Después de 3 años de proferida la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, que partió prácticamente de reconocer un “estado de cosas inconstitucional” en salud, el cumplimento de sus mandatos no es satisfactorio ni suficiente. Así lo concluyó el alto tribunal tras la audiencia de rendición de cuentas, donde se evidenció que las acciones emprendidas para mejorar el estado de salud de los colombianos y garantizar su acceso oportuno y en condiciones de calidad y dignidad, son “medidas aisladas y estrechas que no parecen hacer parte de un plan minucioso y de largo aliento para actualizar los POS”
El manejo de la salud en Colombia sigue entonces acumulando críticas, por estar centrado en el mal manejo financiero, la falta de actualización del POS, los desequilibrios operativos y la falta de dirección acertada para garantizar la atención en salud.
La Corte reiteró que la Sentencia se construyó a partir de la legislación vigente en 2008 (Ley 100/93 y Ley 1122/07). En esencia, la sentencia ordenó principalmente al gobierno, que cumpliera los mandatos constitucionales y legales (universalización o cobertura universal, y actualización y unificación de los Planes Obligatorios de Salud POS), para lo cual debía crear la reglamentación adecuada que permitiera satisfacer el acceso efectivo al servicio de salud requerido, implementar políticas públicas en salud y asegurar los recursos necesarios para alcanzar estos fines.
Ahora, pese a reconocer que ninguna problemática que aqueja el sistema de salud es de fácil resolución, la Sala Especial de Seguimiento dio su evaluación negativa a la gestión del gobierno para sanear el sistema de salud, consideró insuficientes sus esfuerzos, y encontró que las propuestas de solución y las medidas correctivas puestas a prueba hasta el momento no parecen resultado de un estudio científico serio.
Como muchos dicen: “El sistema de salud funciona mal por donde se le mire, no resiste una evaluación concienzuda porque se desmorona”. Y ante este panorama sobre-diagnosticado, lo que no se entiende -incluso desde los órganos de control-, es por qué el gobierno no decide hacer una reforma estructural al sistema de salud, para conjurar su grave crisis, como se lo ha dicho y reiterado la Corte y los diversos actores del sistema. ¿Por qué prefiere seguir aplicando “paños de agua tibia” a un sistema que no resiste un parche más y que sólo son útiles para paliar los efectos agudos de la coyuntura, pero no para resolver sus males crónicos? Se reconoce la buena intención por enfrentar la crisis, pero las acciones y resultados dejan mucho qué desear, como lo reiteró la Corte misma.
Y precisamente la Corte Constitucional señala que en síntesis, “el diseño y configuración del sector de la salud en Colombia debe abandonar toda perspectiva exclusivamente económica, al gravitar sobre la garantía de un derecho vital para la comunidad. Además, la legitimidad de las políticas en salud debe acompañarse de decisiones públicas transparentes, es imprescindible en la relación Estado-comunidad la mejora de la gobernanza para hacer lo correcto y así generar confianza en el público”.
Incluso, la Corte indica que el concepto de eficiencia económica de la prestación del servicio de salud, no puede depender exclusivamente de criterios de provecho económico o de simple utilidad; que la rentabilidad financiera debe ser interpretada bajo los límites que establecen los valores, principios y derechos constitucionales, los cuales propugnan por la primacía de los derechos inalienables del ser humano. Y que el principio de eficiencia no debe interpretarse de manera aislada, sino en armonía con los de solidaridad y universalidad, que también comprenden el sistema de salud.
En últimas, ahora sólo resta esperar el ejercicio evaluativo que hará la Sala de Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de la Sentencia T-760, que presentará en los próximos meses. Desde antes incluso de la audiencia de rendición de cuentas, ya se prevén los resultados…