Colombia enfrenta una crisis en el acceso a medicamentos por problemas en los Presupuestos Máximos, los atrasos en los giros de la ADRES y la falta de claridad en la responsabilidad de las EPS. Estos factores han causado tensión en el sistema de salud, especialmente si el medicamento se suministra a altos costos y son esenciales para pacientes con enfermedades crónicas. El Presupuesto Máximo, establecido como mecanismo para controlar el costo de los medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (sin PBS), se ha convertido en una de las principales deficiencias y las causas del acceso a la barrera. Aunque estos recursos tienen que garantizar un tratamiento de alto costo, diferentes unidades del sector han condenado que los montos asignados no son suficientes para satisfacer la demanda real.

De acuerdo con Clara Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), “la falta de ajuste en los Presupuestos Máximos ha generado un cuello de botella financiero, afectando directamente la disponibilidad de medicamentos de alto costo para los pacientes”. Además, señala que el sistema actual no responde de manera ágil a las necesidades de los usuarios, lo que profundiza el riesgo de desabastecimiento.

Según Diana Gil, presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología, muchos pacientes con enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica no están recibiendo los medicamentos que requieren en las farmacias dispensadoras, “a pesar de contar con las órdenes médicas correspondientes”.

Esta problemática afecta tanto a medicamentos importados como a los producidos localmente, lo que tiene un impacto significativo en la salud y las finanzas de los pacientes. Al acudir a las farmacias, explicó la doctora Gil, los pacientes suelen recibir respuestas como “no hay abastecimiento” o “no tenemos el medicamento”, lo que pone en riesgo la estabilidad de sus condiciones de salud y representa un desafío para el sistema sanitario.

El problema tiene un alcance nacional y no se limita a una región específica. De acuerdo con la presidenta de la asociación, la falta de medicamentos se presenta en ciudades como Bogotá y Medellín, así como en regiones como la costa Caribe, el Eje Cafetero y Nariño.

Aunque el desabastecimiento de medicamentos importados es un fenómeno conocido, la doctora Gil advirtió que los medicamentos producidos en el país, conocidos como “sintéticos”, también enfrentan dificultades de suministro. Las empresas nacionales reportan problemas para garantizar la producción y distribución, lo que evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento en Colombia.

Además de los riesgos para la salud, la falta de medicamentos está generando un impacto económico considerable en los pacientes. Según explicó la doctora Gil, muchos de los medicamentos que no se entregan a través de las farmacias deben ser adquiridos de manera particular, lo que representa un gasto adicional difícil de asumir para algunos pacientes. “El gasto del bolsillo propio en medicamentos se ha aumentado mucho”, afirmó la especialista, destacando que esta carga financiera afecta principalmente a quienes tienen recursos limitados.

Atrasos de la ADRES: un problema estructural

Otro factor que afecta el acceso a los medicamentos es la demora en los giros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Los retrasos en los pagos a las EPS y a los gestores farmacéuticos han generado una interrupción en la cadena de suministro, lo que impacta directamente a los pacientes.

Según Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho Colombia (FEDe. Colombia), “el retraso en los giros afecta la estabilidad financiera de las EPS y, en última instancia, la disponibilidad de medicamentos esenciales para los pacientes”.

Financiamiento de la UPC y la responsabilidad de las EPS

El desfinanciamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), principal fuente de recursos para la atención en salud, es otro de los problemas críticos. Las EPS han señalado que el cálculo de la UPC no refleja los costos reales de los tratamientos, especialmente los de alto costo, lo que ha generado déficits financieros y dificultades para garantizar la continuidad de los tratamientos.

“Las EPS tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a los medicamentos, pero no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de las necesidades de los pacientes”, afirma Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Internacionales (Afidro). Este desajuste financiero, combinado con los atrasos en los giros de la ADRES, ha generado una crisis que pone en riesgo la salud de los pacientes más vulnerables.

A pesar de los esfuerzos regulatorios, la combinación de Presupuestos Máximos insuficientes, retrasos en los giros y la falta de un modelo financiero adecuado ha creado un entorno de incertidumbre para los pacientes. Organizaciones como FEDe. Colombia proponen soluciones como la creación de un comité de verificación que incluya a la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil para supervisar la correcta ejecución de los recursos.

¿Las nuevas normativas ayudan al acceso?

El gobierno implemetó nuevas normativas en el sector farmacéutico entre 2024 y marzo de 2025, con el objetivo de regular los precios y controlar la comercialización de medicamentos.

En marzo de 2024, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos emitió la Circular 18 de 2024, estableciendo un régimen de control directo de precios para los medicamentos en el país. La norma abarca a todas las entidades de la cadena de suministro, incluyendo transacciones primarias y secundarias en entornos institucionales y comerciales. Entre los principales aspectos de esta regulación se destacan la definición de países de referencia para fijar precios competitivos y la especificación de márgenes de comercialización permitidos para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), con el fin de evitar aumentos excesivos en el costo de los medicamentos.

Posteriormente, en junio de 2024, el Ministerio de Salud expidió la Circular 19 de 2024, que sustituyó a la Circular 13 de 2022. Esta medida amplió la regulación a 647 medicamentos adicionales, estableciendo precios máximos de venta y adoptando una metodología de actualización basada en la tasa de cambio diaria nominal publicada por el Banco de la República. Según el Ministerio de Salud, “estas regulaciones buscan establecer un marco más preciso para la fijación de precios de medicamentos en Colombia, con el propósito de evitar sobrecostos y garantizar el acceso equitativo a tratamientos esenciales”. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de su correcta implementación y de la capacidad de las autoridades para supervisar su cumplimiento.