La disponibilidad oportuna de medicamentos es un elemento esencial del derecho a la salud. No obstante, en Colombia, la crisis de escasez ha llegado a grados significativos, impactando a miles de pacientes que requieren tratamientos vitales para manejar sus enfermedades. Por eso, hoy hacemos un llamado a todos los actores del sistema para que prioricemos la solución a esta problemática, que no solo pone en riesgo la calidad de vida de los colombianos, sino que también amenaza la estabilidad de la atención hospitalaria.

El problema no solo radica en la producción de los medicamentos, sino, también, en el aspecto financiero, agudizando aún más la coyuntura que atraviesan los hospitales y clínicas. Es importante aquí señalar las dificultades para pagar a los laboratorios y garantizar el suministro de fármacos. Esta situación ha obligado a los pacientes a recurrir a farmacias privadas y asumir costos muchas veces inalcanzables.

Frente a la problemática, la preocupación es mayor al analizar las incoherencias que hay en los discursos de fuentes oficiales; el Gobierno dice que ha cumplido con la entrega de recursos a las EPS y que estas, a su vez, han pagado a los gestores farmacéuticos para garantizar la dispensación de medicamentos. No obstante, la situación es bastante diferente: en los lugares de atención, los enfermos todavía se topan con obstáculos y procesos largos para obtener sus tratamientos. Esto muestra una falta de conexión entre el gobierno y la realidad que enfrentan a diario quienes requieren sus medicamentos para vivir.

Si el dinero ha sido girado, como insisten, ¿dónde están los medicamentos? ¿Por qué las farmacias siguen sin entregar los tratamientos? ¿Quién se está quedando con los recursos destinados a la salud? Estas son las preguntas clave que deberían estar en el centro del debate, en lugar de la retórica política que desvía la atención del problema real: un sistema fragmentado, endeudado y con un modelo financiero que no garantiza la sostenibilidad del acceso a los medicamentos.

A ello se suma que la intervención de las EPS, lejos de solucionar la crisis, parece haberla profundizado. La reforma a la salud, que el Gobierno presentó como una solución estructural, sigue sin ser aprobada, y los pacientes no pueden esperar a que el Congreso resuelva el dilema legislativo para recibir los medicamentos que necesitan hoy.

Se requiere mayor capcidad en la gestión de recursos de las EPS, mecanismos más eficientes para el giro de pagos a los proveedores de medicamentos y una revisión profunda de los modelos de contratación con los gestores farmacéuticos.

Hoy, reiteramos la importancia de asumir y conservar el compromiso con la atención humanizada y la garantía del derecho a la salud. No podemos permitir que el acceso a los medicamentos dependa de la capacidad de pago de los pacientes o de la estabilidad financiera de las EPS.

El desabastecimiento de medicamentos no es un problema nuevo, pero su agravamiento demuestra que las soluciones hasta ahora han sido insuficientes.