Duele la liquidación de ACES (Aerolíneas Centrales de Colombia), especialmente a quienes nacimos en el eje cafetero, nos formamos en Antioquia y nos hicimos -así sea en parte- en Urabá. ¿Qué hubiera sido de tan importante región en los años 80 y los 90 sin ACES? Sólo nos queda esperar que sea verdad lo que dicen los que adoran el mercado y su invisible mano: “Otra aerolínea vendrá y seguro hasta mejor”, y que adicionalmente al mejorar las vías terrestres y la seguridad, cada vez sean menos quienes requieran del servicio de transporte aéreo.
Pero que lo anterior ocurra con instituciones de salud tan importantes como es una Empresa Promotora de Salud o EPS buena, que las hay y no pocas, debe generar preocupación y debate no solo en el gobierno, sino en el Congreso de la República y en todos los espacios que reúnan a aquellos que estamos de manera ineludible ligados al sector salud.
La venta de EPS buenas -por cifras tan cuantiosas- como Cruz Blanca el año pasado y Cafesalud en este, solo mereció elogios para quien las adquirió, ubicándolo como ejemplo de éxito en la gestión financiera, que es además de admirable, casi increíble. Pero qué desazón, frustración y tristeza -similar a sus pares de ACES- plantean aquellos que las hicieron con una visión de largo plazo, no como inversionistas sino como administradores y prestadores. El modelo Cruz Blanca era admirable: costos racionales sin sacrificar calidad y oportunidad en el servicio; cualidades similares tenía Cafesalud, especialmente por su sentido de pertenencia y compromiso con la salud de los cafeteros. ¿Quién sino ella debía manejar los subsidios para el cosechero migrante? No puedo decir que hoy son menos buenas que antes, pero la realidad es que con la venta adquieren otra dinámica.
Las preguntas que nos asaltan a aquellos que nos duele y pertenecemos al sector salud, comparando las reacciones -casi anafilácticas- por las venta de ACES y la adinamia por la de las EPS mencionadas, es: ¿el gremio cafetero de Antioquia y en general Antioquia la Grande, habrían sido tan apáticos -como con Cafesalud- ante una posible venta de ACES a Avianca hace 3 años, en el evento que esta última estuviera en condiciones de comprarla? ¿Se habría constituido el Superintendente Emilio Archila en un héroe nacional por su postura antimonopolio? ¿Qué Superintendencia evalúa y aprueba en el sector salud -régimen contributivo- la posible inconveniencia para los usuarios de la venta de una EPS? ¿Acaso el sagrado derecho y principio de la libre elección no amerita ningún análisis?
Más aún: ¿Por qué las grandes negociaciones e inversiones en el sector salud no generan ni siquiera un debate? Solo se limita a conversaciones de cócteles y eventos, en la simple actitud de espectadores: “Saludcoop las incorporará”, dice uno. “No, todo queda en una de las adquiridas porque son Sociedades Anónimas” dice otro. “Apuesto, porque tengo buena fuente, que comprará otra más antes de terminar el 2003”, dice el tercero. Conjeturas y cábalas que solo generan la preocupación de aquellas que ya presienten que serán las adquiridas.
Definitivamente diez años no es nada sino todo. La Ley 100, aceptaron tirios y troyanos, se justificaba principalmente por la conveniencia que para el usuario representaba tener libre elección, porque era imprescindible la competencia y porque calificábamos como nocivo el monopolio del Seguro Social (ISS). ¿Ahora resultará que es benéfico? ¿Quién puede negar que la atención de los aún afiliados a Cruz Blanca y Cafesalud, no dependa de las decisiones de Saludcoop? Argumentos de orden jurídico sustentarán seguramente que son 3 personas distintas, pero: ¿cómo, con quién y dónde se hicieron las negociaciones con los hospitales públicos para atender a los afiliados al régimen subsidiado de Cafesalud en abril pasado?
La gestión financiera de Saludcoop es admirable: “me quito el sombrero”. Invertir más de 40 millones de dólares en un año en la sola compra de ambas EPS, así lo certifica, pero debe evaluarse si la compra no afectó la oportunidad y calidad del servicio para todos sus afiliados, y si los derechos laborales de sus antiguos empleados se vigiló, como se promete ahora con el caso ACES. Debo aceptar que hay diferencia: ACES se liquidará, las EPS simplemente se vendieron, ¡pero es que en la práctica se le parecen tanto!
Vaya pues nuestra expresión de solidaridad con los “dolientes” de ACES, igualmente y así sea tarde, con los que con la venta de Cruz Blanca y Cafesalud perdieron su empleo o al menos las condiciones. Les queda la satisfacción por haber hecho patria creando empresa, ojalá así fuera todo en el sector salud, porque aquí no hablamos de un simple viaje sino de la salud y vida de los colombianos. O que al menos sirva el triste caso para que a las buenas EPS e IPS no las sigan enajenado ni liquidando... ¡Y así nos va!.

En realidad, el consentimiento idóneo -mejor que ilustrado- consiste en solicitar autorización al paciente o a su representante cuando éste está incapacitado para otorgarla, para llevar a cabo las acciones diagnósticas o terapéuticas que le propone el médico. Solicitar este permiso es, simplemente, reconocerle su dignidad incondicional y aceptar que, con la debida información o ilustración sobre su estado clínico patológico, tiene el derecho, en una relación médico-paciente adecuadamente establecida, a decidir libre de toda presión interna y externa sobre el cuidado de su salud, de su existencia.
Para que esta autorización o consentimiento sea válido éticamente, debe llenar algunos requisitos que el médico está obligado a comprobar que se cumplen, a saber: que el paciente entendió la información adecuada -no exhaustiva-- que le proporcionó sobre las medidas terapéuticas, sobre los riesgos y ventajes de éstas, sobre las consecuencias de rechazarlas; que su decisión no obedece a presiones externas familiares, sociales, etc.; que él como profesional fue capaz de disipar los falsos temores y las falsas expectativas creadas por consejas o informaciones incompletas de medios de comunicación, etc., y, muy importante y que requiere a veces intervención profesional especializada, si el paciente es competente para decidir, si su capacidad de optar en relación con el cuidado de su existencia, de su salud, no está alterada.
Una de las más frecuentes dificultades es la de la comunicación entre el médico y el paciente, porque el primero ha olvidado el lenguaje con el que éste, el paciente, conoce y se expresa sobre su organismo, sus dolencias, etc., y sólo encuentra un vocabulario técnico que nada dice al profano, al común de las gentes. La información que proporciona el médico debe ser para algunos autores totalmente neutra para que no influya en la decisión del paciente; sin embargo, si al médico le quedan dudas fundamentadas de que por cualquier circunstancia la decisión del paciente no es plenamente autónoma, si está en alguna forma restringida, no sólo es ético sino aconsejable que emplee su autoridad y sus conocimientos para convencer, nunca para imponer, iluminando conceptos, despejando dudas y temores para que el paciente opte por lo que de verdad es su mayor bien. Es el llamado paternalismo débil. No es ético que por temor a influir en su decisión, el médico permita que la opción del paciente sea equivocada, pero, como dije antes, su participación debe limitarse a convencer, a ilustrar, no a imponer ni a engañar.
En relación con el consentimiento informado en los menores, se acepta hoy que los padres no pueden, por creencias religiosas o por cualesquiera otras razones, exponer a sus hijos a la muerte o a secuelas definitivas por oponerse a un tratamiento probado, y el médico debe acudir a un juez de familia para que tome bajo su tutela al menor y autorice el tratamiento.
La autonomía del paciente no debe ni puede sobrepasar y, menos aún, anular la autonomía del médico. Éste, en el cumplimiento de su misión debe ceñir sus actitudes y sus actuaciones a buscar siempre el verdadero bien, total, pleno, del paciente como persona cuya dignidad es incondicional, máxima. Su conducta debe estar inspirada en la aplicación honesta y oportuna de sus conocimientos y habilidades y, además, según su conciencia adecuadamente iluminada, en el principio de que el bien que fundamentalmente busca para el paciente, no sea tergiversado por otros intereses o por caprichos del paciente que no pretenden el verdadero bien y se transan por el bienestar de éste o de quienes lo rodean. No es válida éticamente la disculpa del profesional cuando afirma que su conducta se debió a solicitudes del paciente.
Entre nosotros el artículo 16 de la Ley 23 de 1981 y los artículos 10, 11, 12 y 13 de su decreto reglamentario, establecen claramente los aspectos legales al respecto, entre otros que es el médico quien está obligado a advertir al paciente los riesgos previstos de las acciones que le propone al paciente y, además, que: «El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla».

Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-