Una cada seis horas

Es inmensa la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional para Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima- con todos y cada uno de los colombianos, pues en algún momento somos consumidores de algún producto: desde un analgésico hasta un antibiótico de última investigación, elaborado en cualquiera de las 166 plantas farmacéuticas que funcionan en el país. Y es más grande aún la responsabilidad de la entidad que vigila puesto que menos de la mitad de ellos, el 48%, posee el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. Con muy buen criterio el Invima ha puesto un plazo para que todos los laboratorios se ajusten y cumplan con lo necesario para obtener la certificación o de lo contrario cierren. Hasta finales del año pasado otros 113 laboratorios farmacéuticos cerraron o se dedicaron a otra actividad, en gran parte ante la exigencia que se les anunciaba. Pero la responsabilidad de todo el proceso, desde la adquisición de materias primas, elaboración del producto, distribución hasta el consumo, no es exclusivamente del Invima: también es de los consumidores, es decir, de los individuos y de las entidades, contando en el intermedio con los distribuidores, incluyendo acá, por supuesto, las farmacias, las clínicas y los hospitales, sin excluir a los profesionales que son quienes, de acuerdo con su criterio, formulan un medicamento.

Desde el punto de vista de bajar los costos a como dé lugar, el intento está bien pensado y por ahí derecho se borran los comités médico científicos, los comités de farmacia y terapéutica y cualquier otra instancia que pueda recomendar, aceptar o estar a favor del uso de un medicamento diferente a los contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, porque ¿en esas condiciones para qué esos entes? Hay que tener en cuenta que si se acepta el medicamento es para aplicarlo, luego no habrá discusión en cuanto a la pertinencia o una mejor recomendación médica. No puede perderse de vista que con la aceptación de esa propuesta se entrega el control que las clínicas y hospitales puedan hacer sobre la calidad de todos sus servicios en forma integral, puesto que ella se rompe y los médicos entregan las decisiones a que están obligados con su paciente y no por ello quedan eximidos de responsabilidad en lo civil y lo penal. Es claro que sigue en cabeza de todos la responsabilidad que se asume con el paciente.

La idea, nada juiciosa por demás,es de puras intenciones económicas y va cargada de implicaciones frente a la ley, a la ética, al nombre, a la credibilidad y al prestigio. Pero ojo con esto: ella conlleva para el médico entregar de lo que le resta: su criterio profesional.

Si los médicos y los centros asistenciales aceptan o no medicamentos e insumos suministrados por terceros, no puede ser el resultado del tira y afloje que se produce por una relación exclusivamente monetaria, en la que termina imponiéndose quien tenga el dinero en la mano.

En un ambiente como el que tenemos, en el que aún nos falta mucho por lograr frente a las condiciones de elaboración de los productos farmacéuticos y de garantizar su calidad -no de todos por fortuna resulta peligroso entregar el control de la adquisición y seguir respondiendo totalmente por el paciente.

Para no caer en la tentación de recibirle productos de uso hospitalarios a las EPS, porque habrá quien que con ingenuidad la haga, la negativa debe ser una disposición del Ministerio de Salud dentro de su obligación de velar por la salud de los colombianos. Entre tanto, tiene que haber una definida y contundente política de todas y cada una de las clínicas y hospitales y una decisión de todos los médicos del país.

Suministrar medicamentos a una persona no es tan simple como desentenderse después de decir: tomar una cada seis horas.