Dentro de las determinaciones
de la Sentencia T-970, la Corte ordenó al Ministerio
de Salud que en 30 días hábiles emitiera una directriz
y dispusiera lo necesario para que EPS, IPS y prestadores del
servicio de salud, conformen un comité interdisciplinario
que cumpla las obligaciones señaladas. El Ministerio
convocó un grupo interdisciplinario que sesionó
los días 27 de febrero, 6 de marzo, 16 de marzo, 20 de
marzo, 10 de abril y 16 de abril de este año, y que propuso
recomendaciones sobre las directrices.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en virtud de la complejidad
de algunos temas, solicitó a la Corte una ampliación
del plazo y una audiencia especial para aclarar ciertos tópicos
del procedimiento a morir con dignidad, peticiones negadas en
el Auto del 26 de marzo de la Corte, por lo que se reiteró
la orden de entregar la directriz en los términos fijados.
Por ello, cumpliendo la orden cuarta de la sentencia T-970/14,
el pasado 20 de abril el Ministerio expidió la resolución
1216 que establece directrices para la organización y
funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad.
Procuraduría solicitó no expedir resolución
La Procuraduría General de la Nación solicitó
al Ministerio de Salud no expedir el proyecto de resolución
señalado, por estimar que el Ministerio actuaría
fuera de sus competencias, dado que la imposición de
límites al derecho a la vida y obligaciones a los médicos
al respecto, es materia que corresponde exclusivamente al legislador
estatutario por ser una norma que reglamenta un derecho fundamental.
Además considera que el proyecto de resolución
del Ministerio nuevamente pretende regular la objeción
de conciencia, como en la norma sobre aborto, cuando "por
su conexidad con la libertad de pensamiento que garantiza la
Carta Política (art. 18) constituye un derecho fundamental,
cuya regulación mediante leyes estatutarias está
asignada de manera privativa al Congreso de la República
por el artículo 152 Constitucional. También advirtió
al Ministerio que se trata de una orden de la Corte Constitucional
referente a una sentencia cuya nulidad está siendo discutida. |
