Efecto de la reforma en los costos de la salud

Un especial fenómeno se observa actualmente en los mercados de la salud, este desde el modelo empírico pudiese atribuirse al anuncio de la propuesta a la reforma de la salud en Colombia, la cual ha evidenciado un decrecimiento en los costos de transacción de bienes y servicios de la salud, lo que está correlacionado con la contracción de los mercados dado por la desaceleración económica global.

Frente al panorama, los aseguradores han procurado mejorar los indicadores de permanencia, lo mismo que de solvencia financiera. En el caso de prestadores y demás actores de la industria ha sido importante lograr una mayor optimización, eficiencia y redefiniciones internas de operación a fin de encarar esta nueva dinámica, la cual no se tenía prevista a corto plazo y que hoy aparece como una alteración a la ortodoxia del funcionamiento.

Y, es que, con solo la intención y posterior presentación de la propuesta de reforma, y lo que se conoce hasta el momento, en la que se proyecta la extinción de las EPS como aseguradoras en salud, en su función de intermediarias, se visualiza una tendencia a tranzar, negociar y acordar unos precios y tarifas de los servicios de salud que estarían por debajo de lo esperado por prestadores, ello en atención a la disminución de la siniestralidad, la cual viene en fuerte espiral de crecimiento, ejerciendo de facto una especie de autorregulación, gestión y autocontrol, con relación al fenómeno inflacionario, el aumento de los costos en salud, las características demográficas y en especial, a la fuerte presión tecnológica que es el gran inductor del aumento de los costos en salud y al envejecimiento de la población.

Esta situación ha obligado a las EPS a gestionar y negociar, puesto que se ha presentado restricción en gran parte de la UPC recibida por el mecanismo de compensación y liquidación mensual de afiliados (régimen subsidiado), con el propósito de contener el costo de producción de servicios de salud, o lo que es lo mismo, de la siniestralidad, todo con el fin de hacer viable financieramente la operación y con esto, garantizar una mejor calificación y evaluación de impactos y riesgos financieros por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Vale destacar que tener buenos indicadores en salud, dado el menor gasto en salud y un control de riesgos financieros, da paso a tener un mejor panorama en el marco de la viabilidad empresarial y en la solución de continuidad del esquema de operación del negocio. Pero, tal comportamiento en las EPS tiene severo impacto en los prestadores, que también internamente deberán obtener mayores niveles de eficiencia técnica, presupuestal en la operación y gestión clínica. Además, deberán hacer mayores esfuerzos para contribuir en la mejora continua, lo que presupone de la disminución de costos y gastos, empezando por los de talento humano, seguido de tecnologías en salud y ayudas diagnósticas, al igual que todas aquellas actividades de soporte, de logísticas y suministros e infraestructura, con un marco fuerte de cumplimiento de estándares y la habilitación de unidades funcionales.

Como si lo anterior fuera poco, en la nueva propuesta se incluyen además los administrativos-comerciales, con esquemas de negociación agresiva con el objetivo de disminuir las estructuras económicas y poder enfrentar al mercado. Vale destacar que cada vez este mercado es más competitivo y exigente, lo que se potencia por la presión externa con nuevos actores e inversionistas con esquemas de finanzas corporativas (alto apalancamiento financiero, desarrollo tecnológico e integración), todo esto agrega una alta dosis de incertidumbre para algunas organizaciones que no disponen de las capacidades, recursos y orientaciones estratégicas y gerenciales para enfrentar los retos externos, en un entorno cambiante, agresivo y disruptivo.

Este efecto se entremezcla en el imbricado mercado del aseguramiento, donde las formas de contratación y acuerdos de voluntades no corresponden a una misma vigencia fiscal (de enero a diciembre), sino a períodos intermedios de año (junio, año anterior- mayo, año siguiente). Esto, entonces, demuestra un período altamente inflacionario donde las previsiones iniciales de contratación suponían un espacio macroeconómico diferente, es decir, el hecho de estar en un año con altos costos de transacción, genera un descalce considerable para prestadores y demás agentes dependientes de la cadena de valor sectorial.

Además de lo expuesto, debe considerarse que con la expedición del Decreto 2644 de 2022, que modifica la base de incremento para accidente de tránsito y mercado de pólizas, ya no en función de salarios mínimos mensuales vigentes, sino en función del incremento de la Unidad de Valor Tributario que aumentó en 11,60 % y no en 16,23 % como debió realizarse según el SMMLV, deriva en un menor valor efectivo recibido por prestadores. Es decir, se incrementan los precios de los bienes y servicios, algunos atados a la inflación y otros expresados en salarios mínimos mensuales y en variadas formas de ordenaciones como el Índice de Precios de Alimentos (IPA) para el cálculo de los servicios de alimentación hospitalaria, que registró incrementos desbordados.

Como se observa, la ministra Corcho logró con su sola propuesta de reforma una expresión real de precios y tarifas del mercado a manera de regulación como política pública, que ni siquiera las fuerzas internas del mercado lograron por muchos años. La propuesta está pensada en alcanzar criterios de racionalidad, al igual que del cuerpo legislativo y demás instancias gubernamentales y de control, por lo que tal decantación y desaceleración sectorial supone nuevas formas de operación, relacionamiento y estructuras económicas que están para la revisión de cada organización.