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| En la
Asamblea de Antioquia el pasado 13 de junio, la ministra de
Salud, Beatriz Londoño, anunció que la EPS Emdisalud
no va más, decisión tomada luego del análisis
conjunto con Supersalud: “La inexistencia de una red contratada,
los problemas administrativos insalvables, el déficit
financiero, incumplimientos en pagos a proveedores y prestadores,
nos llevan a que sea necesario liquidar a Emdisalud”. Si
se es consecuente, esta decisión podría ser la
primera de medidas similares con otras EPS, puesto que los incumplimientos
y dificultades de Emdisalud no se diferencian mucho de las de
la mayoría de aseguradoras del régimen subsidiado
y varias del contributivo. |
| Curiosamente, su deterioro
financiero se produjo en un año. Aunque no pasó
los reportes financieros a Supersalud en 2010 y 2011 (o no se
conocen), 2009 fue mejor que 2008 al pasar de una pérdida
contable de $58.820 millones a una utilidad de $89.198 millones,
lo que no permitía advertir problemas financieros a futuro.
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En 2009
generó $2.662 millones de excedentes económicos
operacionales, mientras en 2008 fue negativo en $3.581 millones,
o sea que el desarrollo de su objeto social mostraba buenos
síntomas de producción de servicios. La utilidad
bruta en 2009 fue $21.808 millones mientras en 2008 era $15.315
millones, con aumento en ventas del 14% y buen pronóstico
de rentabilidad.
Pero en un año la situación cambió radicalmente,
como se evidenció el 11 de mayo en reunión en
Bogotá del superintendente Conrado Gómez con directivos
de Emdisalud, de la Gobernación de Córdoba y de
Acesi, para analizar su flujo de recursos y contratación
con la red pública. El superintendente indicó
que la situación financiera de la EPS tenía serios
problemas que ameritaban su liquidación, medida que no
se habría tomado dado al interés de algunos inversionistas
(al parecer de EPS asociadas a GestarSalud) por comprar la entidad.
Las deudas llegaban a $180.000 millones y una liquidación
de los activos dejaría un faltante de unos $60.000 millones.
La EPS tendría 1'200.000 afiliados y no mostraba alta
siniestralidad, lo cual la haría apetecible a posibles
inversionistas que tendrían que convertirla en sociedad
anónima y capitalizarla con unos $60.000 millones.
Urabá fue el detonante final
La crisis en el Urabá antioqueño detonó
la decisión de liquidar la EPS: los hospitales de Mutatá,
Carepa, Chigorodó, Apartadó, Turbo y Necoclí
suspendieron desde el pasado 15 de mayo los servicios a los
afiliados de Emdisalud, en respuesta al no pago de su creciente
deuda, superior a $15.000 millones. Si bien la situación
en la región era similar a otras en el país, la
suspensión de servicios a unos 200.000 afiliados motivó
una reunión extraordinaria de la Comisión 7ª
de la Cámara de Representantes dos días después
en Apartadó, con presencia del superintendente Conrado
Gómez; el entonces viceministro de Salud, Carlos Mario
Ramírez; y autoridades departamentales y locales. Afloraron
las malas acciones y resultados de la EPS pese a la intervención
de Supersalud, que pretendía enderezar su rumbo.
El superintendente ratificó que Emdisalud tenía
activos cercanos a $120.000 millones, incluyendo deudas de alcaldías
(hay que conciliarlas para confirmar su monto), y pasivos por
$180.000 millones, lo cual muestra un déficit inicial
de $60.000 millones. Y aclaró: “La intención
no es salvar la EPS, sino buscar un mecanismo de recuperación
de las deudas que son básicamente con hospitales”.
La recuperación se basaría en dos estrategias:
intentar un saneamiento y/o una capitalización por una
entidad interesada que asumiera la administración y pagara
las deudas, o sino habría que liquidar la EPS: “¿Qué
justificación tendría meter recursos muy grandes
en una EPS en estas condiciones? El interventor en los próximos
4 meses buscará la forma en que la EPS se convierta en
sociedad anónima; algunas entidades y personas mostraron
interés en capitalizarla y pagar la deuda”.
El superintendente señaló que la liquidación
acarrearía consecuencias muy duras para los hospitales
de Urabá y de Córdoba, pues el 70% de las deudas
de hospitales cordobeses son con Emdisalud y representan una
porción muy grande de sus activos, y tendrían
que ir al estado de pérdidas. Su conclusión fue
lapidaria: “Como superintendencia no vamos a mantener el
funcionamiento de ninguna EPS que no pueda seguir: hay 18 bajo
vigilancia especial y tienen 6 meses para ponerse en orden y
sino saldrán, incluso Caprecom”.
El viceministro Carlos Mario Ramírez, mostró el
disgusto del gobierno por la falta de acciones concretas para
resolver la problemática: “No podemos seguir postergando
decisiones por una cadena de negligencias que no puede continuar;
uno no puede argumentar que no autoriza un giro directo por
falta de un contrato. Creo señor superintendente que
esto hay que pararlo ya, aquí está el interventor
de Emdisalud y los hospitales de Córdoba y de Urabá,
y si no resuelven de acá a mañana la falta de
contratación, tenemos que traer otra EPS a prestar servicios.
Esto no puede seguir manejándose con una displicencia
que el gobierno no está dispuesto a seguir enfrentando;
si no hay negociación y autorización ilimitada
del interventor de Emdisalud o de cualquier EPS, para girar
los recursos a la red hospitalaria de manera anticipada hasta
diciembre, pues vamos buscando otras EPS”.
El plazo de 24 horas del viceministro se cumplió y los
hospitales de Urabá a mediados de junio continuaban sin
recibir pagos, sin firmar contratos y los usuarios sin donde
recibir atención. Para la representante a la Cámara,
Martha Ramírez, la principal consecuencia fue agilizar
la decisión de liquidar a Emdisalud dado el incumplimiento
de condiciones para su permanencia, aunque la solución
no es inmediata: “Hay un proceso formal, en cartera la
recuperación será muy lenta; hay que seguir dando
la pelea por los recursos de la salud, aunque no sea tan rápido
como todos quisiéramos”. |
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Dos opciones para pagar
deudas de Emdisalud
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| Ante
la liquidación de Emdisalud, los prestadores están
en una situación ambivalente: satisfechos porque su cartera
no seguirá aumentando sin un pagador claro a quien había
que prestarle servicios -por lo menos urgencias-, y preocupados
porque ¿quién responderá por deudas ya
causadas? Luis Alberto Martínez, director de Aesa, propone:
“El gobierno debe asumir responsablemente que hay una crisis
estructural del sistema y el Fonsaet tiene recursos que podrían
servir para pagar la deuda de las EPS liquidadas; pero tiene
que haber sanciones ejemplares a estas EPS y no permitirles
volver al sistema de aseguramiento mientras este modelo opere.
Otra herramienta del gobierno es la Subcuenta de Garantías,
creada por el artículo 41 del decreto 4107/11, que tiene
fuentes de financiación y su objetivo es dar liquidez
a EPS e IPS: con esos recursos se pueden pagar las deudas y
los afiliados pueden pasar a las nacientes EPS mixtas o públicas
en los territorios, para empoderar al Estado de nuevo de la
salud de la población”. |
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