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El desempleo ha disminuido: del
año 2005 al 2010 oscilamos en una tasa del 12% y de allí
en adelante bajamos al 10%. No obstante, desde hace 2 años
alrededor de 2 millones de personas permanecen desempleadas,
que con sus beneficiarios suman 4,2 millones de colombianos
en riesgo de pobreza; infortunadamente, las expectativas de
más empleo no son buenas hacia el futuro inmediato. Por
ello, incluir mecanismos de protección al cesante o desempleado
que cubran la pérdida de sus ingresos y los riesgos que
de ello se derivan, estimulando la reinserción en el
mercado laboral y que sean financieramente sostenibles, es todo
un reto para países como el nuestro.
La historia colombiana del auxilio de cesantías -que
es un ahorro para invertirse al perder el empleo- es trágica,
por su cobertura parcial al quedar sólo para la masa
laboral formal de bajo y mediano ingreso, y por su uso inadecuado
financiando gastos suntuarios como fiestas de primeras comuniones
y los “quince de la niña”, así se disfracen
como gastos educativos o de mejoramiento de vivienda; ahora
cabe esperar que la política de vivienda de interés
social reduzca dicha práctica.
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Hace una década
se legisló creando un subsidio al desempleo a través
de las cajas de compensación familiar, que permiten al
recién desempleado capacitarse en artes y oficios, y
decidir entre un subsidio alimentario o la cotización
a la salud contributiva, por 6 meses. Es así como en
los últimos 8 años, 98 de cada 100 seleccionan
la alternativa de alimentos y tratan de acceder a la salud vía
régimen subsidiado, lo que es racional si se es realmente
pobre, pero gravísimo si se simula la pobreza.
Mecanismo de Protección al Cesante
-MPC-
Se estima que cerca de 3 millones de colombianos no
deberían estar consumiendo al menos durante 6 meses la
Unidad de Pago por Capitación (UPC) subsidiada, lo que
representa un despilfarro anual de un billón de pesos;
adicionalmente, parte significativa de esta población
genera una distorsión de la realidad del aseguramiento,
porque la EPS contributiva no la retira, pero tampoco la atiende,
y acceden a la EPS subsidiada creando la multi-afiliación,
o en su defecto demandan el servicio a los hospitales públicos
como pobres no afiliados, agudizando la crisis financiera de
los mismos o de los departamentos. En síntesis: es un
colombiano no pobre que consume ambas UPC (del contributivo
y del subsidiado), y recursos de los municipios y los departamentos,
lo que hace “gritar” a las entidades de control.
Ahora, la Ley 1636 que crea el “Mecanismo de Protección
al Cesante”, recientemente aprobada, integra y articula
las diferentes vías mencionadas de una manera creativa
y progresiva, así: Beneficia tanto a trabajadores dependientes
como independientes, exigiendo un mínimo de afiliación
al subsidio familiar. El eje financiero de este mecanismo es
un sistema de ahorro voluntario individual de las cesantías
del trabajador, complementado con un Fondo Solidario aportado
con recursos del subsidio familiar. |
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Al cesante se le subsidiará
la afiliación al
sistema de salud y pensiones, y los beneficios
del subsidio familiar, con una base salarial del mínimo
legal,
y/o brindará a los trabajadores dependientes cuando
estén en desempleo, una prestación monetaria
si se
compromete parte de las cesantías.
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Al cesante se le subsidiará
la afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud y de Pensiones, así como todos los beneficios
correspondientes al subsidio familiar, con una base salarial
del mínimo legal, y/o brindará a los trabajadores
dependientes cuando se encuentren en desempleo, una prestación
monetaria si se compromete parte de las cesantías.
Con una inversión mínima y sostenible, cofinanciada
entre el empleado y su caja de compensación familiar,
se garantiza la continuidad en su EPS contributiva, lo cual
estimulará a afiliar a su grupo familiar, porque quienes
tienen empleo coyuntural -períodos menores a 8 meses-
dejan su esposa(o) e hijos en el régimen subsidiado,
“por el miedo de perder el Sisbén”. Podremos
aspirar a que con la operación real de esta ley, la cifra
de colombianos en el contributivo sea similar a la del subsidiado,
liberando recursos para hacer sostenible el sistema de salud.
Si a lo anterior se suma que las EPS o futuras Gestoras de Servicios
de Salud actúen en ambos regímenes y tengan cobertura
departamental o regional, la expectativa de una mejor gestión
del riesgo en salud es evidente, incluso por los hospitales
públicos que explican hoy parte de su cartera en glosas
por población subsidiada que luego resultó estar
en el contributivo o no afiliada.
Tener un millón o más de colombianos en condición
de trabajar, con una continuidad de afiliación activa
al régimen de pensiones a pesar de estar desempleados,
no puede calificarse como “el tercer pilar” del sistema
de pensiones, pero si permite una mejor cobertura de los riesgos
de invalidez y muerte, y no es despreciable el acercamiento
real a una vejez con un mínimo de ingresos.
Todo lo anterior se articula con un sistema de intermediación
laboral, a través del Sistema Público de Empleo,
con la meta de lograr la reinserción laboral antes de
6 meses, período máximo del disfrute de los subsidios;
adicionalmente, puede acceder a capacitación en el Sena
y las mismas cajas de compensación, que de paso incentiva
la búsqueda activa de empleo para que el desempleado
encuentre un empleo acorde con sus capacidades, evitando así
la caída en la informalidad de trabajadores formales.
Queda el reto de hacer algo similar para la población
informal, pero hay que reconocer que la mejor manera es evitar
que dicha población crezca y ojalá se reduzca.
Las obras y proyectos nacionales y territoriales, como vivienda
nueva, carreteras, vías y equipamiento urbano en general,
así como los proyectos de servicios sociales, permiten
ser optimistas para el caso de Medellín y Antioquia en
general, esperando que la industria recupere la senda de crecimiento
que traía en los últimos años y genere
un volumen significativo de nuevos empleos formales. |
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