Colombia recibió el primer contagiado por el Covid-19 el 6 de marzo, y con la propagación, llegó también el fuerte impacto económico y social derivado por el virus a nivel global, que ha ocasionado choques de oferta al interrumpir el flujo del comercio internacional y de las cadenas globales de valor, así como una inevitable colisión de demanda, asociados al cambio de la actividad económica mundial como consecuencia de las medidas de contención.

Sin embargo, para varios países entre ellos Colombia, hay otro factor importante que causa un choque directo en la economía, la ruptura en el acuerdo de recorte de la producción de crudo de la OPEP+ a causa de la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia que junto a la menor demanda mundial por causa del Covid-19 implicó un desplome para la referencia Brent, que entre el 6 y 9 de marzo fue del 24% lo que lleva a una cierta quietud en los mercados. Estos dos choques han generado temor en los mercados financieros y conducido a cambios en los flujos internacionales de capital, y depreciaciones de las tasas de cambio especialmente en las economías emergentes.

Para Álvaro Hurtado, profesor de economía y coordinador administrativo de las Maestrías en Economía, quien se ha desempeñado como coordinador del Grupo de Análisis de coyuntura Económica (GACE): “Si a este hecho se le suma la caída de la demanda mundial por el crudo, se tiene una conjugación de factores de oferta y demanda que llevan al precio del petróleo a niveles por debajo de los USD$30 el barril y, deja a muy pocas economías en capacidad de ser competitivas a estos precios, dado que los costos de producción les pueden representar grandes restricciones. Además, el COVID-19 conlleva a una situación de alta liquidez internacional que le resta capacidad de maniobra a los hacedores de política monetaria para enfrentar la recesión”.

Con base en lo anterior, a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el gobierno de Colombia declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Según el decreto, el escalamiento del brote del coronavirus representa una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables. Además evidencia en el documento que “el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una emergencia de salud, el cual requiere ser fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las magnitudes que la pandemia ha alcanzado”.

Adicional a ello, hay varias situaciones económicas que generan preocupación en la población colombiana, una de estas es que el 42,4% de los trabajadores en el país trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados. Los ingresos de estas personas y sus dependientes surgen de su trabajo diario y esta actividad se ha visto restringida por las medidas para controlar el escalamiento de la pandemia, como la de aislamiento social obligatorio. Además, las medidas sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y empresas. Los menores flujos de caja conllevan a posibles incumplimientos de pagos y obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores que se basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse.

Para Alejandro Torres, doctor en Economía de la Universidad del Rosario y docente e investigador de la Universidad de Antioquia, es necesario conllevar los menores flujos de caja y evitar posibles incumplimientos en los pagos y obligaciones “es el segundo gran reto de toda esta crisis sanitaria, y es que para su superación casi que debemos detener las economías por un tiempo hasta ahora indeterminado. Ninguna crisis económica previa a la que estamos experimentando tuvo sus orígenes en algún tipo de restricción a la oferta (cierre de establecimientos, limitaciones de producción...), sino que siempre estuvieron asociadas a choques de demanda, es decir, caídas drásticas en el consumo de las economías. Por esta razón, las medidas de política económica convencional que hemos utilizado los economistas para salir de otras crisis no necesariamente funcionan en esta”.

¿Qué políticas desarrollar para evitar la destrucción de tejido empresarial, del empleo y el capital?

Torres agregó que: “El gran consenso entre los economistas y gobiernos actualmente es la necesidad de crear fondos públicos robustos financieramente que permitan a los empresarios, especialmente los pequeños, recurrir a ellos para poder cumplir con sus obligaciones en materia de costos fijos y nómina en momentos en que su flujo de caja es casi nulo. Estos recursos deben ser entregados de manera generalizada, sin colateral o garantías financieras, a tasas muy bajas o incluso condónales. Un paquete de este tipo tiene un costo astronómico que seguramente no puede ser sostenido por mucho tiempo por parte de cualquier Gobierno. Es aquí donde los economistas hablamos de que no sólo debe aplanarse la curva de contagios, sino también la curva económica, porque la crisis puede terminar siendo muy grave si las medidas de contención se prolongan en el tiempo”.

Por otro lado, Álvaro Hurtado hace énfasis en que “las empresas deberán ser muy abiertas a formas innovadoras, donde los emprendedores a través de la destrucción creativa pueden generar los cambios necesarios para sacar la economía de equilibrios estacionarios. De esta forma, acudiendo a instrumentos heterodoxos y a inversión podremos lograr una probable salida a esta crisis en la economía mundial. Y resaltó que “esta alianza se encuentra soportada sobre una serie de instrumentos que se venían desarrollando en la ley de crecimiento, como es el caso de la devolución del IVA a inversiones en maquinaria y equipo y, que pretenden aumentar los niveles de productividad de las empresas”.

Hurtado agregó: “la empresa privada enfrenta una oportunidad histórica de comprometerse con la salida de una crisis sin precedentes, donde la alianza estado-empresa deja de ser una teoría para volverse el elemento central de la recuperación económica”.

Sistemas económicos actuales ¿más sólidos y desarrollados?

Según Alejandro Torres “hay algunos elementos que permiten comprender el fenómeno: epidemiológicamente este virus es demasiado contagioso, lo que implica que ningún sistema de salud en el mundo está preparado para atender la cantidad de población afectada en un período de tiempo tan corto. Ligado a lo anterior, en los últimos 30 años países como Estados Unidos, y otros, han cambiado el enfoque en la provisión de bienes públicos como la salud, dejando que la iniciativa particular y el mercado se encargue de su provisión. Esto es problemático, porque los privados no pueden ver las externalidades positivas asociadas a tener un sistema robusto y preparado para este tipo de situaciones, de tal manera que su estructura tiende a reducirse y su operación se convierte en un problema de “hiper-eficiencia”. Debemos repensar si esta es la estructura adecuada de aquí en adelante”.

Por consiguiente, añade: “la globalización hace que la interconexión entre países sea mucho mayor en términos comerciales, financieros y de movimiento de personas. En este sentido, un fenómeno que comenzó en una ciudad remota de China, termina transmitiéndose rápidamente al resto del mundo en cuestión de meses. Esta alta integración, que siempre ha sido vista como ventajosa para el mundo, tiene un lado peligroso y es el que vivimos actualmente”, y resaltó que económicamente importa mucho que el virus haya comenzado allí “China es la fábrica y el motor del mundo. Allí tienen asiento las principales fábricas del mundo, y por allí pasan las principales cadenas globales de valor. Así mismo, este país es uno de los principales demandantes de bienes primarios como alimentos y combustibles fósiles. Cuando la economía de este país comenzó a detenerse por el coronavirus, se generó un efecto dominó que afectó al resto de los países desarrollados y en desarrollo, haciendo inminente la crisis económica y la actual recesión” afirmó Alejandro.

Además, Torres concluyó que: “hay un alto desconocimiento respecto a cómo enfrentar este tipo de crisis desde el punto de vista económico, lo que hace que los agentes tengan alta incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el futuro y esto explica la reacción de los mercados financieros alrededor del mundo, donde vemos ventas aceleradas de activos con algún riesgo implícito y la compra de títulos seguros (como bonos del gobierno de EU u oro), buscando seguridad por encima de rentabilidad. Estos movimientos no sólo pueden precipitar la crisis económica, sino que además la retroalimentan a través de la contracción del crédito y la pérdida de liquidez del sistema”.

Así mismo, Álvaro Hurtado indicó que: “la economía colombiana es vulnerable en el frente fiscal a esta serie de elementos del entorno internacional ya que presenta en sus últimos datos un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de aproximadamente un 2.5% del PIB del 2019. Por otro lado, se presentó un superávit primario del GNC en el año 2019 que representó un 0.5% del PIB, mostrando un cambio en la tendencia ya que veníamos de un déficit del 0.3% del PIB en el año 2018. Sin embargo, el nivel de deuda del GNC para el año 2019 de acuerdo con el MHCP es de aproximadamente el 51.2% del PIB”.

Por ello, “Esta situación si bien es positiva, muestra vulnerabilidades de la economía colombiana, en el frente fiscal ya que representa grandes restricciones para el gasto fiscal que se requiere y que se ven evidenciadas con la promulgación del decreto 417 de incrementar la oferta de unidades de cuidado intensivo” puntualizó Hurtado.

Sistema de salud otro foco del impacto económico

Según el decreto 417 el “escenario con una tasa de contagio de 2,68” tiene una proyección de costos de $4.6 billones de pesos en las atenciones en salud, teniendo en cuenta los modelos de contagio, casos proyectados, la distribución de la gravedad de la enfermedad; así como las canastas de procedimientos y medicamentos para cada servicio para IRA, los datos de la base de suficiencia del año 2018 y con un supuesto de 14 días de estancia en UCI y de 5 días en hospitalización (Piso).

La estimación plantea la necesidad de incrementar la oferta de las unidades de cuidado intensivo de adultos en un 10% de la capacidad actual, con un costo de inversión de 200 mil millones. Es entonces que Alejandro Torres, afirma: “es cierto que el gobierno está haciendo un importante esfuerzo fiscal con el objetivo de mejorar, entre otras cosas, la red hospitalaria. En general, el gobierno ha apropiado recursos por cerca de 15 billones para sortear esta situación, de los cuales cerca de 5 billones son para el sistema de salud. Lo más crítico en este momento puede ser, no solo el costo de los equipos y el tiempo de adecuación de las UCI, sino que hay una fuerte competencia mundial por su adquisición, lo que hace que no sea un problema de capacidad económica sino de capacidad productiva. Algo similar está ocurriendo con los reactivos para las pruebas y otros implementos médicos”.