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Si hay algo insostenible, desde el punto de vista humano,
social y hasta financiero es la “sostenibilidad fiscal”,
“criterio” orientador de la economía en el
Acto Legislativo 03 de 2011 aprobado por el Congreso, según
la visión de expertos. La Constitución se libró
de tener la sostenibilidad como derecho fundamental, o como
“principio” inspirador.
“En sus 20 años de vigencia, la Constitución
Política expedida en 1991 enfrenta con este Acto Legislativo
su mayor prueba”, conceptuó el excongresista y
miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias
Económicas, Amylkar Acosta, en el semanario virtual
“Caja de herramientas” de la Corporación
Viva la Ciudadanía.
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Y agregó: “Es un sofisma del presidente Santos
y del ministro Echeverry de Hacienda, cuando dicen que no
se pretende limitar derechos sino hacerlos más eficaces
y equitativos”.
Acosta rechaza el dilema planteado entre derechos fundamentales
que son individuales, y un presunto “derecho colectivo”
a la sostenibilidad, contrario al espíritu de la Carta.
Apoyó al exmagistrado Carlos Gaviria, para quien el
Acto Legislativo viola la autonomía de los jueces.
También consideró que la norma niega de manera
sistemática los derechos fundamentales, y conforme
a la sentencia T-760/08, obliga a los magistrados y jueces
a modular sus fallos o a diferir su aplicación.
Admitió la “necesidad irrefutable” de la
viabilidad económica, pero dijo que el dilema radica
en la prelación que debe darse al gasto sin que haya
retrocesos, contrarios al bloque de constitucionalidad: “Lo
único que ha faltado, además de la disciplina
fiscal, es la voluntad política para meter en cintura
el gasto y salvaguardar los ingresos públicos”.
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Gráfico.
Costos de la ineficiencia en
cobertura de la salud en Colombia. Año 2009. |
Cálculos: Jaime Alberto Peláez
Quintero, Especialista en economía de la salud |
Al
refutar al exministro Guillermo Perry, quien endilga a la Corte
Constitucional los traumas y corrupción del sistema de
aseguramiento, Acosta infirió que el Acto Legislativo
tiene en la mira a la Corte, a la rama judicial, y con ellas
a la tutela, por amparar derechos sociales y económicos.
Coincidió además con el ex magistrado de la Corte
Constitucional, José Gregorio Hernández, en que
la garantía de estos derechos por la autoridad es una
ilusión, pues “siempre tropezará con el fantasma
de lo fiscalmente sostenible”.
Cuestionó los anuncios de rebaja de impuestos que afectan
la rentabilidad empresarial -con el pretexto de generar empleo-,
la desgravación arancelaria que castiga la producción
nacional, y agregó: “¿Qué decir de
esa vena rota en que se ha convertido la corrupción en
el país?”, cuyo costo económico estimó
en 4 puntos del PIB.
Nuevos recursos para salud: ¿de
dónde?
“El gobierno tiene una sana intención con
el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal, pero
en ciertos momentos se supedita a la situación fiscal
el goce efectivo del derecho a la salud”, afirmó
Jaime Alberto Peláez, contralor auxiliar de auditoría
fiscal en Medellín y experto en economía de la
salud, quien expresó incertidumbre ante los nuevos recursos
que necesitará el sistema de seguridad social.
Señaló que estando en entredicho si la salud es
un derecho fundamental autónomo o en conexidad con el
derecho a la vida, la salud pasaría a un segundo plano
para dar prioridad a otros gastos apremiantes, como la emergencia
invernal.
Y analizó el momento fiscal: “La subcuenta de compensación
tiene $922.000 millones en el último informe a junio
30/11 y las cuentas por pagar al sistema, $1.5 billones. Se
acerca en el corto plazo una situación delicada: no habría
con qué pagar a las EPS para que éstas a su vez
paguen a los prestadores y éstos a sus proveedores, y
llama la atención que aparezcan como inversiones de administración
de liquidez de renta fija $4.4 billones”.
Ante esto, pidió revisar urgentemente lo que pasa en
el Fosyga, para contrastar por ejemplo, los recursos de compensación
entregados directamente a las aseguradoras para contratar los
servicios de salud: “Si el sistema no tiene cómo
pagarles, ¿cómo esperar que las EPS paguen a los
entes territoriales? Solo a Antioquia se le debe $1 billón.
En lo fiscal, la salud tiende a empeorar y no se avizoran fuentes
reales de financiación para ampliar el POS, para lo No-POS
y para la atención de la población 'vinculada',
3 grandes grupos que absorben unos $8 billones, por lo menos,
en la homologación de planes de beneficios. En un ejercicio
rápido, restando los $290.000 del régimen subsidiado,
a los $500.000 de la UPC en 2009, quedarían $210.000,
los cuales multiplicados por 24.5 millones de afiliados del
régimen subsidiado, daría unos $5.04 billones.
Dijo Peláez: “Se diría que como la gente
utiliza menos servicios en el régimen subsidiado, se
podría hacer un ajuste, pero alguien tiene que garantizar
la sostenibilidad fiscal, ese es el punto crucial. Lo No-POS
costaría casi $2.3 billones anuales y los 'vinculados'
medio billón. En gracia de discusión, más
allá de la unificación -que es muy importante-
hay que hablar de accesibilidad; hoy muchos tienen planes con
su POS, pero no tienen acceso”.
Estimó que hay buena intención del presidente
Santos, al evidenciar hechos de corrupción, con intervenciones
para recomponer finanzas y revisar el modelo financiero: “Pero
no son claras las fuentes de financiación para ampliar
el POS, habría que incurrir en ingresos adicionales”.
Dijo que no podemos eludir la actual crisis hospitalaria nacional
y advirtió: “El gobierno nacional tendrá
que hacer muchos esfuerzos para paliar la situación financiera,
más cuando el propio ministro de la Protección
Social, Mauricio Santa María, dijo: “Yo no voy a
crear nuevos impuestos ni a meterle la mano al bolsillo a la
gente. Creo que con el saneamiento que se haga a las aseguradoras,
y la contención de lo No-POS, es posible una mejoría
en el corto plazo, pero no se asegura la sostenibilidad en el
inmediato futuro”.
“Si el gasto total en salud en 2009 fue de $30 billones,
sin contar el gasto de bolsillo, habría un gasto total
de $36.7 billones. Si multiplicamos el valor de la UPC del régimen
contributivo, $500.000, por 44 millones de colombianos, daría
$22 billones (ver gráfico). ¿Dónde quedan
los otros $8 billones para ajustar los 30? Mucha parte en corrupción,
debilidades de inspección, vigilancia y control, ineficiencia
del sistema, pero también en la ineficiencia de algunos
prestadores y de quienes aprovechan las debilidad de las bases
de datos para hacer su agosto”, concluyó el experto
en economía de la salud.
La sostenibilidad, pura incertidumbre
“Todos seguimos esperando que el Ministerio de
la Protección Social produzca documentos técnicos
que nos permitan dar juicios más sólidos en materia
de sostenibilidad fiscal, pues hasta ahora todo es muy incierto”,
expresó Juan García Londoño, profesor de
la Universidad de Antioquia e investigador del Grupo de Economía
en Salud (GES). Y explicó: “¿Así,
cómo vamos a reaccionar ante anuncios de que el POS se
elimina? ¿Será por la vía de patologías,
por manuales de procedimientos e intervenciones? Las declaraciones
de prensa solo generan incertidumbre”.
Agregó el economista: “La Ley 1438 aún está
en proceso de reglamentación, hablan de homologar el
POS y definir las patologías en 2012, de actualizar tecnologías
a fines de 2011, la agenda no es coherente con la inicialmente
planteada, y tenemos la suspicacia de si realmente lo que dice
el gobierno lo pueda cumplir con los actos reglamentarios”.
Agregó que el Ministerio de la Protección Social
plantea en documentos que ya están los recursos garantizados
con los dineros adicionales de rentas de cigarrillos y juegos
de suerte y azar, y con traslados presupuestales, pero debemos
esperar que se cumplan dos elementos claves: el fortalecimiento
de la inspección, vigilancia y control a través
de la Supersalud que se dedicará exclusivamente a calidad,
y el control de las aseguradoras por la Superintendencia Financiera;
lo mismo la autorregulación y la autonomía médica,
que los médicos decidan qué patología y
tratamiento se requieren.
Y explicó: “Fuera de su responsabilidad se requiere
inspección, vigilancia y control para evitar desbordes,
pues quiérase o no, debe haber un límite en la
adopción de un plan de beneficios, y ahí entendemos
que el gobierno hace cuentas claras del financiamiento del sistema,
para mantener la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”.
El catedrático expresó también: “Contra
la corrupción, que no es exclusiva del sector de la salud,
sino un mal endémico de la sociedad colombiana, hay que
tomar acciones efectivas en el ordenamiento institucional. No
habrá reforma, por muy bien concebida que esté,
que logre evitar el desangre en la salud por este mal. Además
de las disposiciones punitivas del gobierno para evitar que
los actos de corrupción continúen en el sector,
hay que corregir el factor de desajuste introducido en los recobros
al Fosyga durante los últimos 5 años por los actos
deshonestos”. |
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