Periódico EL PULSO

Buscando puerto seguro: eso es lo que están intentando en este momento los sectores comprometidos con el futuro del sector salud, en lo que tiene que ver con las normas que regulan el desempeño de los recursos humanos que lo mantienen vivo. En esa senda, nuestro país viene recorriendo enorme terreno desde hace varios siglos, con instituciones universitarias ceñidas a los principios éticos, filosóficos y científicos del resto del mundo, y no pocas veces a la vanguardia del universo de la salud.
Por ello cuando aparece un nuevo decreto de ley que busca reglar ese desempeño, hasta el más indiferente se siente aludido, y más cuando percibe que afectaría seriamente su calidad de vida personal y profesional. Ello sucede con el proyecto de ley 017 de 2003, radicado ante la Comisión Séptima en el Congreso de la República por los ministros de la Protección Social, Diego Palacio, y de educación, Cecilia María Vélez, para poner a consideración una propuesta oficial para establecer “los criterios generales que regulan el ejercicio, entrenamiento y empleabilidad del recurso humano para la atención en salud”.
No pasaron muchos días para que comenzaran las reacciones, en principio a la defensiva; dentro del sector salud, considerado como uno de los sectores productivos más importantes del país pero también como uno de los más desunidos y enfrentados internamente, comenzaron a formarse frentes comunes para cuestionar el proyecto, provocando incluso comentarios acerca de una “satanización” del mismo.
Representantes del Ministerio de la Protección Social y los tres ponentes del proyecto en el Congreso, emprendieron entonces un proceso de diálogo con los diversos estamentos del sector salud, con visitas y foros en diversas instituciones del país, lo mismo que consultas con los líderes y expertos más representativos de los diferentes subsectores.
Se ha demostrado que hay voluntad de diálogo desde el gobierno central para lograr un proyecto que beneficie al país, pero igualmente las voces de la academia y agremiaciones del sector han alertado acerca de inconveniencias que apareja el proyecto, principalmente en lo referente a la autonomía universitaria, la “desprofesionalización” de las áreas de la salud y el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la república por 6 meses para que expida normas con fuerza de ley, que definan los requisitos y calidades para el ejercicio de las profesiones de la salud y sus especialidades.
Enorme back-up
Nuestro país tiene normas referentes a la formación y al ejercicio profesional en las carreras clásicas (una de ellas medicina), desde hace siglos, concretadas y afianzadas desde principios del siglo XX. Y para el área de la salud, tiene normas específicas y más claras desde la década de los años 60, para muchos consideradas suficientes; luego de la implantación de la Ley 100 en 1993, se propende clarificar más el papel del recurso humano dentro del nuevo sistema de seguridad social, y la Misión de Harvard en 1995 propone una serie de valiosas recomendaciones al respecto.
Con base en estas propuestas, se contrata desde el Programa de Apoyo a la Reforma en Salud -PARS-, la realización de 4 grandes proyectos referentes a la formación de recurso humano en el área de salud: un plan multidisciplinario para la modernización de la educación, capacitación y entrenamiento en salud; un modelo de oferta y demanda de recursos humanos de salud; un plan de largo plazo para el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos de salud, y otro acerca de la acreditación especializada de programas de educación y entrenamiento en salud.
Mientras desde el Ministerio se defiende que estos 4 proyectos fueron la base del proyecto, personas e instituciones del sector salud afirman que si se tuvieron en cuenta pero con errada interpretación, y otros más aseguran que fueron ignoradas por completo sus recomendaciones, una riqueza teórica y diagnóstica del tema sin par en América.
Hay ánimo de diálogo gobierno sector salud
Desde el sector salud se resalta la actitud abierta del ministro Palacio para escuchar las inquietudes de los diferentes subsectores, en aras de conocer análisis que enriquezcan el proyecto o que entreguen los argumentos suficientes para pedir que se archive. Y el sector salud por su parte, pide que sus diferentes voces sean de verdad tenidas en cuenta en el proceso, para que pueda fructificar un proyecto fuerte que respete y mejore las condiciones de la formación y el ejercicio laboral, que en últimas garantice la permanencia del sector salud y la atención con calidad a los usuarios del sistema.