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¿Reformas para
la Ley 715 en 2017?
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Financiamiento
del 'No POS'
y las competencias locales:
requerimientos a la ley 715
Yenny
Martínez, Periodista - elpulso@sanvicentefundacion.com
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| La
Ley 715 de 2001 intentó corregir las fallas respecto
a la optimización de los recursos y la responsabilidad
de los distritos, departamentos y municipios en relación
con la inspección, vigilancia y control del servicio;
sin embargo, diferentes sectores y organizaciones de salud afirman
que son necesarios unos ajustes pues esta ha abonado a la crisis
en la que hoy se encuentra la salud en Colombia. |
| La Ley
715 establece legalmente la naturaleza del Sistema General de
Participaciones (SGP), con la cual se redefinen las competencias
y la distribución de los recursos para la financiación
de los servicios de salud, educación y saneamiento; cuando
se sancionó se hizo con el ánimo de corregir las
fallas en la distribución de los recursos y la atribución
de competencias. Sin embargo, los diferentes sectores de salud
piden que se les devuelva a los territorios algunas facultades
administrativas y, al vencimiento del plazo del ajuste de 2008
al artículo 357, se revindique la fórmula anterior
para el cálculo de los recursos territoriales, pues en
materia de financiación a las autoridades locales no
les funciona positivamente. |
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Para
el doctor Luis Alberto Martínez, director de la Asociación
de Empresas Sociales del Estado de Antioquia - AESA, el principal
bache de la Ley está vinculado al financiamiento del
'No POS', dado que los entes territoriales, departamentos y
distritos, no tienen suficientes recursos económicos
para asumir esa responsabilidad. “La Gobernación
de Antioquia, por ejemplo, tiene una enorme deuda con varias
entidades, porque no le alcanza los recursos; por lo que estamos
pidiendo que esa responsabilidad se les quite a las entidades
territoriales y la asuma directamente la Nación, como
se hace en el Régimen Común, donde lo 'No POS'
lo asume el Fosyga”. |
Agrega
que, producto de la Ley 715 -como de la 617 y el artículo
357- los entes territoriales se han visto abocados a una disminución
de los recursos que resulta en la competencia ineficaz de sus
funciones y un adelgazamiento en sus nóminas, pues deben
cumplir con una regla fiscal que les impide exceder determinado
porcentaje en el gasto social para las funciones asignadas por
la misma. De esta manera, “el llamado al Congreso es a
que trate de agregar más puntos por encima del IPC, para
que el SGP llegue con mucha más fluidez a los entes territoriales”,
comenta el doctor Martínez.
Por su parte el director de la Corporación Colombiana
de Secretarios Municipales y Distritales de Salud - Cosesam,
Julio Alberto Rincón Ramírez, no se muestra optimista
frente al aumento de los recursos para el financiamiento del
SGP; además, cree que ahí no está el problema,
ya que se le ha conferido un margen dentro del presupuesto para
obrar y, el problema podría resolverse con una organización
interna de distribución de los recursos. “Yo no
creo que podamos sacarle más recursos al SGP para salud.
Lo que se puede decidir es quién los recibe y quién
los administra”, asegura Rincón.
Rincón considera que la fórmula del Artículo
357 debió ser ajustada este año, pues pone en
desventaja económica al SGP. Respecto a la Ley 715, la
discusión debe apuntar a la competencia de los encargados
de los recursos. La norma actual “le quita la autonomía
y autoridad a los municipios, lo que fue un retroceso, por lo
tanto se debe recuperar esa capacidad de ser local”. Agrega
que el Gobierno Nacional debe entender los límites territoriales
“hoy los pagos son nacionales, por lo que se ha visto que
se perdió el control absoluto sobre las EPS. La idea
es recuperar ese control”.
El doctor Luis Alberto Martínez considera, además,
que el llamado no es solamente por los recursos, sino por la
devolución de unas competencias que se le han quitado
a las entidades territoriales de forma reglamentaria, en las
que el Ministerio ha dictado normas autocráticamente,
antes que proponerlas al Congreso, en contra de las leyes orgánicas.
Ante este panorama, en el que las entidades territoriales pierden
competencias administrativas y se les reduce el presupuesto
para el gasto social, la tarea que le queda a la Ley 715 para
el 2017, es reactivar el cometido de lo propuesto hace 15 años:
la optimización de los recursos y la delegación
de responsabilidades que garanticen el derecho a la salud de
todos los ciudadanos. |
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