El cambio estructural y profundo que Colombia reclama para el sistema de salud es más urgente en este momento, cuando nuevos y peligrosos síntomas se añaden a la crisis vivida de tiempo atrás. Se trata del momento catastrófico por el cual atraviesa el régimen subsidiado, más visible ahora a partir de la unificación de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, y cristalizado en la insolvencia creciente de las EPS que operan en el sector, y de las causales de disolución y liquidación en que van entrando paulatinamente. El fantasma de una intervención global es cada vez más real, sin duda, ese régimen está herido de muerte.
Ante esta realidad, urge que el Estado dé un timonazo en uno de dos sentidos posibles: o acaba de una vez el modelo de aseguramiento con intermediación privada e instaura un aseguramiento público fuertemente regulado y con controles que le den un blindaje contra la corrupción, o elimina el régimen subsidiado con sus EPS, unificando la operación del aseguramiento, dentro de un esquema territorializado. Si el giro directo a IPS ya va en un orden del 60%, hay quienes plantean que no se necesitan EPS en el régimen subsidiado.
La crisis que tiene al sistema al borde del colapso tiene muchos componentes, analizados en estas páginas y en multitud de espacios. Pero vale la pena reflexionar brevemente sobre la parte que corresponde al régimen subsidiado, cuyo peso es determinante en la estructura de financiación. El monto de los recursos que maneja el subsidiado y el tamaño de la población que atiende son motivos suficientes para volver la mirada sobre él, ninguna solución radical al desorden del sistema puede soslayar este punto.
En efecto, en este régimen se mueven alrededor de $7 billones y su población objeto es de 25 millones de personas. Entonces, ahora que empieza a operar la unificación de planes de beneficios, el incremento del gasto en salud será considerable, por el impacto sobre los recobros de medicamentos y servicios, por un posible aumento de la UPC o prima que siguen reclamando las aseguradoras -alegando su insuficiencia-, amén de eso que sigue constituyendo un ingente costo fijo, cada día es más oneroso para las arcas del Estado: la creciente corrupción, vena rota del sistema de salud que ningún gobierno y ningún ente de control ha sido capaz de cerrar.
Para resolver la crisis del régimen subsidiado, tenemos que ratificar las soluciones de tipo macro que en general el sistema de salud requiere: la necesidad de centrar el cambio en el ciudadano, invocando el derecho fundamental a la salud, por ende la urgencia de una reforma con rostro humano que rescate la salud como servicio público a cargo del Estado, una revolución total por el mejoramiento de los determinantes sociales (alimentación y nutrición, salud sexual y materna, hábitos saludables, auto-cuidado, entorno favorable a la salud mental, agua potable, sanidad ambiental, etc.), justicia social para bajar los altos índices de pobreza y elevar el empleo formal como forma de acrecer la base de cotización al régimen contributivo -el cual podría ser régimen único- y adopción radical de la estrategia de Atención Primaria en Salud y de una política pública estricta de promoción y prevención. Esta revolución es lo único que puede suprimir la necesidad de un régimen subsidiado; una política agresiva de promoción y prevención reducirá drásticamente la carga de enfermedad, el asistencialismo perderá su razón de ser. Cambiemos ese deshonroso puesto, entre los países con mayor gasto en salud, por un puesto al menos decoroso entre los países con una población más sana.