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El Proyecto de Ley No. 216 de 2023, acumulado con los Proyectos de Ley No. 340, 341 y 344 de 2023, ha generado un intenso debate en el Senado colombiano. Conocido como “Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, este proyecto busca una reforma integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el objetivo primordial de garantizar el derecho fundamental a la salud para todos los ciudadanos colombianos.
El informe de ponencia para el tercer debate destaca que la propuesta pretende convertir el actual sistema en uno basado en el aseguramiento social en salud. La atención primaria se presenta como el pilar fundamental de este nuevo modelo, buscando una atención más eficiente y centrada en las necesidades de los pacientes.
Además de redefinir el enfoque de atención, la ley propone una reestructuración completa de las instancias de gobernanza y rectoría del sistema, adoptando un enfoque territorial que permita una gestión más cercana a las comunidades. Asimismo, se plantea la articulación de las instituciones prestadoras de servicios de salud para mejorar la coordinación y eficiencia del sistema.
Una de las reformas más significativas se centra en la reorganización de los recursos financieros, estableciendo destinos y usos específicos para asegurar una distribución equitativa y eficaz. Se propone la creación de un sistema público unificado e interoperable de información, con el fin de mejorar la gestión y coordinación de los servicios de salud.
La participación social y comunitaria, así como la inspección, vigilancia y control, se fortalecerán según lo dispuesto en la nueva ley. Además, se establecen criterios claros para el desarrollo de políticas en ciencia, tecnología e innovación, así como para la formación y condiciones de trabajo digno del personal de salud.
En un ambiente tenso, pero necesario, se llevó a cabo la segunda audiencia sobre la reforma de salud en la Institución Universitaria Bellas Artes de Cali. Los congresistas, delegados del gobierno y diversos representantes de la sociedad expresaron sus puntos de vista sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
La audiencia contó con la participación de prominentes figuras, entre ellas la honorable senadora Norma Hurtado, el honorable representante Alejandro Ocampo, y la honorable representante Gloria Arizabaleta. Además, estuvieron presentes delegados del gobierno, destacándose Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y Luis Carlos Leal, superintendente de Salud.
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, destacó que ciertas intencionalidades políticas han llevado al colapso del sistema de salud en el Valle del Cauca. Hizo un llamado para tomar medidas y centrarse en aspectos cruciales para superar la crisis. “Debemos actuar con prontitud y atención en lo verdaderamente importante para salvar nuestro sistema de salud”.
Mientras tanto, Iván Darío González, ex viceministro de Salud, mostró preocupación por la entrega de afiliados a la nueva EPS y abogó por un fondo de salvamento para garantizar el pago de deudas en caso de quiebra. También destacó la necesidad de fortalecer el Invima y la industria farmacéutica.
Diego Fernando Gil, director ejecutivo de Enfermedades Huérfanas, expresó inquietud por la falta de un diseño claro en la ruta de atención para pacientes con enfermedades huérfanas. Pidió claridad sobre quién asumirá sus tratamientos y medicamentos.
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, abogó por construir sobre lo existente y no iniciar desde cero, reconociendo la contribución de las EPS en los últimos treinta años al sistema de salud colombiano. “No podemos permitir que lo construido deje de funcionar”.
A su vez, Denis Silva, vocero de Pacientes en Colombia, enfatizó la necesidad de un giro directo para garantizar recursos a los hospitales. Sin embargo, cuestionó la falta de claridad sobre la fuente de estos recursos.
De otro lado, Carmen Eugenia Dávila, de Gestarsalud, señaló la importancia de no perder los derechos individuales en la reforma. Destacó la necesidad de un agenciamiento adecuado, un plan de beneficios y una proyección financiera.
En cuanto a German Arana, gerente de IPS Domiciliaria, cuestionó la falta de protección de los derechos humanos en la reforma y expresó dudas sobre la capacidad de las nuevas entidades para gestionar los recursos.
Emma Vélez Toro, veedora pública en Salud, destacó la necesidad de transparencia y honestidad para garantizar el derecho a la salud. Criticó la falta de humanización y respeto en la atención a los pacientes.
En contraste, Maria Clara Escobar, presidenta ejecutiva de Laboratorios Farmacéuticos AFRIDO, defendió las EPS, destacando su contribución a la innovación del sistema. Criticó la afirmación del presidente sobre la falta de soberanía sanitaria y expresó el deseo de participar en la política de medicamentos.
Mientras que Gloria Quiceno, presidenta de Usuarios de Sanitas, percibió la reforma como una “bomba atómica” que destruirá lo construido. Cuestionó la falta de escucha del gobierno y se opuso a negociar con las EPS.”No estamos de acuerdo con sentarnos a negociar con las EPS. Queremos ser escuchados”.
A lo que Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, hizo hincapié en que el gobierno ha escuchado a los usuarios y pasó la palabra al viceministro Urrego para aclarar algunos puntos. Además, explicó cómo el gobierno identificó que las EPS no cumplen con los requisitos actuales. “La crisis no es culpa del gobierno; estamos aquí para solucionarla”.
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