Periódico EL PULSO

Tras analizar punto por punto los artículos del proyecto, el doctor Gómez Moya manifestó su preocupación, ya que considera que pone en riesgo los pocos logros obtenidos en la prestación de los servicios de salud y en la formación del talento humano en las instituciones de educación superior, en especial, aquellas que tienen reconocimiento social por sus altos niveles de calidad y de eficiencia, además de que implica una amenaza latente contra las distintas formas de organización y funcionamiento de los sistemas de salud y educación, como también contra la poca normatividad vigente que favorece su desarrollo, e incluso, porque entraría en serias contradicciones y desconocimiento de las leyes que rigen estos dos sectores.
El directivo concluye que se pretende delegar en el Ministerio de la Protección Social la plena reglamentación del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, desconociendo las organizaciones de profesionales de la salud y contraviniendo los principios de la autonomía universitaria, del ejercicio profesional y la autorregulación de las profesiones, además de que no deja claro cuáles serían las funciones de organismos tales como el Consejo Nacional de Acreditación y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
En lo concerniente a la capacitación del personal de la salud, opina que con la profesionalización del personal técnico con programas de bajo costo para el sistema, se afecta de manera sensible la continuidad de los programas de educación formal, lo cual aumenta la flexibilidad laboral, fomenta el subempleo, el desempleo y las remuneraciones salariales inadecuadas, disminuyendo aún más la calidad de vida de los trabajadores de la salud y la educación.
Añade que en el proyecto de ley no se hace diferencia entre educación formal y no formal, como tampoco entre las formaciones profesional, técnica y auxiliar, teniendo éstas enfoques diferentes, todo lo cual contradice las tendencias y funciones de la división social del trabajo reconocidas mundialmente, que requieren la diferenciación de los distintos niveles de formación y desempeño.
El doctor Gómez Moya afirma que es necesario elaborar un proyecto de ley que favorezca y fortalezca los hospitales universitarios, de forma que en el sistema de salud se generen condiciones que preserven la función formativa del talento humano en estas instituciones, toda vez que el proyecto 017 pretende privilegiar IPS privadas, otorgándoles la responsabilidad de la formación del recurso humano en salud, aspecto vital para el cual no fueron concebidas.
Con respecto de la creación del Consejo Nacional de Recurso Humano en Salud, anota que se le asignan funciones que son directamente responsabilidad del sector educativo, de las instituciones educativas y de los programas académicos, y no se evidencia cuál sería la capacidad académica, científica y técnica de este Consejo.
Por último anota que el proyecto expresa el interés del gobierno en aumentar el aseguramiento individual y familiar por medio del régimen subsidiado y de no asignar recursos a las instituciones de salud públicas, lo que explica en parte la aguda y grave crisis que afecta a la red de hospitales. Además, evidencia una continuidad del proceso de privatización del componente de la educación en salud, pues quienes más tienen opción de ingresar a esta nueva modalidad del mercado, son las instituciones privadas que prestan servicios de salud, concluyó Gómez Moya.