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Crecimiento
económico,
empleo y cobertura del aseguramiento
en salud
en la última década
Álvaro
Cardona - Profesor Facultad Nacional de Salud Pública,
Universidad de Antioquia elpulso@elhospital.org.co |
La Ley de Seguridad Social en Salud de Colombia del año
1993 se estructuró con base en los siguientes propósitos
fundamentales: i. Destrabar las fuerzas del mercado en el sector
y promover la participación de los grupos financieros;
ii. Reducir la participación del Estado en la asignación
de recursos; iii. Estimular la competencia regulada en el aseguramiento
y prestación de los servicios de salud.
Se esperaba que estos propósitos pudieran cumplirse con
el soporte de un óptimo ritmo de crecimiento de la economía
y del empleo, que a su vez debían garantizar una rápida
ampliación de la cobertura del aseguramiento en salud.
Las expectativas apuntaban a que se tuviera un crecimiento promedio
del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 5% anual y que
con esa dinámica económica se alcanzaría
la cobertura universal del aseguramiento en salud en el año
2000.
Sin embargo, lo que en realidad ha ocurrido es que el crecimiento
de la economía desde el año 1996 hasta hoy ha
sido muy inferior a lo esperado. A pesar de que en el año
2003 comienza a insinuarse alguna recuperación, el porcentaje
de crecimiento del PIB en ese año solo alcanzó
3,7 % (Fig. 1).
Correlativamente, la baja tasa de crecimiento económico
discurrió con un alto índice de desempleo, que
llegó a escalar la cifra de 20,4% en el año 2000
(Fig. 2). Aunque a partir de entonces la cifra de desempleo
ha venido disminuyendo, paralelamente se ha incrementado el
porcentaje de población vinculada al trabajo informal
(Fig. 3), evidenciándose que ha habido un progresivo
deterioro de la calidad del trabajo. Se sabe, por ejemplo, que
más del 70% de los trabajadores informales no están
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Estos pobres resultados de la economía y del empleo,
combinados con el conjunto de las políticas macroeconómicas
del gobierno, han producido una tendencia al crecimiento de
las desigualdades sociales medidas por el coeficiente Gini y
por las cifras de hogares por debajo de la línea de pobreza
(Fig. 4 y 5).
Es un corolario de la Salud Pública que cuando crece
la pobreza y se debilita la calidad y cantidad del empleo, se
acrecientan los problemas de salud de las comunidades. No resulta
entonces sorprendente que el Sistema General de Seguridad Social
en Salud tenga serias dificultades para cumplir con las metas
de aseguramiento en salud, sino también para mostrar
evidencias del mejoramiento de las condiciones de salud de la
población colombiana.
Si se repara en las cifras del aseguramiento en salud (Fig.
6 y Tabla 1.), podrá observarse que el crecimiento del
numero de afiliados al régimen contributivo solamente
ha logrado mantenerse al ritmo del crecimiento vegetativo de
la población. Así, se ha hecho necesario para
el gobierno destinar grandes recursos para fortalecer el régimen
subsidiado y poder dar alguna respuesta a las demandas de la
población.
No obstante, no debe olvidarse que los beneficios del régimen
subsidiado son discriminatorios respecto de los ciudadanos que
se benefician de la afiliación al régimen contributivo.
El derecho igual de ciudadanía que consagra la Constitución
Política de 1991 no se realiza plenamente con la diferenciación
de regímenes. De allí que resulte inaceptable,
a tenor de lo mandado por la Carta Constitucional, que el gobierno
nacional siga empeñado en soluciones a la baja cobertura
por la vía de los subsidios parciales para los pobres.
Pero es inaceptable además, a la luz de los conceptos
técnicos, que se incluyan en las estadísticas
de cobertura del aseguramiento en salud, a los ciudadanos discriminados
con subsidios parciales. |
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