Crisis financiera de la salud en Antioquia

Por: Andrea Ochoa Restrepo

elpulso@sanvicentefundacion.com

La crisis financiera en el sistema de salud de Antioquia se ha intensificado debido a una deuda acumulada de más de 3.8 billones (2.3 del sector privado y 1.5 del público), lo que llevó a clinicas y hospitales del departamento a alertar sobre el impacto de esta situación en su funcionamiento.

Según señalaron las instituciones privadas, la falta de recursos compromete la sostenibilidad de los servicios médicos, especialmente aquellos de alta complejidad, afecta la infraestructura hospitalaria y genera incertidumbre entre el personal de salud, lo que podría repercutir en la calidad de la atención a los pacientes.

Los centros médicos que emitieron la advertencia son la Clínica Cardio VID, la Clínica CES, la Clínica del Norte, la Clínica del Prado, la Clínica El Rosario, la Clínica Emmsa, la Clínica Las Vegas, la Clínica Medellín, la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, la Clínica Soma, la Clínica Somer, la Clínica Universitaria Bolivariana, la Clínica Vida, el Hospital Alma Máter, el Hospital General de Medellín, el Hospital Pablo Tobón Uribe, los Hospitales San Vicente Fundación de Medellín y Rionegro, y el Instituto Neurológico de Colombia.

Las clínicas y hospitales afectados explicaron que “el crecimiento de la cartera y la disminución del recaudo en los primeros dos meses del año compromete la prestación de servicios vitales, la estabilidad de su capacidad instalada, el bienestar del talento humano en salud y su misión de brindar una atención oportuna y de calidad a la población”.

Con una infraestructura que comprende 4.486 camas, estos centros de salud representan una parte significativa de la capacidad hospitalaria en Antioquia. De ese total, 640 camas están destinadas a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que equivale al 72 % de las UCI del departamento, mientras que 422 corresponden a Unidades de Cuidados Especiales (UCE), cubriendo el 68 % de la capacidad en la región.

Los hospitales han atribuido la deuda a las EPS, algunas de las cuales están bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud o han sido intervenidas. También mencionan que el problema se extiende a la ADRES y a las entidades responsables del SOAT, profundizando la crisis por la falta de flujo adecuado de recursos.

La atención a pacientes neonatales, pediátricos, adultos y personas mayores con enfermedades crónicas —como cardiovasculares, renales, respiratorias y oncológicas— está en riesgo. En este contexto, Andrés Trujillo, director de la Clínica CES, advirtió: “Todos los servicios que prestamos nosotros como instituciones de alta complejidad están en riesgo porque definitivamente sin recursos es imposible pagar a los proveedores, a los empleados y las nóminas. Operar en esas condiciones es definitivamente imposible y esperamos que no llegue al cierre de servicios, pero definitivamente necesitamos el flujo de recursos”.

En su pronunciamiento, las clínicas también enfatizaron que “sin una solución pronta y efectiva, el acceso a la salud de miles de personas en la región y el país está en riesgo, afectando la capacidad de respuesta de la red hospitalaria ante emergencias y tratamientos especializados”.

Mauricio Tamayo Palacio, presidente de San Vicente Fundación, destacó la magnitud de la problemática y afirmó que afecta a todo el país: “La situación es compleja, no solo para Antioquia y sus subregiones, sino para todo el país. Lo que sentimos es un llamado urgente a trabajar por la liquidez del sector hospitalario en Colombia. Hoy, lo que solicitamos es un respiro financiero para las clínicas y hospitales. Nuestro compromiso está con la atención, la salud y la vida de los pacientes y de todos los colombianos, pero necesitamos apoyo general, y ese respaldo se traduce en recursos para garantizar la continuidad de la operación”.

Situación de hospitales públicos en Antioquia también preocupa

Los hospitales públicos de Antioquia enfrentan una crisis financiera sin precedentes debido a una deuda que alcanza los 1.5 billones de pesos, lo que podría comprometer seriamente la prestación de los servicios de salud en el departamento.

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) señaló que las EPS, tanto las que están bajo intervención como las que no, han retrasado los pagos justificándose en glosas y devoluciones.

Como consecuencia, los recursos han quedado retenidos, impactando de manera crítica la operatividad de los hospitales públicos, especialmente en municipios más pequeños como Armenia, Angelópolis, Carolina del Príncipe y Giraldo. “Las deudas han incrementado muchísimo porque a cierre de 31 de diciembre de 2023 la deuda era de $1.1 billones y ahora es de $1.5 billones, un incremento casi del 30 % de las deudas en el último año. Ese fenómeno no se ha presentado nunca antes y esto obedece a que las EPS, tanto las intervenidas como las que no están de alguna manera resguardando los recursos y no están pagando oportunamente a los prestadores”, explicó Luis Hernán Sánchez, director de AESA.

Las EPS con mayores deudas en Antioquia son Nueva EPS, SaviaSalud y Coosalud, que juntas suman casi un billón de pesos en cartera.

Según AESA, una de las posibles soluciones es la propuesta de la reforma a la salud, que plantea que el gobierno financie totalmente la operación de los hospitales y que, de esta manera, no dependan de la facturación de las EPS que no les pagan a tiempo.

De no recibir apoyo financiero, los hospitales del departamento advirtieron que tendrán que comenzar a cerrar servicios paulatinamente. “Nosotros tenemos el compromiso constitucional de brindar atención en salud, pero si no recibimos los recursos oportunamente, no podremos pagar al talento humano, ni los medicamentos, ni los insumos para funcionar”, recalcó el director de AESA.

¿Qué ha dicho la ADRES sobre los giros?

La ADRES señaló que en enero de 2025 giró $7.34 billones por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar los servicios de salud de los afiliados al sistema de Colombia.

Según la entidad: “De esos recursos, $3.57 billones fueron para el régimen contributivo, de los cuales giró directamente $2.58 billones a 3.348 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, mientras que más de $983.000 millones fueron para las EPS”.

En el caso del régimen subsidiado, la entidad giró $3.69 billones, de los cuales fueron trasladados $2.32 billones a 2.774 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1.38 billones a las EPS.

Según la entidad, la ADRES giró más de $146.000 millones en enero para reconocer las incapacidades por enfermedad general, alrededor de $44.000 millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de las enfermedades (PyP), y más de $98.000 millones por 10.591 licencias de maternidad, 6.764 de paternidad y 93 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Además, de los recursos de UPC destinados para el sistema de salud durante el primer mes del año, la ADRES transfirió directamente $4.89 billones a 3.591 clínicas, hospitales y proveedores de salud postulados por las EPS. En enero de 2024, la cifra era de $2.11 billones, lo que se traduce en un aumento del 132.46 %.

En medio del debate por la financiación del sector, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud, insitió en la necesidad de que el Gobierno garantice los pagos a las EPS intervenidas.