Los medios de comunicación nos han saturado con una noticia que es más trascendental de lo que a primera vista parece: la entrega del Instituto de Seguros Sociales a manos particulares, para que sus afiliados sean explotados en su existencia, en su vida, como lo autoriza absurdamente la malhadada Ley 100. Los pacientes entrarán a conformar la larga lista de objetos, clientes, negociables en relación con su salud, es decir en relación con su integridad y con su dignidad.
Esta institución de medicina socializada, no obstante sus deficiencias y desviaciones -deshumanización, politización, etc., que critiqué en muchas oportunidades de viva voz o por escrito- merecía ser corregida, orientada a realizar el Bien completo de sus afiliados y de sus servidores, pero no a ser condenada a desaparecer para que mercaderes de la salud los exploten como objetos negociables.
Muchas veces y desde diferentes áreas se hicieron críticas serias y bien fundamentadas, denuncias graves sobre el manejo que se estaba dando al Instituto y, que sepamos -y el resultado final es la confirmación-, nunca el Estado ni las autoridades de salud realizaron un estudio a fondo ni pusieron remedio a tan graves males. No se trataba de suministrar más dinero, sino de analizar a fondo qué se hacía con éste y por qué la calidad de la atención a los pacientes era cada vez más deficiente. La superficialidad, que puede convertirse en alcahuetería o en complicidad, fue lo que predominó hasta el día de hoy. Más aún, el desgreño del Instituto se inició por el Estado mismo el día que un Presidente de la República anuncio públicamente que se reconocía la deuda que ese Estado tenía con la institución pero que no la pagaba. Horrorosa y repugnante lección de ética en el manejo del país y del patrimonio del pueblo.
Y esa política anti-ética, agravada con la mentalidad mercantilista con la que se están manejando los problemas de salud, se encuentra en la decisión de liquidar el Instituto de los Seguros Sociales, patrimonio de todos los colombianos y especialmente de los menos favorecidos económicamente, cuando lo correcto es pagar lo que se le adeuda e instituir una administración con criterio de verdadero servicio a los pacientes, una administración transparente sin vicios de politiquería ni de sucias ganancias subrepticias.
Con el cierre definitivo del Instituto, el Estado se libera en forma no ética de una obligación consagrada en la Constitución Política vigente, echa mano de la línea de menor responsabilidad, entrega el deber -ineludible deber- de cuidar de la existencia y de la salud de los colombianos a manos ansiosas de ganancias económicas, a verdaderos mercaderes de seres humanos. Y, una vez más, el Ministerio de la Protección Social (¿?) asegura que todos los afiliados serán recibidos en esas tiendas -verdaderos supermercados- llamadas EPS ó IPS en las cuales la calidad de la atención deja tanto que desear hasta el punto que el señor Procurador de la Nación hubo de denunciar los frecuentes atropellos y solicitó a quienes corresponda, entre ellos al Ministerio de la Protección Social (¿?), vigilancia en bien de los pacientes.
Los medios de comunicación muestran casi a diario la muy mediocre atención que prestan los intermediarios creados por la Ley 100 y los crecientes y exagerados réditos de sus balances comerciales.
También es corrupción, y grave, no atender oportuna y diligentemente los deberes del cargo que se desempeña.
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-