Toda política, proyecto o programa en salud, está orientado a salvaguardar la existencia y el mejor estar de los grupos de población que pretende beneficiar. Ante sí misma y ante el mundo, Colombia afirma estar comprometida con sus niños, con las madres que los traen al mundo y con los padres que los procrean; a fin de cuentas, ellos son base y sostén del futuro de la Nación colombiana. Por eso, por ellos y para ellos, se diseñó y se aplica en el país una Política de Salud Sexual y Reproductiva. Más que controlar el crecimiento de la población, se busca mejorar sus condiciones de existencia en lo que tiene que ver con la reproducción y, convertirlos en sujetos que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos y que acceden a los servicios de salud que precisan en la materia.

Sin embargo, algo está fallando. Se dirá que no es por falta de voluntad oficial, porque el gobierno promueve la política, pero de lo no logrado hasta ahora, dejan constancia los miles de madres muertas en la gestación o alrededor del momento del parto por complicaciones o falta de atención oportuna y de calidad; los millares de niñas, porque más que adolescentes son niñas, que sin terminar de crecer están trayendo otros niños al mundo, y más grave aún, cuando un número importante de ellas padece la tragedia del desplazamiento; también dejan mudo testimonio desde comienzos de los 80´s, los alrededor de 11.000 colombianos fallecidos por causa del sida. Y qué decir del aumento del cáncer de cuello uterino y de mama, por falta de detección temprana y atención oportuna. O del aumento de enfermos de sífilis congénita y hepatitis B en recién nacidos.

Además, es incluso exasperante, la especulación en torno de las cifras de aborto: se habla de unos 400.000 al año, pero dada la ilegalidad del tema y la estigmatización a la mujer, se estima que sólo se reportan 1 de cada 5 casos o 1 de 10, por lo que habría una dolorosa y alarmante cifra de 2 a 4 millones de abortos al año, con las implicaciones traumáticas que esto trae para la mujer, la familia y la sociedad toda. Para rematar, la violencia doméstica y sexual deja cada día muchas mujeres y muchos niños maltratados, con secuelas físicas y mentales que muchas veces no se atienden y más veces no se denuncian siquiera.

¿Qué decir entonces ante cuál de estas dolorosas realidades? En Colombia sí hay política de salud sexual y reproductiva, hay compromiso interinstitucional en mejorar la calidad de los servicios y en garantizar acceso efectivo, pero faltan recursos y programas de largo plazo, porque no basta con fugaces campañas publicitarias: Los indicadores seguirán disparados y los resultados de gestión deprimentes, en una política de desarrollo del país.

Debe ser una política multisectorial, que involucre el sector educativo para que se haga educación y formación sexual desde la casa, y atraviese todos los niveles de educación. A mayor educación, menos mortalidad materna, menos embarazos no deseados, menos embarazos en adolescentes, menos lugar a la violencia intrafamiliar, y menos infecciones de transmisión sexual y sida. Y esa educación debe tener perspectiva de género, desde las mujeres y desde los hombres, con equidad y comportamiento sexual responsable desde unas y otros.

La mortalidad materna se puede reducir, según experiencias de países más pobres como Sri Lanka y Honduras, con estrategias de acceso universal a servicios obstétricos, calidad en el servicio, entornos habilitantes (capacitación a médicos, pacientes y comunidades). La política debe incluir y fortalecer la atención efectiva a la muerte perinatal, que en la mayoría de los casos es evitable. Tampoco se puede descuidar la prevención en infecciones de transmisión sexual en poblaciones de riesgo diferentes a las de entre 15 y 49 años. Y debe haber educación y acceso universal en métodos de planificación.

Hay que considerar además que la violencia intrafamiliar tiene mucho que ver con la pobreza y la exclusión social, por lo que mientras no se aumente efectivamente el gasto social y se garantice el ingreso a la mayor parte de familias, se seguirá alimentando el caldo de cultivo para la violencia en todas sus manifestaciones. Y falta trabajar más en programas de convivencia pacífica y cultura ciudadana.

Una política de salud sexual y reproductiva no es sólo organización y financiamiento: necesita actividades de derechos humanos, desarrollo de personal de salud calificado y sensibilizado, vigilancia y control efectivo de las acciones de prevención y promoción que deben cumplir los actores del sistema de salud, y velar todos acuciosamente por el acceso y la calidad en los servicios. Sólo hasta entonces, cuando se atiendan estas y otras obviedades, y se logre bajar los indicadores perversos en salud sexual y reproductiva, Colombia podrá decir ante sí y ante el mundo, que es un país que protege su futuro, porque atiende en verdad las necesidades de sus hombres y mujeres en los delicadísimos procesos de la vida sexual y reproductiva.