C erca de cumplir sus 25 años, el Sistema de Salud de nuestro país parece haberse convertido en una fortaleza inexpugnable, capaz de resistir todos los ataques de sus enemigos y también los intentos de mejorar su apariencia por parte de sus amigos.

Las leyes que han pretendido reformarlo no pasaron de resultar ajustes funcionales, que no tocaron su estructura, y el último embate frontal por parte de sus críticos, la Ley Estatutaria, está acampada con sus ejércitos de buena voluntad al frente de la fortaleza, sin poder superar el foso económico y político que lo defiende hace años, y apenas si le ha hecho mella con sus cañonazos discursivos sobre derechos.

Dice la sociedad civil en documento público a los candidatos: “Para garantizar este marco normativo (el escrito y sancionado en la Ley Estatutaria), se debe cambiar el modelo de aseguramiento instaurado por la ley 100 de 1993 y reafirmado por sus reformas posteriores, la ley 1122 de 2007 y la ley 1438 de 2011, hecho que no se ha logrado aún debido a que grandes poderes se oponen a las reformas que el pueblo colombiano demanda y han logrado silenciar las propuestas planteadas desde la sociedad civil. En este contexto, el Gobierno Nacional optó por desconocer el marco normativo de la ley estatutaria y continuar por la ruta trazada de profundizar el negocio de la salud, con las consecuencias que acarrean la vulneración masiva de este derecho, razón por la cual sigue siendo uno de los más tutelados, y la profundización de la inequidad social expuesta”.

Señalan igualmente que aunque, según las cifras oficiales, sólo un 4% o 5 % de la población permanece sin cobertura, este aseguramiento no necesariamente garantiza el acceso efectivo a la prestación de servicios. El problema de la mayoría de la población, que está supuestamente afiliada, es que su derecho real a la salud está siempre condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos que no suelen estar en manos de los ciudadanos, como tener un trabajo e ingresos estables y lograr que el patrono pague oportunamente al régimen contributivo, o mantener una familia estable y localizada en el régimen subsidiado, normas que no contemplan la gran dinámica poblacional, laboral y social. También los cierres permanentes de hospitales y servicios por problemas de contratación, financiación y pagos a las IPS, se traducen en barreras continuas de acceso y negaciones permanentes al derecho a la salud de los colombianos, justificadas en mil razones burocráticas sentadas en la regulación, normas incluso contrarias a la Ley Estatutaria, que solo favorecen a las EPS.

Los resultados se evidencian en la prensa a diario y en la masiva instauración de tutelas por parte de los ciudadanos para conseguir la atención en salud requerida, reiteradamente negada, diferida o burlada. Se calcula que desde el inicio de la ley 100 de 1993 estas superan los tres millones. En el Informe anual de la Defensoría del Pueblo (2015), se reportan 118.281 tutelas, una tutela cada 4 minutos, que representa el 23.7% del total de las acciones jurídicas interpuestas, el 70% corresponde a solicitudes de tecnologías y tratamientos que debían ser garantizadas por el Plan Obligatorio de Salud (en 2016 el total de tutelas en salud ascendió a 163.000). Por otra parte, durante el 2015 las EPS reportaron 311.231 negaciones de servicios de salud: 248.959 en el régimen contributivo y 62.272 en el subsidiado (Defensoría del Pueblo, 2015).

Es evidente según todos los estudios, e incluso lo ha reconocido en sus documentos el propio Ministerio, que el gasto en salud mediado por el mercado acabó privilegiando el consumo de medicamentos, insumos y equipos de alta tecnología y la alta complejidad, negocios que, por permitir márgenes de utilidad mucho mayores, presionan por todos los medios su inclusión, consumo y pago por los fondos de la seguridad social. Entre tanto el gasto del Estado no llega a la población pobre urbana y menos a la rural, en instituciones con servicios básicos adecuados. En síntesis, el arreglo institucional construido en 1993 no ha resultado eficiente en la asignación y menos en la distribución. Para un empresario de la salud es mucho más rentable manejar dos pacientes hemofílicos que diez mil afiliados para atención básica en un centro de salud. ¿Qué se puede esperar, entonces, de tal estímulo económico?

Adicionalmente, desde el inicio hizo carrera en el sistema, una desviación de las prácticas comerciales aceptadas en Colombia y el mundo entero, relacionadas con el reconocimiento oportuno de las obligaciones y el pago de los intereses en los casos de mora. La ruptura de las normas más elementales relativas a los contratos entre empresas, respecto a las obligaciones monetarias, sus efectos, las consecuencias y responsabilidades financieras que de ellas se derivan, falsea la condición propia de la economía de mercado relativa al valor del dinero y crea de hecho una subcultura o “economía especial”, que no todos los empresarios e inversionistas parecen dispuestos a aceptar. Otros se ajustan, incluyendo por anticipado en el costo del bien o servicio los costos financieros derivados de la cartera prolongada.

Por otra parte el diseño institucional de la Ley 100 y sus normas reglamentarias fomenta el comportamiento rentista y la corrupción consecuente: a los administradores y dueños de estas entidades les interesa manejar grandes recursos para derivar ganancias a través de negocios secundarios desde los que sobrefacturan, sino por intermedio de IPS y pacientes de alto costo inventados, ya que de la empresa y del negocio principal, legalmente no siempre pueden derivar ganancias, por tratarse la mayoría de las veces de empresas sin ánimo de lucro. Por ello, cuando algunos de estos empresarios de mala fe reciben la chequera del Estado (una EPS con los recursos de sus afiliados) derivan los recursos de salud hacia sus negocios integrados verticalmente y no les importa quebrar la EPS, finalmente, después de exprimirla, el cascarón se lo dejan vacío y con deudas al Gobierno y este les ayuda a construir una nueva EPS, que arranca sin deudas, una nueva chequera. Cuando la exprimen nuevamente hasta agotarla, repiten el negocio. Saludcoop, Cafesalud…., y lo que sigue.

Finalmente, no se podría dejar de mencionar, entre los problemas estructurales, la masacre laboral del sector salud en Colombia, que arrojó decenas de miles de funcionarios de sus cargos y los tercerizó o convirtió en contratistas de servicios, hecho que constituyó una flagrante violación a los Artículos 22 a 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un retroceso histórico del país en el cumplimiento de los mismos y el respeto a las normas laborales. Los contratos de prestación de servicios para funciones misionales en el sector salud han sido claramente declarados fuera de la ley por la Corte Constitucional, pero la situación sigue igual.

Es importante saber entonces si el nuevo gobierno en su programa plantea respuestas a estos problemas estructurales o definitivamente no lo hace y le dice subliminalmente a los ciudadanos que no hay salida, ni presente ni futura, que el Sistema es una estructura rígida e inmodificable (para conveniencia de algunos), o que no están interesados en el asunto y que simplemente deben conformarse y agradecer lo que buenamente se les otorga, los millones de servicios que reciben los ciudadanos (mezclando días de hospitalización con exámenes psicológicos, pruebas de colesterol, radiografías, oxígeno, y aspirinas), como si el Ministro de Agricultura contara las papas, los tomates, los plátanos, los frijoles, el arroz, la carne y los huevos que se come el pueblo colombiano, para defender la concentración en la propiedad de la tierra.