En el 2017 las expectativas para el sector de la salud, el educativo y otros componentes sociales, están cifradas en la forma en que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República definan el nuevo mecanismo de ajuste fiscal. Además, en la forma en que calculen y distribuyan, en lo sucesivo, los recursos en atención a la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, y a lo dispuesto en los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, relacionados con las transferencias de recursos para la ejecución de políticas en materia de gasto público expresadas por los entes territoriales (departamentos, distritos, municipios) en sus planes sectoriales, locales y de desarrollo.
Un cambio contrario a sus necesidades y demandas públicas, implicaría recortes en asistencia de los programas y con ello, disminución de coberturas y atenciones, lo que indefectiblemente se traduciría en pérdida de calidad de vida para sus comunidades.
El Sistema General de Participaciones (SGP) administra los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para lograr financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y los definidos en las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
Los cálculos iniciales del Gobierno Nacional daban cuenta de que el crecimiento de las transferencias dispararían el déficit en las finanzas de la Nación; para determinar el monto de los recursos del SGP para transferir a las regiones, se partió del asignado en el año 2001, que fue de 10 billones 962 millones de pesos. El profesor Darío Restrepo demostró que las entidades territoriales recibieron menos recursos desde el año 2002 a 2008 con una pérdida acumulada de 17.56 billones.
Si bien en cada uno de los debates se mejoró la propuesta inicial del gobierno, los recursos aprobados siguen siendo insuficientes y se encuentran muy lejos de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2001 en su parágrafo transitorio: un crecimiento del 4%, el 3.5% y el 3%, con algún incremento por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 4%, y unos recursos adicionales para educación que no constituyen base de liquidación para el año siguiente.
Notamos que se mantiene una distribución lesiva a las entidades territoriales si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional tuvo previsto un crecimiento de los Ingresos Corrientes de la Nación por encima del 5% en el marco fiscal de mediano plazo del 2007. Según nuestros cálculos, con el Acto Legislativo 04 de 2007, el Sistema General de Participaciones dejó de recibir 78.61 billones de pesos de 2006 en el periodo comprendido entre 2008 y 2016, al no aplicarse lo dispuesto en el parágrafo transitorio número 3 del Acto Legislativo 01 de 2001.
Ya un primer cambio afectó dramáticamente las finanzas territoriales en la distribución de los recursos del SGP en el año 2015, referente al componente de prestación de servicios a la población pobre, en las actividades no cubiertas con subsidios a la demanda que estaban en el 24,47% y que pasaron a 10%. Esto implicó que solo para el departamento de Antioquia se diera una disminución de casi $90.000 millones, por lo que la atención a estos pacientes se hizo compleja, enrareciéndose ostensiblemente la prestación de servicios en salud.
Un cambio en la metodología de asignación y distribución de recursos para los entes territoriales a partir del nuevo esquema que se adoptará mediante reforma constitucional, deberá consultar las reales necesidades del sector salud, máxime que las dos reformas constitucionales anteriores menguaron sensiblemente las finanzas territoriales y con ello el financiamiento de la salud que hoy padece tales desequilibrios fiscales.
Se suma también que la pretensión inicial del incremento del presupuesto nacional, que era de $4,5 billones, fue menor; dado el aumento de solo $800.000 millones ($22.2 billones en presupuesto para 2017). Para el año 2017 el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue incrementada en 8.02%, sin embargo, al cierre de esta edición, no se conoce la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) general y del grupo salud, con lo cual el desfinanciamiento y desequilibrio económico en el aseguramiento tendrá un mayor impacto en las ya disminuidas finanzas del sector que cada vez reclama mayores recursos dada la brecha real entre un gasto en salud mayor y un ingreso por UPC deficitario que no recoge la carga de la enfermedad, la caracterización epidemiológica y el creciente y expansivo costo médico.
No quisiéramos pensar que, al cierre de esta edición, tuviéramos que decir "El Señor nos coja confesados en el sector salud", porque los recursos van a ser menores y con ello más muertos en el país.