La Cámara de Representantes aprueba la reforma a la salud: ahora pasará al Senado

Por: Redacción El Pulso

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Tras varios intentos fallidos y largos períodos de incertidumbre, la reforma a la salud logró avanzar significativamente. Luego de las tensas y dilatadas sesiones extraordinarias y algunos tropiezos en el proceso legislativo, este 6 de marzo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en su segundo debate, acercándose a un paso crucial en su camino hacia la reforma del sistema de salud en Colombia.

La aprobación, que se alcanzó con un 93,4 % del articulado aprobado, permite que la reforma pase ahora al Senado. Con la aprobación de 24 artículos, el proyecto se encuentra a solo ocho de completar su discusión en la Cámara.

Controversias y acusaciones de “pupitreo”

La reforma no estuvo exenta de controversia. Durante la jornada de debate, varios representantes de la oposición, entre ellos el congresista Andrés Forero, acusaron al ministro del Interior, Armando Benedetti, de interferir en las decisiones de los congresistas para “pupitrear” la reforma. Forero señaló que el proyecto fragmentará los recursos de la salud y advirtió que esto podría desencadenar un alto riesgo de desbordamiento en el sistema. Además, el representante indicó que, de ser aprobada, la reforma podría ser llevada a la Corte Constitucional por los sectores afectados.

Avances importantes

Uno de los aspectos más debatidos durante la jornada fue el artículo 42, que proponía cambios en la dirección y administración de los hospitales públicos. Este artículo fue finalmente eliminado por la plenaria, lo que generó una fuerte respuesta de algunos sectores, como la representante Marta Alfonso Jurado, quien defendió la necesidad de una mayor regulación y control en los hospitales públicos.

La reforma también contempla la creación de nuevos fondos para fortalecer el sistema de salud, como el “Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria (FIDH)”, que busca mejorar la infraestructura hospitalaria a través de proyectos financiados por diversas fuentes, como el presupuesto nacional y la cooperación internacional.

La votación del miércoles se dividió en tres bloques: el primero abarcó los artículos 9 al 13; el segundo, los artículos 14 al 20; y el tercero, el más extenso, los artículos 28 al 39. Estos apartados definen aspectos fundamentales como las funciones de la ADRES, el llamado banco de la salud, la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y la organización de las redes de servicio, incluyendo hospitales y clínicas.

Si la reforma se implementa, las EPS deberán transformarse en Gestoras en un plazo de dos años. Esto implica que dejarán de administrar directamente los recursos del sistema de salud y de asumir el riesgo financiero relacionado con la atención de los pacientes. En lugar de eso, se centrarán en la gestión del riesgo en salud, lo que, en teoría, significaría organizar y coordinar la prestación de servicios, estructurar redes de atención y asegurar el acceso oportuno a los tratamientos.

El artículo 28 establece que las Gestoras serán responsables de la gestión del riesgo en salud y de la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), en coordinación con las autoridades locales. Además, deberán garantizar la continuidad en la atención, auditar la calidad de los servicios y supervisar la eficiencia en la asignación de recursos. Sin embargo, sectores de la oposición advierten que esta reestructuración podría fragmentar responsabilidades, dificultar la toma de decisiones y generar incertidumbre en la administración del sistema.

El artículo 29 aprobado estableció que las EPS tendrán tres meses para decidir si se transforman en Gestoras o se retiran del sistema. Aquellas que opten por la conversión deberán presentar un plan de saneamiento financiero en 18 meses, mientras que las que se retiren deberán liquidar sus pasivos en 24 meses. El artículo 31 generó controversia al determinar que las Gestoras recibirán el 5 % del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como remuneración, monto que podría reducirse si no cumplen con los estándares de calidad. Para la oposición, esto favorece a las nuevas entidades, pese a que asumirán menos funciones que las EPS.

La aprobación del bloque de artículos comprendido entre los números 14 y 20, relacionados con la definición del cargo de la UPC y la asignación de recursos para los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), generó un fuerte pronunciamiento por parte de Catherine Juvinao.

La congresista manifestó su desacuerdo con la forma en que se organizó la votación, calificando como “abusivo” el método empleado por la mesa directiva para agrupar los artículos en bloques sin permitir una deliberación detallada, sobre todo por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca.

La ADRES también sufrirá una transformación radical si lo aprobado por la plenaria de la Cámara se convierte en realidad. Pasará de ser una entidad que actualmente actúa como un simple pagador de recursos a desempeñar un rol mucho más activo en la administración financiera del sistema de salud. Bajo el nuevo modelo, centralizará la gestión de los fondos, asumirá directamente el manejo de los recursos y garantizará el flujo oportuno de los pagos a los prestadores de servicios. Los artículos 9, 10, 11 y 12, aprobados por la plenaria, detallan las funciones de la nueva entidad. Entre ellas, realizar pagos directos a prestadores de mediana y alta complejidad, asignar fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y administrar los incentivos para las Gestoras de Salud y Vida.

Al respecto, el presidente de la ADRES, Félix León Martínez, dijo que la entidad ya lleva tres años manejando los recursos del sector: “No es nuevo, lo que queda ahora es que la última palabra en el gasto le queda a la ADRES, porque si bien las Gestoras van a auditar y pasar las cuentas para pago a la ADRES, la entidad va a revisar esa auditoría que hacen las gestoras y verificar cómo se gasta cada peso de los colombianos con detalle y con absoluta transparencia.”

El artículo 13, por ejemplo, crea el llamado “Fondo Único Público de Salud”, gestionado por la ADRES. Este fondo se dividirá, a su vez, en tres cuentas, dos de ellas independientes: una para la Atención Primaria en Salud y otra para el Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria. Para representantes de la oposición como Andrés Forero, esto fragmenta los recursos de la salud y podría generar dificultades en la distribución eficiente del dinero, afectando la sostenibilidad financiera del sistema. Según Forero, al separar los fondos, “se corre el riesgo de que algunas áreas queden desfinanciadas mientras otras acumulen recursos sin ejecución efectiva”. Son más de 30 funciones las que asumirá la ADRES.

Entre algunas otras responsabilidades está, por ejemplo, realizar los giros de asignaciones a los CAPS o a las instituciones encargadas de operarlos y organizar la ejecución financiera del sistema, garantizando que las cuentas, pagos y transferencias a los diferentes actores sean registradas en el Sistema Unificado e Interoperable de Información en Salud, permitiendo así una mayor trazabilidad y control de los recursos. Sin embargo, para sectores de la oposición, este rediseño podría generar nuevos desafíos, ya que la concentración de funciones en una sola entidad conlleva el riesgo de burocratización, retrasos en los pagos y menor capacidad de respuesta.

Los artículos 19 y 20 detallan el proceso mediante el cual la ADRES pagará los servicios de salud: cuando un prestador haya brindado un servicio, deberá presentar la factura correspondiente tanto a la ADRES como a la Gestora de Salud y Vida. A partir de este momento, la ADRES tendrá un plazo de 30 días para pagar, como mínimo, el 85 % del valor de la factura. Paralelamente, la Gestora de Salud y Vida dispondrá de 60 días para auditar la facturación y determinar si existen inconsistencias.