La pandemia del coronavirus muestra la importancia de gestionar los riesgos en forma integral y reconocer los efectos económicos de la enfermedad. En cuanto a los riesgos, previo al desastre se deben adelantar acciones de prevención, preparación y mitigación, lo que supone evitar contagios, detectar y aislar a los pacientes positivos y sus contactos, y disponer y organizar recursos para la respuesta, en particular del sistema hospitalario. Cuando se produce el desastre, se da el brote epidémico, la emergencia se atiende mediante atención domiciliaria y hospitalaria, procurando la recuperación y rehabilitación de los pacientes.

Para los efectos económicos, se deben considerar los costos directos, referidos a los recursos empleados para realizar la atención médica, como es el caso de los costos del sistema de salud y otros costos a cargo de las familias, como el transporte, el cuidado y los copagos. Por otra parte se tienen los costos indirectos, asociados principalmente a los efectos de la morbilidad y la mortalidad en las familias y en la economía, especialmente en cuanto a productividad y costos de sectores distintos a salud.

¿Está preparado el sistema de salud?

La respuesta la ha dado el gobierno nacional al declarar la emergencia económica, social y ecológica: “el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una emergencia de salud, requiere ser fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las magnitudes que la pandemia ha alcanzado <…> el sistema requiere un apoyo fiscal urgente.”

El sistema de salud será visto con sumo cuidado y un punto muy vulnerable, que dará cuenta de la capacidad de manejo del riesgo en cuanto a contención y mitigación, se refiere a la vigilancia epidemiológica y al control. Medidas como las pruebas para la detección de casos y el aislamiento preventivo resultan cruciales, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Salud (INS) y la articulación de las direcciones territoriales de salud y las EPS.

Sobre el particular, se requiere mayor agilidad y más recursos para garantizar un buen número de pruebas, incluyendo las que se ordenan a pacientes sintomáticos y que consultan los servicios de salud, además del grupo de contagio, y también mediante la búsqueda activa de casos. Aunque en el INS se informa que no se reciben suficientes pruebas pese a su capacidad y se anuncia la habilitación de otros laboratorios para realizarlas, en este punto hay cuellos de botella que impiden un mejor manejo de la situación en esta fase.

Otro eslabón fundamental es la prestación de servicios. El país carece de suficiente capacidad para atender una demanda pico como la que puede presentarse en los meses siguientes, y de allí la importancia de ampliar camas de UCI. Además de medidas excepcionales, como la adecuación de centros de convenciones y espacios similares, hoteles y hospitales sub-ocupados, es preciso contar con recurso humano calificado para el manejo de la enfermedad, así como examinar la vinculación del personal y las condiciones de contratación entre EPS e IPS.

¿Quién pagará la atención? (efectividad del aseguramiento)

De la declaración de la emergencia económica surge la expectativa sobre la asignación y ejecución de recursos extraordinarios para brindar tratamiento a las personas contagiadas, así como el reconocimiento de incapacidades. Se habla de una cifra cercana a $5 billones, representados en $4,6 billones en atención, $95 mil millones para incapacidades, $200 mil millones para ampliar capacidad en UCI, y $36 mil millones para habilitar aislamiento en hoteles.

Las cifras del decreto presidencial merecen ser aclaradas en al menos dos sentidos. En primer lugar, lo más importante, pudiera entenderse que los costos directos médicos no corren por cuenta de las EPS y que por ello se requieren recursos adicionales a los ya asignados mediante la UPC de 2020, dando a entender que esta situación extraordinaria no debe estar a cargo del aseguramiento y que corresponde al estado la financiación total de la contingencia. En tal caso, como parece reiterado en el Boletín No. 109 del Ministerio de Salud del 29 de marzo, se recibirían recursos frescos y adicionales en las IPS, inicialmente en los meses de abril y mayo.

En segundo lugar, a la par con la importancia de brindar información detallada sobre los costos, que pudieran estar sobreestimados si se tiene en cuenta que no todos serían nuevos o en todo caso no se requerirían recursos en igual proporción debido a que se cuenta con financiación para atender a los afiliados (la UPC), en las cuentas se mezclan gastos de inversión (en UCI) con los pagos por la atención. Así que, además de corroborar que tal vez se asumirían los costos de atención por fuera del aseguramiento, habría un doble pago pues la depreciación de la inversión se suma al costo de los servicios, y también se paga por los servicios con dicho costo incluido.

Recursos y sostenibilidad del sistema

En los últimos años se han dado pasos importantes para la estabilización del sistema de salud y para garantizar su sostenibilidad futura. Es el caso de la metodología para el pago de deudas históricas, mediante el denominado acuerdo de punto final, y los presupuestos máximos para entregar en forma anticipada recursos a las EPS para gestionar prestaciones no incluidas en el plan de beneficios.

Estos procesos deben continuar, manteniendo su revisión y ajuste de cara a la sostenibilidad y legitimidad del sistema. Pero además, en la medida en que en el marco de la emergencia se reciban recursos adicionales y de cuantía considerable, es necesario reforzar mecanismos de transparencia e integridad para su manejo. No puede ser que se expida un cheque en blanco que agudice los problemas de corrupción y de ineficiencia que han caracterizado al sector.

Al final de la crisis, esperando que sea corta y que la carga sufrida en términos de mortalidad y morbilidad no resulte muy alta, al menos en comparación con países vecinos, tendrá que darse el debate sobre las fortalezas o debilidades del sistema de salud y del país para afrontar una situación como esta, inédita pero repetible.

En conclusión el sistema de salud colombiano afronta una dura prueba ante la situación derivada de la pandemia. Se revelará de manera especial su capacidad para poner en marcha acciones de salud pública, la efectividad de las medidas de vigilancia epidemiológica y de control.

También se hará manifiesto el estado de la oferta de servicios, especialmente de hospitalización y UCI, y muy específicamente diversos aspectos del talento humano, como sus condiciones laborales, motivación y capacidad de atención de patologías respiratorias. Para atender la emergencia es indispensable contar con recursos adicionales para las labores de detección, vigilancia y control, y también para la atención. En la medida en que se trata de una situación extraordinaria será necesario un incremento transitorio de la UPC o definir un mecanismo de reembolso para cubrir parte de los costos de atención.

Aunque los costos directos pueden significar una cifra histórica y el sistema resulte muy afectado, lo cierto es que predominarán los costos indirectos, representados en un mayor desempleo y en una caída del producto interno bruto (PIB), con las implicaciones sociales que ello conlleva. Cobra mayor importancia la adopción de una estrategia, con acciones concretas y efectivas, para la transparencia y la integridad en el sistema de salud, iniciando por la generación de información clara, veraz y oportuna, y blindando el manejo de los recursos.