La tradición médica occidental, expresada en el juramento hipocrático, ha mantenido una tesis clara y coherente: “Callaré todo cuanto vea y oiga, dentro o fuera de mi actuación profesional, que se refiera a la intimidad humana y que no deba divulgarse, convencido de que tales cosas deben mantenerse en secreto.”
No escapa la medicina a las corrientes avasalladoras de la aplicación industrial de las tecnologías; parte de este proceso es la imparable tendencia al manejo electrónico de los datos que configuran la historia clínica, pues parecen evidentes los beneficios vinculados a tal sistematización, en lo que atañe al orden, agilidad y economía en el manejo de los mismos.
Sin embargo, no dejan de abrirse nuevos interrogantes en relación a algunos de los aspectos de la aplicación de los sistemas masivos de manipulación electrónica de datos en este campo particular, máxime cuando surgen las cuestiones de “quién” tiene acceso a la información y cuáles son los fines que motivan dicho acceso. Ilustremos con ejemplos: se conoce la posibilidad de aplicaciones de determinadas pruebas diagnósticas -química sanguínea- como pruebas de tamiz para la predicción de determinadas enfermedades. Se conocen marcadores genéticos aplicables para la evaluación del riesgo de padecer algunas patologías: (tumores de mama, de ovario, de colon). Hay gran desarrollo de pruebas que sirven como marcadores precoces de enfermedad en fases preclínicas.
Considerando la realidad vigente de una mentalidad pragmática y eugenésica se ve cuántos intereses, diferentes a los del propio paciente, operan en lo relacionado con los datos de la historia clínica. Con el acceso a esta información, los planificadores y comerciantes de la salud, encargados de defender los intereses financieros de las aseguradoras, pronto entran en contradicción con las expectativas del paciente. Son bien conocidos los diversos mecanismos de exclusiones y selección adversa; nuestra normatividad acuñó, como buen ejemplo, el de “enfermedad catastrófica”.
Puede suceder que el intermediario financiero lo sea también de la información (“intermediario informático”), la cual, usaría en beneficio de sus propios intereses, no de los del enfermo. Estas son consecuencias de un engranaje ideológico materialista, apoyado en el sistema jurídico que rige. Este sistema entiende -equivocada-mente- al acto médico en condiciones de igualdad a la compra-venta de bienes o servicios de características industriales. Aunque hoy muchos médicos (o proveedores de servicios y de tecnología médica) crean y a la vez se lucren de la dicotómica situación, no deja de tener realidad y pertinencia la declaración milenaria del juramento hipocrático citado.
Por delante está una buena tarea para legisladores y académicos: verificar el modo cómo será manejada la información y cómo se mantendrá la reserva de la historia clínica. La Ley 23 contiene en el artículo 34: “La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”. A fin de cuentas, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”.
Cuando las compañías intermediarias de salud hagan uso del “manejo privilegiado” (un equívoco concepto sajón) de la información ex-tractada de la historia clínica por medios electrónicos, estarán violando la declaración universal de los derechos humanos. Habrán iniciado una forma particular de discriminación, la e-discriminación: selección adversa basada en archivos clínicos con fines de exclusión de servicios médicos.
No se niegan las ventajas de un manejo sistematizado de los datos. No por ello se ofusca la percepción para dejar de notar la necesidad de una reflexión tenaz en el sentido de los peligros y dificultades que van surgiendo a medida que el progreso nos arrolla. Existen “e-interrogantes” que no son virtuales.
La validez perenne del juramento hipocrático en lo relacionado con el secreto se vincula con una realidad del ejercicio humano de la profesión médica: la base de la confianza entre dos personas es la salvaguarda de la intimidad. Los feroces ataques de algunos teóricos contra el clásico juramento no son el producto de un inocente prurito innovador, son sólo un intento más de imposición ideológica que pretende someter las nuevas normatividades al servicio de los más fuertes

Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-