Alejandro Gaviria, exministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, conocido por sus críticas a la propuesta de reforma en salud, plasmó en su último libro, La Explosión Controlada, reflexiones que hoy retoman relevancia. En este contexto, la frase “Uno no le dice que no a un presidente en su primer año en su reforma bandera” resuena con fuerza, señalando una posible revitalización de esta premisa en momentos inesperados para algunos, pero previsibles para otros.

Gaviria, con una conclusión aún más enfática en años anteriores, consideró que la reforma a la seguridad social en salud fue la política pública más relevante del siglo XX. Describió un sistema de salud pasado como público, con baja afiliación (cerca del 21 %), escasos recursos, gasto en salud inferior al 50 % del actual 8 % del PIB, y problemas estructurales como centralización, burocratización, débil desarrollo de hospitales públicos, falta de controles y sin incentivos para la participación del sector privado.

Estas afirmaciones toman protagonismo en medio del actual debate sobre la reforma a la salud en Colombia, que se encuentra en el tercer debate en la comisión séptima del Senado de la República. El panorama se vuelve más complejo y tenso, especialmente al considerar la postura pragmática de la EPS SURA, que se suma al proceso con la intención de participar en el nuevo sistema de salud.

Este movimiento estratégico de EPS SURA, y su potencial impacto en términos legislativos, económicos y estructurales, abre un abanico de interpretaciones. Su posición se convierte en un elemento crucial en el juego de acomodación con otros holdings, piezas fundamentales en la actividad económica actual.

Las tensiones entre quienes abogan por una transformación estructural, hacia un sistema de aseguramiento financiado con recursos de oferta, y aquellos que defienden un modelo mixto con ajustes, se intensifican. Mientras algunos proponen enfoques como la medicina preventiva y predictiva, otros abogan por mantener las aseguradoras en salud como gestoras del riesgo con mayores controles.

La necesidad de una reforma para mejorar la sostenibilidad, el flujo de recursos y la fragmentación en los territorios es reconocida, aunque hay discrepancias sobre la importancia de un enfoque de Atención Primaria en Salud. Mientras algunos consideran suficiente reglamentar leyes existentes, otros abogan por una nueva ley de reforma.

La crítica y oposición a la reforma actual se centran en la resolución de la crisis financiera actual, destacando deudas millonarias de las EPS con la red de prestadores. La decisión trascendental de EPS SURA de contribuir al nuevo sistema de salud, a pesar de sus propios desafíos financieros, se presenta como una opción de operación y supervivencia. La noticia también revitaliza las discusiones legislativas, siendo un llamado para que otras aseguradoras consideren medidas similares.

Para el Gobierno nacional, la decisión de EPS SURA representa un respaldo significativo que podría facilitar la aprobación de la reforma en la comisión séptima del Senado. Aunque el paso en plenaria se presenta desafiante, para el Gobierno esta reforma es prioritaria y requiere todas las herramientas disponibles, incluyendo consensos y socialización.

La posición de EPS SURA podría influir en otras EPS, como Nueva EPS y aquellas actualmente intervenidas, configurando un esquema que abarca casi la mitad de los asegurados en Colombia. Este respaldo empresarial se convierte en un elemento vital para la viabilidad de la reforma, dada la creciente inestabilidad financiera de los prestadores, afectando directamente a los usuarios de servicios de salud.

En conclusión, la decisión estratégica de EPS SURA marca un nuevo enfoque en el juego legislativo y empresarial, abriendo posibilidades para reformas adicionales. Aunque el camino hacia la aprobación legislativa aún es incierto, la posición de EPS SURA podría desencadenar cambios fundamentales en el sector y allanar el camino para otras iniciativas legislativas y movimientos empresariales en el futuro.