La Superintendencia Nacional de Salud publicó dos informes denominados Flujo de los recursos EPS correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020 y en los cuales hace ajustes definitivos a los informes preliminares presentados en el mes de mayo. Los informes muestran en general el esfuerzo que realiza el gobierno nacional a través de la Adres al distribuir las fuentes y fondos de recursos que permiten el financiamiento de la salud de los colombianos. En este caso el análisis resulta particularmente importante si se tiene en cuenta la afectación ocasionada por la pandemia, donde además de la afectación del estado de salud de las personas, son también evidentes los efectos colaterales derivados de la inactividad y la recesión económica, la contratación de los mercados y del entorno empresarial, y que han trastocado el giro ordinario de operaciones de los prestadores de servicios de salud, habida cuenta que deben garantizar una infraestructura disponible a manera de oferta, aunque su utilización sea progresiva, y con lo que se han afectado las finanzas del sistema en general.

El gobierno nacional intentando corregir las distorsiones y desarreglos sectoriales anotadas anteriormente, ha impartido una serie de normativas, donde los recursos aplicados o transferidos han sido sensiblemente mayores que en los meses precedentes; sin embargo se discute qué tanta equidad o adecuada distribución ha tenido el destino de los recursos, y más cuando se conocen prácticas en el sistema de salud que conllevan a una máxima concentración y privilegios de aplicación dentro de la cadena de algunas aseguradoras que operan bajo un mismo Nit o que hacen parte de la misma estructura jurídica, casos en los que pueden existir preferencias que afectan al resto de agentes económicos que por ende no acceden de manera oportuna, suficiente y equitativa al ciclo normal de financiamiento.

El Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), donde contempla una contracción de la economía de 5.5% en 2020, al mismo tiempo que indica un déficit fiscal que puede crecer hasta 8.2%, pese a que también advierte el documento un crecimiento de la economía de 6.6% en 2021 y una reducción del déficit fiscal hasta el 5.1%, lo que hace pensar que pasada la crisis por el Covid-19, vendrá una nueva reforma fiscal que permita la recaudación del 2% del PIB y la enajenación de bienes del estado por $12 billones.

En el componente de los USOS, en el caso particular del sector de la Salud se informa de recursos para el fortalecimiento de la salud pública; ampliación de la oferta y, por último, de aseguramiento, todo por $7.2 billones. Para vulnerables $4.8 billones en: Familias y Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Ingreso Solidario y Pago de Servicios Públicos.

A estas ayudas hay que agregar que en los meses de marzo y abril de 2020, crecieron en forma importante los recursos para el aseguramiento en salud, toda vez que los $8.7 billones de ingresos por UPC y primas adicionales, con pagos en general por $9.4 billones, de los que $6.4 billones fueron a IPS lo que significó una participación del 76.5%, siendo $5 billones en las IPS Privadas y Mixtas, las cuales representaron el 59.5% y $1.4 billones a IPS Públicas, lo que significó el 17%; es decir que de cada $100 que se recibieron como ingresos operacionales incluidos techos máximos, $77 fueron a los prestadores, un poco más de las tres cuartas partes de los recursos recibidos por las EPS se destinaron a las deudas del sistema de salud, la gran mayoría de porción corriente y otro tanto a reconocer y saldar acreencias, lo que se considera importante, toda vez la redistribución de la función operativa de clínicas y hospitales para atender pacientes de Covid-19.

El 23.5% restante se redistribuyó en 17.3% de otros proveedores, para $1.4 billones. Para Objeto Social diferente $265.512 millones, que representó 3.2%; IPS bajo el mismo NIT que la EPS $182.170 millones (2.2%), pagos Nación por valor de $32.081 millones (0.4%). A los profesionales independientes se les reconocieron pagos por $23.911 millones, que representó el 0.3%. Caso especial los gastos de transporte de pacientes que en Colombia para el aseguramiento representaron solo el 0.2% con $14.072 millones.

En este mismo sentido, el gobierno nacional anunció por medio del ministro de Salud, Fernando Ruíz, que hasta junio 24 de 2020 se habían girado $23.1 billones de recursos corrientes de la unidad de pagos per cápita para beneficio de 3.600 hospitales, inclusive se han girado recursos adicionales por concepto de recobros y presupuestos máximos, que son deudas también del sistema.

Complementario a los valores anteriormente anotados, para el saneamiento de deudas se dispone de $2.1 billones, de las cuales ya se giraron $400.000 millones a EPS y a otros prestadores por giro directo. Igualmente, anunció el ministro Ruiz, que del acuerdo de punto final territorial se han girado $318.000 millones, donde además se otorga un plazo para que las entidades territoriales pudieran acceder a cofinanciación de las deudas.

Como parte de este paquete de recursos de origen corriente y adicional, el gobierno nacional desarrolló otras iniciativas como la de reglamentar el reconocimiento por disponibilidad de las unidades de Cuidado Intensivo para reconocer a hospitales por la disponibilidad de oferta de servicios con baja o ninguna utilización respecto de atención Covid-19, asignando un monto de recursos de $272.000 millones. Lo mismo que la expedición de un seguro de vida para 585.000 trabajadores del sector sanitario, en un amparo que cubre a todo el personal de la salud que fallezca por Covid–19.

En el esfuerzo del gobierno nacional de conjurar la actual crisis de la salud, y atender las necesidades de los más vulnerables en términos se asistencia y apoyo económico directo a través de programas sociales, se ha considerado la aplicación de la regla fiscal a efecto de liberar recursos en tres vectores a saber: endeudamientos, aumento del gasto público y del empleo como garante ante el sector financiero, donde el sector salud, en particular, ha sido clave en la prevención, atención y recuperación de pacientes de Covid-19, aunque ello generó desarreglos temporales en sus estructuras económicas y financieras.

Pese a la inyección de recursos, se reclaman mayores controles a la concentración de los giros, el reconocimiento y pago de deudas históricas, y la necesidad de revisar las tarifas de canasta por servicios de UCI.