El oro colombiano: desarrollo sostenible vs. destrucción irresistible” Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co “Quiero que se convierta en oro todo lo que toque” -dijo Midas. “¡Qué deseo más tonto, Midas! Eso puede traerte problemas, Piénsalo, Midas, piénsalo -le contestó el dios Sileno”. La minería colombiana pareciera regida por el Rey Midas. Su manejo irracional convierte preciosas riquezas en irreparables daños. Ante tantos desastres humanos, económicos y ambientales, el dilema no es entre extraer los minerales o dejarlos enterrados, sino entre dejar las riquezas del subsuelo a merced del capitalismo salvaje o aprovecharlas racionalmente, sin que se conviertan en ganancia de unos pocos y tragedia para la mayoría. Marmato (Caldas), un pueblo a punto de desaparecer por los estragos de la minería; hoy está pendiente de la aprobación de la gran minería a cielo abierto por la canadiense Medoro Resources, para extraer casi 12 millones de onzas de oro y 70 millones de plata, lo cual implicaría el traslado del pueblo fundado hace 475 años. Las leyes de Marco Fidel Suárez (presidente de Colombia 1918-1921) sobre recursos del subsuelo, desventajosas para el interés público, y el manejo antinacional de las concesiones petrolíferas por sucesivos gobiernos, siempre a favor de los consorcios foráneos, son algunos antecedentes de nuestra errática política minera y energética. En su serio estudio “De señores de la tierra a señores de las minas”, el investigador social Alonso Cardona Arango considera: “Este tipo de desbalances entre actividades económicas es un principio medieval y no de la democracia moderna”, y recuerda que en 1584 una de las “Ordenanzas de Minas” del gobernador de Antioquia, Gaspar de Rodas, decía: “Los derechos del concesionario minero están por encima de los propietarios de la tierra o de los titulares de concesiones agrícolas”. Detalle explotación de oro en Marmato. Foto cortesía: Gabriel Botero. Hoy, 429 años después, en un historial de expropiaciones, nuestro Código Minero mantiene en esencia esa filosofía, como lo demuestra el investigador. Desregulación minera Entre 2000 y 2010, señala el autor, el Estado otorgó títulos de concesión minera sobre 5´856.878 hectáreas (5.13% del territorio nacional continental), y había solicitudes para otras 67´482.895 hectáreas (59% del territorio) según datos de la Contraloría General de la República. Ello implicaba un drástico cambio de la vocación agropecuaria con ingente daño ambiental y social. Cardona comprueba con cifras que “…el Congreso de la República decidió, en medio de un país distraído con la Zona de Despeje del Caguán, y cuando la minería sin hidrocarburos no representaba más del 2% del PIB, cambiar la vocación agropecuaria de gran parte del país por vocación minera, y autorizó a quienes iban a ejercer en el futuro la actividad minera a adelantar procesos de expropiación de todos los predios e instalaciones necesarios para ejercerla”. Así, la regulación minera va en contravía del artículo 65 de la Constitución, el cual consagra: “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales…”. El Código prohíbe arbitrariamente a toda autoridad regional y a los planes de ordenamiento territorial seccional o local, fijar zonas vedadas para la minería y da plena autonomía al concesionario para definir las condiciones de la explotación del mineral y de los subproductos asociados, sin exigir el estudio de impacto ambiental. Indica el estudio que las normas del Código sobre minería ilegal convierte en delincuentes a compradores de joyas fabricadas con metales extraídos de una mina sin título minero, y añade: “…esta decisión metió en un mismo saco a un grupo importante de los mineros paramilitares o guerrilleros, a quienes no les interesa legalizarse porque están huyendo de la justicia, con miles de medianos y pequeños mineros artesanales que son informales”.Además, la disposición deja a las futuras generaciones sin bases suficientes para obtener sus recursos. El “Cinturón de Oro” (en amarillo) en Colombia está atravesado por las fallas geológicas (en rojo) Cauca y Romeral que se desplazan de sur a norte, y por la Falla Caldas Tear que se desplaza de occidente, las 3 activas, convirtiéndolo en zona de altísima amenaza sísmica (recordar terremotos de Popayán y Armenia) y volcánica, que se agravaría con la explotación de minerales a gran escala. Grupo de Geología UNAL, UN Periódico No. 144, mayo/2011. En los 11 años estudiados, se otorgaron títulos mineros en Colombia en un área de 5´856.683 hectáreas, superior a toda la superficie ocupada por cultivos agrícolas y un poco inferior a la de Antioquia, fuera de los títulos dados antes de 2000, entre ellos los macroproyectos carboníferos, minería artesanal informal e ilegal. Peor el caso de Antioquia: en esos 11 años se solicitaron 2.367 títulos con una superficie de 4´979.000 hectáreas (73% del territorio). Razón tuvo la Corte Constitucional para declarar inconstitucional la Ley 1368 de 2010 que reformaba el Código de Minas, agrega la investigación. La “piñata minera” El primer ministro de Minas del presidente Santos, Carlos Rodado Noriega, calificó la titulación minera del período 2006-2010 como “una piñata”, y dijo que no funcionó su reforma de Ingeominas. El Código Minero de 2000 tampoco era un dechado de virtudes; el libro en referencia lo compara con “los mecanismos que se adoptaron en el siglo XVIII en los Estados Unidos para la conquista del Oeste”: autorizar a miles de personas a coger cada una el pedazo de tierra que quisieran, con la diferencia de que en Colombia se autorizó a cazadores de rentas para imponer servidumbres mineras o expropiar a los dueños de tierras, al amparo de la declaratoria de utilidad pública e interés social. El primer ministro de Minas del presidente Santos, Carlos Rodado Noriega, calificólatitulación minera del período 2006-2010 como“una piñata”, y dijo que no funcionó su reforma de Ingeominas. Como beneficios fiscales para los “inversionistas estratégicos” (el huevito de la “confianza inversionista”), se eximió a las multinacionales del impuesto de 7% sobre remesas; se bajó el de renta de 38 a 34% en 2007 y a 33% en 2008, y se amortizó 40% de los activos fijos productivos. El analista Guillermo Rudas Lleras, en “Razón Pública.com” señalaba: “Para 2009 esa exención al impuesto a la renta significó $3.5 billones, que frente a regalías por $6.5 billones el mismo año, benefició fiscalmente a las compañías mineras con 53.8% de las regalías totales pagadas por la minería y los hidrocarburos”. Alonso Cardona indica además: “Desde el primer gobierno del presidente Uribe, fue debilitada sensiblemente la institucionalidad ambiental”.   La minera: una locomotora varada La locomotora de la minería, una de las impulsoras del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos” del presidente Santos, está varada o no arranca, para algunos. Tanto mejor piensan otros, porque así hace menos daños. Las trabas burocráticas, constantes cambios en el Ministerio de Minas y desorden de las autoridades ambientales, son problemas secundarios cuando hay cierta cautela del gobierno ante los desmanes acumulados. Por ello, el Ministerio de Minas se abstuvo de resolver un cúmulo de solicitudes de títulos mineros, congelándolos hasta julio de 2013 por lo menos. El investigador Alonso Cardona dice que en la “estrategia discursiva” del nuevo gobierno, “la minería va a generar las regalías necesarias para superar la pobreza, erradicar la indigencia, dinamizar el desarrollo regional y financiar nuevos esfuerzos especiales en salud y educación”. Pero aclara: “Aunque el contenido del Plan 'Prosperidad para Todos' es bastante semejante al del gobierno anterior, el texto expresa preocupaciones más profundas y que dan alguna esperanza de que pueda haber un mayor control a la 'piñata' de los títulos mineros sin ninguna seria consideración ambiental”. Lo último que se pierde es la esperanza, verde como el moribundo sector rural colombiano.   Caramanta vive su “quimera del oro” El oro motivó la fundación de Caramanta. Su escudo es un campo de oro sobre el cual reposan otras riquezas. El precioso metal, que con una explotación racional contribuiría a una sana economía, con una minería depredadora y salvaje se convierte en la peor maldición del pueblo. La problemática de este municipio del suroeste de Antioquia, condensa la general de Colombia. El programa de gobierno del actual alcalde, Julián Andrés Granada Restrepo, respalda “…el fortalecimiento del sector rural mediante el apoyo incondicional al campesino caramanteño y protegeremos los recursos naturales de nuestro municipio porque es la verdadera herencia que les dejaremos a nuestros hijos”. Indica el investigador Alonso Cardona en su libro “De señores de la tierra a señores de las minas”, un riguroso estudio sobre la problemática minera del oro en dicho municipio, que a fines del año 2000 en Caramanta había 9.409 hectáreas para minería, sumando áreas en explotación y las solicitadas para minas de oro y metales asociados. Un municipio solicitado entero para minería, recibió en varios años una suma ridícula en regalías: $2.378.269. Hoy el cuadro de concesionarios lo dominan las empresas y no las personas naturales como ocurría en el año 2000, y aparecen las multinacionales: la Anglo Gold Ashanti (surafricana e inglesa), tercer puesto mundial; Compañía Minera de Caldas, filial de Medoro Resources; Marmato Gold S.A., Sociedad Minera Solvista y la firma de Mónica Uribe Pérez, por encima de las personas naturales. Por esto, el autor fustiga los privilegios otorgados a las empresas extranjeras, a las cuales se concede “el derecho a venir al país a identificar dónde hay los minerales que les interesan, solicitar judicialmente la expropiación de lo que les estorba, extraer los minerales, obtener abundantes ganancias con ellos -que no comparten con los colombianos-, dejar los estragos ambientales y buscar otro sitio donde hacer lo mismo”. “Cualquier persona y en cualquier tiempopuede promover acciones de nulidad contrala Licencia Ambiental o contra la forma como se ejecutan por el concesionario, parando automáticamente una explotación”. Alonso Cardona Minería y terremotos La erosión de la Zona Cartama, donde está Caramanta, va más allá de los derrumbes permanentes en los sitios Chirapotó y La Herradura que interrumpen con frecuencia la Troncal Occidental (tramo de la vía Panamericana que comunica el suroccidente colombiano con Antioquia y el norte del país), asociados también a las continuas explosiones de dinamita en las minas; más dramático aún: Caramanta y todo el “Cinturón de Oro” están atravesados por las fallas de Romeral, Cauca y Caldas Tear, acentuadas por la minería irracional, y que genera zonas de alta actividad tectónica y una minería de altísimo riesgo sísmico y volcánico (ver mapa de riesgo sísmico). Las mismas fallas incidieron en los terremotos de Popayán en 1983 y Armenia en 1999, y prevén los expertos que los próximos eventos podrían ocurrir en localidades vecinas a Cali y Manizales. El estudio indica que Caramanta tiene una oferta hídrica rica pero incierta, que recibiría un grave impacto con minería de gran escala por el excesivo consumo de agua, equivalente al de una población de 20.000 habitantes, y traería escasez y racionamiento. El Esquema de Ordenamiento Territorial, vigente por Acuerdo del Concejo Municipal de Caramanta, cuya visión a 2010 reza: “Un municipio económicamente autosostenible y rentable, convertido en el centro comercial y agrícola de la región”, es contradicho por el Código Minero que en su artículo 37 desconoce la competencia municipal para gestionar su propio territorio. Este conflicto, señala el investigador Alonso Cardona, lo podría solucionar la Corte Constitucional “restableciendo la competencia municipal usurpada o declarando inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas”, violatorio del Código de Régimen Político Municipal que en su artículo 33 ordena una consulta popular cuando una actividad turística, minera o de otro tipo amenace con transformar los usos del suelo o las costumbres tradicionales de un municipio. El estudio advierte sobre los impactos potenciales de la minería de gran escala sobre la biodiversidad de la Zona Cartama, en particular sobre especies vegetales en vía de extinción como laurel piedro, palma macana, palma de cera del Quindío, yolombó blanco, copachí, gallinazo morado, nadador, drago, bolinillo, chaquiro real y comino, y especies de fauna tropical como el oso andino, el loro orejiamarillo y el gallito de roca. Asociaciones de Caramanta están en resistencia contra la depredación minera, con caminatas, foros, talleres y cabildos abiertos. También subraya el grave daño sobre la cultura cafetera, como quiera que la minería desplaza cada vez más trabajadores agrícolas de ésta y otras regiones del país, con perjuicios en las formas de vida y la cultura tradicionales, y en el equilibrio ecológico de una tierra que muchos no sienten como suya. Explica el autor: “Las grandes mineras tienen que quitar centenares y miles de hectáreas de suelo superficial para destapar y pulverizar las rocas; ello implica destruir bosques, desviar fuentes de agua, intervenir santuarios de fauna y flora acabando con su hábitat por deforestación, construcción de infraestructuras, y por ruidos”. Además, la minería destruye porciones de selva y estrellas fluviales que alimentan a varios municipios. La comunidad tiene la palabra El sacrificado asesor de paz de la Gobernación de Antioquia, Gilberto Echeverri Mejía, repetía que sólo la voluntad decidida de todo un pueblo puede parar una guerra. Y ésta puede ser del hombre contra el hombre o contra la naturaleza. Así, las dragas, el mercurio y el cianuro también pueden volverse armas de destrucción masiva, si no se usan con inteligencia. El investigador Alonso Cardona señala que “cualquier persona y en cualquier tiempo puede promover acciones de nulidad contra la Licencia Ambiental o contra la forma como se ejecutan por el concesionario”, parando automáticamente una explotación, máxime cuando el Estado colombiano renunció a su intervención directa en el sector minero sin hidrocarburos. Asociaciones de Caramanta como las de Productores Agropecuarios, de Mujeres, Asocomunal, de padres de familia y el Comité de Reconciliación están en resistencia contra esta depredación con caminatas, foros, talleres y cabildos abiertos, promueven la producción agroecológica para la seguridad alimentaria, piden crear la “licencia social” para la minería y declarar inconstitucional el artículo 13 de la Ley 685 que señala la minería como actividad de utilidad pública e interés social, excluir de la minería las zonas vulnerables, reformar el sistema de regalías, fortalecer las autoridades ambientales, redefinir las áreas protegidas, hacer realidad los planes de manejo ambiental, y promover la defensa colectiva de los municipios. El autor del libro declaró a EL PULSO: “En el largo plazo se acaba el oro y, ¿qué queda? Por eso, la comunidad se moviliza contra formas atentatorias contra el medio ambiente de la región; una minería en gran escala, que consume infinita cantidad de explosivos en tierras profundamente frágiles, que las derrite el agua, es sumamente riesgosa, además en una zona altamente sísmica. Imaginemos unas tuberías, los llamados “diques de cola”, los cuales llevan el oro disuelto en cianuro, y que las fallas geológicas dañen esas tuberías y los escapes permanentes lleguen a las fuentes de agua. Busquemos mejor una minería en pequeña escala, controlada, que mejore su tecnología, que respete el ambiente. Si entra una compañía minera, ¿para quién sería el agua: para la empresa o para los ciudadanos?”. En su película “La quimera del oro”, Chaplin se burla de la loca fiebre minera. John Huston y sus compañeros en “El tesoro de la Sierra Madre”, ríen cuando el viento arrastra el oro en polvo, y Midas sólo es feliz cuando se cura de su fiebre aurífera. ¿Se curará Colombia de su ambición por el codiciado metal?.