Presidente Santos no renuncia a su obsesión por ingresar a la OCDE ¿los ciudadanos debemos pagar el precio?

El Presidente Juan Manuel Santos no renuncia a su obsesión por ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Habiendo sido capaz de conseguir un acuerdo de paz que le ha significado el premio Nóbel, merecidísimo, parecería que no quisiera terminar su mandato sin ese segundo premio, el cual el Presidente apreciaría mucho, porque mucho se preparó para ser presidente y mucho trabajó le costó.

No puede evitar el Presidente, por su origen, por su formación y por su talante, el que se le critique que la OCDE es un club exclusivo, y que él preferiría ser presidente de un país miembro del club, a pesar de que, en su país, se mueran niños por hambre, se caigan puentes de las carreteras de cuarta generación, los túneles nunca se terminen, mueran diariamente líderes comunitarios en total impunidad, y el fiscal anticorrupción esté negociando penas por haber recibido millonarios sobornos. Y un muy largo etcétera. Pasando, como no, por el gran número de municipios que no tienen agua potable ni alcantarillado.

Hemos de reconocer, sin embargo, que ingresar a la OCDE implica transformaciones positivas, en la medida en que se trata de un club de países comprometidos con buenas prácticas. Buenas prácticas para la regulación del mercado, para limitar la corrupción, para modernizar la administración. En el siglo pasado se hizo famosa la expresión, que se atribuye como muchas otras de profunda sabiduría política, al expresidente Turbay, según la cual, detrás de cada ley, siempre había un beneficiado. Siempre había un buen negocio. Eso ha cambiado, justamente porque Colombia ya ha pasado más de veinte comités de evaluación, y muchas prácticas definitivamente corruptas, han desaparecido o se han penalizado. Algunos dirán, entonces ¿antes la corrupción era peor? Ciertamente sí. Mucho peor. A tal punto, que ni nos enterábamos. Hay sin ninguna duda avances en la arquitectura institucional hacia la transparencia y eso es algo que, aunque poco se le reconoce a la administración Santos, ha cambiado el país.

Pero todo indica que hay socios del club que no son ni honestos ni correctos ni respetables. Después de haber superado el examen de más de 20 comités, Colombia esperaba el examen del comité de comercio. Y por razones que tienen que ver con el derecho al veto que tienen los socios del club, Suiza y los Estados Unidos decidieron ejercer ese derecho, a menos que Colombia cumpliera ciertas condiciones.

Nos referimos, como era de esperarse, a condicionamientos en la salud. Y como era de esperarse, a condicionamientos en asuntos relacionados con la industria farmacéutica multinacional. Condicionamientos de los que, gracias a la transparencia que la OCDE pregona, tenemos pruebas documentales que ya son de dominio público. Suiza y Estados Unidos presionaron a Colombia para que modificara decisiones que no han gustado a laboratorios farmacéuticos específicos como Novartis, Gilead, BMS y Abbvie.

Novartis en particular pasará a la historia por su estilo arrogante y colonial, con el que pidió directamente al Presidente Santos, revocar las decisiones del gobierno con respecto al caso del imatinib, en el marco, nada menos, que de las negociaciones del apoyo de Suiza al postconflicto. Qué vergüenza.

Refresquemos el asunto. Novartis, gracias a la negligencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, obtiene una patente (en una decisión más que discutible del Consejo de Estado) sobre el imatinib, producto del cual existían en el mercado más de ocho alternativas genéricas que costaban mucho menos. Alternativas que, de nuevo, gracias a la SIC (entidad responsable de la defensa de la competencia) debieron salir del mercado. El Ministerio de Salud y Protección Social, responsable de la estabilidad financiera del sistema de salud, inicia un proceso (a pedido de la sociedad civil) para someter a las patentes del imatinib a una licencia obligatoria.

Las licencias obligatorias constituyen una práctica aceptada en el seno de a OCDE. Alemania, Italia, Canadá y muchos otros miembros del club, las han utilizado. Pero al parecer, no está bien que un país como Colombia las utilice, en detrimento de los intereses y la ambición de Novartis. Los del norte somos del norte y no está bien que los del sur, ejerzan sus derechos. ¡Ni siquiera como mecanismo para poner fin a una guerra civil de más de 50 años!

Los Estados Unidos no se han quedado atrás. El Ministerio de Salud ha iniciado (a pedido de la sociedad civil) un procedimiento para determinar si los medicamentos para la hepatitis C, son un asunto de interés público, dados sus exorbitantes precios. El Representante comercial de los Estados Unidos está solicitando que el proceso de estudio y análisis se suspenda, pues lesiona los intereses de empresas norteamericanas como Gilead. Si, Gilead, la del Tamiflu®, la del truvada®.

Nada envidiable la postura de los negociadores colombianos que deben ceder, día tras día, a los caprichos del USTR, de PhRma y de AFIDRO. Poco espacio de negociación tiene quien, desde antes de empezar, ha dicho que hará cualquier cosa con tal de entrar al club.

El precio, sobre todo, lo ha tenido que pagar el Ministerio de Salud. Sin duda el Ministro, víctima de absurdas presiones, pero en la práctica, los contribuyentes. Que somos todos y que pagamos precios no competitivos por los nuevos medicamentos, no solamente a través de las contribuciones obligatorias al sistema de salud, sino también a través de los impuestos generales que financian el régimen subsidiado en gran medida.