debe ir más allá de la tele consulta, la cual se puede constituir en una barrera a gran parte de nuestra población, en especial para los adultos mayores”.

Frente a la disminución de los ingresos corrientes a los hospitales Cosesam le propuso al gobierno nacional que se obligue a las EPS, durante el tiempo de la pandemia, a reconocer un monto de la facturación promedio de las IPS. Evitando así que el valor de la prima, que se sigue pagando por la Adres a las EPS, termine quedando en la caja de estas entidades, mientras que las IPS siguen abiertas atendiendo la pandemia sin poder realizar sus actividades corrientes por lo que no están facturando. Con este monto se busca que se mantengan abiertas durante la pandemia y que tampoco sean despedidos sus trabajadores.

Socializan pérdidas y privatizan ganancias

La situación ha comenzado a ser mirada desde el Congreso de la República, el representante a la cámara por el Valle del Cauca, Fabio Fernando Arroyave, cuestionó el papel que vienen desempeñando las EPS y las equiparó a lo que viene sucediendo con la banca nacional. “Respecto a las EPS, el Ministerio de Salud giró recursos importantes para que se pongan al día con la red hospitalaria pública y privada. Pero, como era de esperarse y conociendo su historia, los recursos girados nunca llegaron a los hospitales. Esto ha generado que el flujo de caja sea insuficiente para prepararse y atender a los contagiados por la Covid-19. Por esta razón muchos trabajadores de la salud no tienen las herramientas suficientes para realizar efectivamente su labor, entre otras necesidades, que no pueden resolver”.

Para muchos, con la declaratoria de emergencia y la pandemia, las EPS se ganaron la lotería, por un lado el decreto 538 le entregó a los centros de regulación de urgencias y emergencias el manejo centralizado de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), de esta forma la gestión de la atención dejó de ser responsabilidad de las aseguradoras, se eliminó, afortunadamente, el trámite de las autorizaciones, pero además se destinaron desde el ministerio de hacienda recursos que la Adres pagará directamente a las IPS por cada paciente Covid-19 que atiendan, de esta forma se baja otra responsabilidad financiera de las EPS. Si a esto se suma la disminución de las atenciones tradicionales, las obligaciones que vienen asumiendo son realmente pocas, y si se le suma que lo que pagan lo hacen a tarifas del año pasado, definitivamente su papel ante la pandemia, es menos que poco.