¿Estamos ante un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo que definirá no solo el futuro de la reforma a la salud, sino también los límites del poder presidencial? La oportunidad adquiere mayor relevancia ante la división del respaldo en el Congreso y un ambiente creciente de enfrentamiento institucional. En este escenario, la reforma sanitaria deja de ser una iniciativa puramente técnica para transformarse en un escenario de conflicto político, con repercusiones significativas para la viabilidad del sistema y la asistencia a los ciudadanos.

Uno de los desafíos más apremiantes en este cambio es asegurar la viabilidad financiera de hospitales y clínicas, particularmente públicas, cuyo balance económico ya se encuentra en riesgos estructurales. El giro directo, la territorialización de las EPS, la consolidación de la red pública y la creación de un modelo sanitario enfocado en la prevención son retos audaces, pero su efectividad se basa en una aplicación coordinada, con normas claras, horarios establecidos y responsabilidad conjunta entre los distintos niveles gubernamentales.

La implementación de los Equipos Básicos y Territoriales de Salud, por ejemplo, comenzó por vía administrativa, con resultados desiguales. Las cifras de ejecución aún son limitadas frente a los recursos asignados, y el diseño de los equipos requiere claridad normativa, criterios técnicos de focalización y sostenibilidad presupuestal. Avanzar con decretos es posible dentro de ciertos márgenes, pero se corre el riesgo de construir una arquitectura frágil si no hay consenso legislativo ni capacidades operativas suficientes.

Ante el elevado costo de ciertas enfermedades y tecnologías, resulta crucial reconsiderar sistemas de cooperación financiera, complementados con mecanismos de valoración de resultados sanitarios, priorización económica y sistemas de información unificados. La eficiencia no debe perjudicar la calidad, sin embargo, requiere decisiones fundamentadas en datos, transparencia y articulación entre sectores.

Simultáneamente, persisten retos estructurales en la administración hospitalaria: es imprescindible progresar hacia modelos de gobernanza profesional, con sistemas de selección fundamentados en habilidades, monitoreo del rendimiento y mayor independencia en las operaciones. La potenciación del capital humano, la normalización de procedimientos clínicos y administrativos, y la inversión en infraestructura y tecnología son factores favorables que no pueden ser relegados a conflictos políticos circunstanciales.

Una transición entre la necesidad técnica de urgencia y el agotamiento institucional

La salud en Colombia se encuentra en una etapa crucial. Las elecciones que se adopten en los meses venideros no solo definirán la dirección de la reforma, sino también el modo en que se edifican —o se desmoronan— los acuerdos institucionales. El peligro de progresar a nivel administrativo, sin pactos extensos ni recursos asegurados, puede resultar en un sistema desintegrado, con más incertidumbre para los proveedores, menor capacidad de respuesta e impactos adversos en la atención a los pacientes.

Esta no es simplemente una discusión acerca de los modelos de aseguramiento o los métodos de pago. Se trata de un diálogo acerca del acuerdo social que respalda el sistema sanitario, la función del Estado como protector del derecho a la salud y la madurez institucional para modificar sin improvisación.

En ese sentido, se hace un llamado a priorizar el diálogo técnico, a fortalecer la planeación basada en evidencia y a evitar que la salud termine atrapada en la polarización política. Un sistema robusto y justo requiere reglas estables, tiempos realistas, recursos suficientes y, sobre todo, un compromiso compartido con el bienestar de la población.