MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 129 JUNIO DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

Reflexión del mes

“Todo lo que es humano regenera la esperanza al regenerar su vivir; no es la esperanza lo que hace vivir, es el vivir lo que hace la esperanza, o sería mejor decir: el vivir hace la esperanza que hace vivir”.
(Tierra-Patria)
Edgar Morin (París, 1921). Filósofo, sociólogo y político francés de origen judeo-español (sefardí). Entre sus más de 50 obras de relevancia, se destacan: El espíritu del tiempo (1966), El paradigma perdido: la naturaleza humana (1973), Introducción al pensamiento complejo (1990), Tierra-Patria (1993) y La complejidad humana (1994). También tiene a su haber, infinidad de artículos publicados en periódicos y revistas de circulación internacional
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No pudo ser más oportuna la crisis financiera mundial en relación con nuestros fondos de pensiones. A pesar del daño que la crisis económica mundial le causa a nuestra economía, también es sabido que las recesiones son cíclicas y que vendrán, por lo que no hay que quejarse tanto. Lo que tienen que hacer los países es estar preparados, como estaba por suerte Colombia.
Y digo por suerte, porque si bien la última caída nuestra del ciclo económico en 1998-99 dejó bastantes lecciones, en otros aspectos “nos salvamos” gracias al encierro de nuestra economía. O por suerte, como en pensiones, observación que debe llevarnos a reflexionar profundamente sobre nuestro régimen pensional.
Por suerte, porque hace poco menos de un año, meses antes que asomara la crisis financiera mundial, ya se discutía en el Congreso una reforma financiera para liberalizar las inversiones de los fondos de pensiones, de manera que éstos estuvieran en capacidad de ofrecer portafolios de mayor rentabilidad y también de mayor riesgo. La propuesta consiste en crear un sistema “Multifondos”, que permitiría tomar portafolios con mayores riesgos para personas más jóvenes, y de riesgos bajos para quienes estén próximos a pensionarse. Es un sistema que exigiría mayor conocimiento y decisión de los cotizantes, aunque en Colombia ni siquiera los profesionales a veces entienden la diferencia entre régimen de ahorro programado y prima media; por supuesto esa iniciativa no apareció de la nada en la mente de congresistas y del gobierno. Era, en ese momento, una respuesta lógica para las bajas rentabilidades de los fondos privados y la preocupación de su baja competitividad frente al viejo régimen de prima media. ¿De que otra manera se enfrentaría la comparación de pensiones que se estima apenas superarán mesadas equivalentes al 35% ó 40% del valor de los aportes en el régimen de ahorro programado, mientras el régimen de prima media hace una promesa del 65% y 13 mesadas al año? Todo un dolor de cabeza aún sin respuesta, así como el hecho concreto de que en éste régimen de ahorro el cotizante corre con los mayores riesgos, independientemente de la rentabilidad a que tienen derecho los bancos, según las normas vigentes.
¿Qué hubiese pasado si la crisis se demora 3 o 4 años y asimismo se hubiese desarrollado un mayor portafolio de inversiones riesgosas? ¿Habrían sido tan conservadores en sus inversiones los fondos como lo fueron hasta hace poco, gracias al régimen anterior? Es poco probable, porque al fin y al cabo en nuestro sistema los riesgos los corren los cotizantes, mientras que las ganancias benefician a los bancos. No cabe duda que en este caso hay que darle un gran aplauso al Ministerio de Hacienda y especialmente a unos funcionarios que en el sector a veces criticamos mucho, y que prefiero abstenerme de nombrar directamente. Pero también hay que decirles que se pongan a pensar, porque esta crisis financiera sería otra cosa muy distinta con una afectación de los fondos de pensiones, de sólo imaginar todos los problemas en que estaríamos. Una lección para muchos que infortunadamente invirtieron por largos años en fondos de ahorro voluntario, a manera de pensiones ó ahorro para la universidad de los hijos, en bancos e inversiones en el extranjero, y que ahora no saben de su plata, ni de la rentabilidad prometida, y ni siquiera del recurso para acudir a la justicia en Colombia.
Es hora también de volver a analizar la situación del régimen pensional, porque si bien es cierto que el sistema de ahorro programado tiene unos riesgos financieros y se proyecta con mesadas inferiores a las del régimen de prima media, no es menos cierto que las proyecciones de sostenibilidad de este último régimen se parecen más bien a las de una pirámide. Nadie sabe hoy en concreto como se pagarán esas promesas dentro de 15 ó 20 años, o si se tendrán que reducir las pensiones consolidadas, de donde saldrá la plata ó qué se va a hacer. Es un hecho que la economía nuestra no crece a un ritmo que permita absorber semejantes promesas y que la “bomba pensional” sigue su cronómetro.
Entre tanto, debe avanzarse en cosas como respaldar la creación de una Corte Financiera Internacional y mecanismos para conocer mejor el destino de los recursos una vez que salen del país. El crimen financiero de Madoff enseñó algo nuevo: el problema de hacer auditoría ó reclamación judicial cuando un ahorrador deposita dinero en otro país a un intermediario y este reinvierte en otro país y así sucesivamente, quedando estas transacciones sujetas a 4 ó más jurisdicciones de países, con legislaciones distintas. Se requiere tanto una instancia judicial internacional como mayores controles y supervisión. Puesto que no existe una suerte de “Superintendencia Financiera Mundial”, es muy difícil estar seguros de que la liberalización de las inversiones en el extranjero será razonablemente riesgosa. ¿A quién acudir entonces? ¿Cómo manejar mejor los riesgos y los recursos de los colombianos en este contexto? Es momento de preguntárselo ahora que seguramente se discutirá de nuevo la propuesta de una reforma financiera que toca un aspecto crucial de los regímenes de pensiones, como la seguridad. Como suele suceder, con una mínima participación calificada de los usuarios y una gran fortaleza de los bancos, que de suyo tienen otros intereses distintos que los de los afiliados .
 
  Bioética
La legalización de la eutanasia que la Primera Comisión del Senado propuso el pasado 16 de septiembre (2008) en el «Proyecto de Ley estatutaria 44 de 2008 Senado», por el cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la Asistencia al suicidio en Colombia, el servicio de cuidados paliativos y se dictan otras disposiciones, es un asesinato legal y una contradicción jurídica: eliminar viejos inútiles, enfermos terminales y, en determinados casos, apropiarse de sus bienes. Aunque se enmascare con palabras bonitas: «muerte digna», «muerte dulce», «no sufrir», «respeto de la dignidad», es un verdadero crimen.

No hay ninguna duda en el ámbito científico, moral, político ni religioso sobre el hecho de que cuando la medicina no puede proporcionar la curación, lo que tiene que hacer es aliviar el sufrimiento y el dolor de los pacientes, no suprimirlos. El remedio de una enfermedad no es matar al enfermo. Ni siquiera porque él lo pida.
El enfermo no desea la muerte, lo que desea es dejar de sufrir. Por eso se le pueden y se le deben administrar toda clase de paliativos del dolor. Incluso los que pueden indirectamente acelerarle la muerte, pero sin intención de matarle, como son aquellos que su acción primaria es analgésica, y el efecto secundario no querido, es el acelerar la muerte; en cambio, la eliminación voluntaria y directa del enfermo es eutanasia. Lo que sí es lícito, y además un deber ético y social, es evitar el encarnizamiento terapéutico, que se define como el uso de medios desproporcionados y ya inútiles para el enfermo. Es decir: se pueden retirar o no dar al enfermo todos esos medios a él ya desproporcionados, inútiles y que prolongan su agonía, más que ofrecerle elementos de mejora. Lo que nunca se puede hacer, por respeto a su dignidad de persona, es negarle o privarlo de los medios a él proporcionados según la situación y según el nivel sanitario del país en ese momento.
La eutanasia es un atentado mortal a la dignidad de la persona humana sobre la que se funda el Estado colombiano, según lo expresa el pacto constitucional. Es siempre un crimen, también cuando se practica con fines piadosos y a solicitud del paciente. La principal expresión del respeto de la dignidad de la persona, no es sólo el respeto de su autonomía (la decisión hecha por ella), sino el respeto del bien objetivo contenido en dicha decisión, o el evitar el mal objetivo contenido en la decisión. Para que esta decisión sea auténtica y digna de ser respetada por el médico y la sociedad, es necesario que no contradiga el bien primario del enfermo, que es la vida. Eliminada la vida se pierden todos los valores. La libertad está intrínsecamente unida a la verdad, y no hay auténtica libertad fuera de la verdad. Disociarlas es poner las premisas de comportamientos arbitrarios e inicuos. Por eso la eutanasia propuesta por el proyecto de ley de la Primera Comisión del Senado es la supresión de un ser humano, la eliminación del primer valor que tenemos: la vida, la violación del fundamental principio constitucional de nuestro país: la dignidad de la persona humana.
Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea anciano, enfermo incurable o agonizante. Ninguna autoridad puede imponerlo o permitirlo. Se trata de una violación a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. Los derechos fundamentales no se consensúan, ni se conquistan: se tienen y se defienden. La vida es un don y, si se quiere, el derecho fundamental, que jamás puede estar sujeto al consenso de una mayoría parlamentaria. Un Estado democrático y social tiene el deber de proteger a los más pobres e indigentes, como son los discapacitados, los ancianos o los enfermos terminales. Cuando el Estado, en vez de proteger a los más débiles, da cobertura legal a su muerte, se transforma automáticamente en un Estado totalitario, los fundamentos de la convivencia se quiebran y surge una sociedad de la muerte, una auténtica «tanatocracia».
También cuando se practica por sentimiento de piedad, la eutanasia viola la dignidad de la persona humana. Monstruosa aparece la figura de un amor que mata, de una compasión que elimina a quien sufre, de una filantropía que se entiende como liberación de la vida de otro porque se ha convertido en un peso, de una compasión selectiva y eugenésica que no cura, sino que discrimina. El amor verdadero es siempre presencia, cercanía, apoyo; no es supresión, huída.
La legalización de la eutanasia en Holanda creó un fuerte problema social, porque se perdió la confianza en los hospitales y motivó que los ancianos no quieran ir al hospital ante el temor de que se les administre una inyección letal. Por eso se fundó una organización, la NPV, que tiene cerca de 100.000 afiliados que llevan una tarjeta donde dice que el portador no quiere ser ingresado en un hospital.
El «Proyecto de ley estatutaria» del Senado de Colombia ampararía muchas otras barbaridades, no sólo éticas, sino económicas y sociales: por ejemplo, se podría comprar un coche con el dinero del seguro del enfermo al que se aplica la eutanasia. Detrás del «para que no sufra», puede esconderse el «porque para mí es molesto; me da compasión; me lo quiero quitar de encima». Se daría también el caso de otros enfermos desesperados, porque aunque se ha hecho por ellos todo lo que es razonable hacer, piensan que se les aplica la eutanasia. Además empujaría a las políticas sociales hacia posturas extremas que violentan la conciencia de muchos colombianos. La objeción de conciencia por parte de los médicos puede quedar así borrada de la normativa vigente, a la hora de tomar la decisión sobre el final de la vida. El «Proyecto de ley estatutaria» no prevé dicha objeción de conciencia y los médicos se verían penados si no se atienen a los mandatos gubernamentales.
La muerte digna no es matar al enfermo sino ayudarle en ese momento. Los enfermos necesitan verse bien tratados, estimados, acompañados. Nunca he visto un paciente, en situación terminal, que no se agarre a la vida con todas sus ganas. Sus ojos no han mirado nunca con desdén hacia el trabajo terapéutico y de acompañamiento. El enfermo necesita, además y sobre todo, motivación en su dolor. La aceptación del dolor es una actitud madura frente a una enfermedad que no se puede superar, o a una muerte que viene inexorablemente al encuentro. También quien sufre de este modo puede realizarse a sí mismo y vivir la propia dignidad de persona. Los sacrificios motivados se hacen con gusto. Donde se ama no se sufre, y si se sufre se ama el sufrimiento que el amor procura. Por eso la Conferencia Episcopal Española redactó un «modelo de testamento vital» que, entre otras cosas, dice: «El que suscribe pide que no se le practique la eutanasia activa, ni se le prolongue irracionalmente el momento de morir, sino que en caso de muerte desea la compañía de sus seres queridos».
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-

 
 











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