Un diagnóstico del estado de la deuda en salud desde la oferta presentada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas –ACHC-, señala que a junio 30 de 2019, según reporte de Circular 030 de 2013, las cuentas por cobrar de los prestadores públicos y privados, tanto del régimen contributivo como subsidiado, asciende a los $18.9 billones; por su parte las EPS informan que sus acreencias son de $12 billones, lo que querría decir que la coincidencia es de solo de un poco más de la mitad de los registros, lo que hace difícil cualquier conciliación, máxime el historial entre ambos agentes, no sin antes hacer claridad que solo es la diferencia.

De acuerdo con los cálculos realizados teniendo como fuentes la ACHC, Minsalud y los informes de la Supersalud, se observa que el valor de las cuentas por cobrar de las IPS públicas y privadas a junio 30 de 2019, y de solo 209 IPS es de $11.3 billones, de los cuales el 59.4% está en mora mayor de 60 días. Ahora bien, cuando se toma como fuente de referencia el reporte de la Circular 030 de 2013 de Minsalud, de un total de 4.083 IPS públicas y privadas, el saldo llega a los $19 billones, de los cuales el 91.5% muestra una antigüedad superior a los 60 días. Y para el caso del reporte en SIHO, que realizan las 927 IPS Públicas, se tiene un saldo pendiente de deudores de $9.3 billones, con un porcentaje de antigüedad superior a 60 días del 87.5%.

Según el reporte en los estados financieros de las IPS Privadas, se tiene que de un total de 5.506 IPS a diciembre 31 de 2018, el agregado general de cuentas por cobrar es de $24.2 billones, de los cuales, por deterioro (deudas que superan los 360 días) se tienen $3.5 billones, lo que equivale al 14.3%, por lo que una vez consolidados las deudas entre aseguradores y prestadores de ambos regímenes, públicas y privadas, se superan los $33.5 billones, sin considerar el deterioro, lo que es aproximadamente el 47% del total del gasto en salud en 2018.

Los problemas de cartera sintetizados en deudas crecientes entre pagadores y prestadores, y que aumentan muy por encima de la inflación, muestran cada vez más cifras más distantes y una amplia falta de coincidencia, esto a pesar de los esfuerzos realizados por los agentes de control y del mismo gobierno nacional, y de medidas como la Circular 030 de 2013.

Una mirada integral, oportuna y resolutiva, hace pensar que los recursos adicionales dispuestos por el gobierno en estrategias como el Acuerdo del Punto Final, solo alcanzarán para cubrir las deudas de servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC, que a lo sumo podrán cubrir los 6 billones de pesos para ambos regímenes, por lo que habrá que auscultar nuevas alternativas de solución en otras fuentes de recursos que permitan cerrar brechas y beneficiar una atención más oportuna y de calidad, con sostenibilidad, continuidad y viabilidad del sistema de salud.

El informe de cartera del sector de la salud publicado por la Superintendencia Nacional de Salud, con corte a diciembre de 2018, e información consultada el 29 de mayo de 2019, desataca que la cartera de las EPS con las IPS: “corresponde al conjunto de obligaciones pendientes de pago, dentro de las cuales se encuentran las cuentas por cobrar radicadas y no radicadas por las IPS descontando los giros directos recibidos, así, con el objetivo de hacer comparaciones pertinentes, se consideran dentro de las cuentas por pagar de las EPS la información de cuentas reconocidas a IPS y las aún no reconocidas que se encuentran en las reservas técnicas para obligaciones no liquidadas pendientes de pago y por las obligaciones no conocidas pendientes de pago, relacionadas con servicios de salud de los estados financieros de las EPS, la cual debería reflejar de manera adecuada las cuentas radicadas por las IPS y en forma aproximada las cuentas aun no radicadas por estas”.

Según lo anterior, y si se tiene presente las cuentas por cobrar... para que no quede “cuenta las cuentas” de las EPS por tipo de deudora a diciembre de 2018 de $12.3 billones, en tanto que las cuentas por pagar de EPS en este mismo período fueron de $21 billones, en 41 EPS, (43.9% corresponde a pasivos con IPS privadas, 16% a IPS públicas, el 13.5% a otros pasivos y 8.8% a otras cuentas por pagar), arrojan valores de cuentas por pagar de $14.5 billones, siendo de allí $9.2 billones a IPS privadas, $3.4 billones a IPS públicas, y $1.9 billones de reservas técnicas. De este valor, el 57.3% corresponden a cartera de hasta 60 días de vejez y el 26.5% con valores en mora a más de 180 días.

Un dato revelador corresponde a las cuentas por cobrar reportadas por las IPS y que ascienden a $35.5 billones, de los cuales el 72% corresponde a cuentas por cobrar de IPS privadas y el restante 28% a cuentas de IPS públicas. En tanto que las cuentas por cobrar de las IPS a EPS activas ascendieron a $18.5 billones a diciembre 31 de 2018, siendo la Nueva EPS, Coomeva y Medimás quienes concentran el 16.6%, 9.5% y 8.9% de total, respectivamente.

Cuando el análisis se realiza con base en la Circular 030 de 2013, la brecha entre aseguradores y pagadores es cercana a los $15 billones. Asimismo, se identifican diferencias entre lo reportado en los estados financieros y dicha circular. Según los registros el saldo de facturas pendientes de pago por parte de las EPS supera a lo registrado en los estados financieros en $3.3 billones, mientras que esta diferencia es cercana a los $15 billones para las IPS.

Para la instancia de inspección, vigilancia y control, es claro que tales diferencias están soportadas en gran parte por malas prácticas contables propias del sector y que obliga a acciones de depuración contable para garantizar una información veraz. Hace claridad esta entidad en que la información es avalada y documentada por las revisorías fiscales y los representantes legales, por lo que ello genera menores discrepancias entre ambos agentes, contrario a la información de Circular 030 de 2013, donde las diferencias demandan de mayores verificaciones conforme a lo revelado en estados financieros.