La pandemia que también afecta nuestra Nación ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas de salud en todo el mundo. Pero, tal situación de salud de los países, ha derivado en una serie de fenómenos económicos, sociales y políticos que plantean formas diferentes de gobernabilidad, gobernanza y de un nuevo contrato social, que en el sector de la salud, implicó decisiones en disponibilidad de recursos, aceleración en adquisición de tecnología y equipamiento, lo mismo que un reacomodo de funcionamientos, operación y con ello, afectación en sus finanzas, en especial en la liquidez y rentabilidad en el corto plazo, y en el mediano plazo del capital de trabajo, endeudamiento con un aumento de los riesgos financieros para toda la cadena. El gobierno nacional mediante la expedición de normas y asignación de nuevas partidas presupuestarias, ha realizado un esfuerzo para paliar las fluctuaciones de la operación en la atención del Covid-19, pero también se ha generado una afectación a la caja que ha llevado a medidas extremas como prescindir inclusive de recurso humano profesional y especializado para así equilibrar las finanzas de los prestadores.

La Superintendencia Nacional de Salud, en el informe Flujo de Recursos EPS, señala que las EPS obtuvieron en el mes de marzo de 2020 aproximadamente $5.1 billones de ingresos por UPC (abril y mayo fueron adelantados en su 2 y 3 pago). De este valor un total de $4.1 billones destinado para pagos, del cual $2.4 billones fueron a IPS privadas o mixtas, el 17% a IPS públicas con $688 mil millones, y el 24% restante a otros proveedores. De los $5.1 billones, se destaca la provisión de Inversiones por $1 billón y el resto, $1.332 millones son de la cuenta del efectivo o disponible.

Un análisis de los recursos que se recibieron las aseguradoras en salud en mayo de 2020, muestra que fue el mes histórico que más recursos se allegaron en el agregado general a las 45 EPS, de $2 billones, es decir un promedio de $44.591 millones. De este valor se descontaron por concepto de restituciones $51.559 millones, quedando $1 billón 955.032 millones para ser girados en pago de servicios a la red de prestadores públicos y privados. A este valor se le aplicó un 8% general para gastos de administración quedando un valor total (teórico), de $1 billón 412.686 millones, sobre los cuales se giró a los prestadores.

Asimismo por cada $100 asignados de Liquidación Mensual de Afiliados – LMA -, se destinan pagos en el 79% para los prestadores autorizados a través de la Adres. Inclusive se observan EPS como Coomeva que giró el 109% de lo asignado por LMA, lo mismo que Comfacundi, que giro el 101% y de allí hacia abajo en porcentajes de 99%, siendo la EPS Mutual Ser la que destinó el menor porcentaje de 8.25%.

En esto 29 meses de análisis de los valores girados a través de Adres, se observa que el régimen contributivo es quien menos ha utilizado el giro directo, por cuanto se giraron $11.6 billones en (28 meses), en tanto que del subsidiado fue de $35.9 billones, para un total girado directamente a los prestadores por un monto de $47.6 billones. En general, mientras el régimen subsidiado registra valores nominales crecientes mes a mes, inclusive donde el mes de mayo de 2020 supera todos los récord en este reporte, por el contrario el régimen contributivo, es inmensamente menor, $272.212 millones, cuando el subsidiado en el mismo mes de abril haya sido de $1.3 billones, e incrementándose en $1.4 billones en mayo de 2020. Además de que se advierte que en muchas ocasiones los recursos se concentran en unos pocos prestadores, agudizando los problemas de financieros del resto de prestadores.

Del total de recursos compensados, correspondiente al régimen contributivo, se tiene un consolidado de la vigencia 2018, 2019 y a abril de 2020, $54.2 billones, manteniéndose casi invariable el valor, en sumas superiores cada mes a los $2 billones. Acá llama la atención que en abril por ejemplo de $2 billones 086.664 millones, tan solo se asignan recursos mediante giro directo $272.212 millones, es decir solo el 13%. El informe muestra que de cada 100 pesos que se reciben como compensación a las EPS, $94 se destinan para el financiamiento de las actividades y coberturas del PBS, tan solo $2.31 para actividades y componentes de Promoción y Prevención, y $3.88 para las provisiones por prestaciones económicas en incapacidades.

Es claro que las deudas del sistema de salud son complejas en sus claridades, así como la falta de conciliación y acuerdo entre los involucrados, pero además que van en crecimiento pese a la ley de punto final. Esta situación podría aumentar la crisis de sostenibilidad sectorial con los efectos derivados de la pandemia sobre las finanzas de los prestadores en salud, que han visto disminuida su operación corriente, con una menor facturación, y la ralentización de la fuentes generadoras del ingreso, pero también es cierto el esfuerzo del gobierno nacional de inyectar nuevos recursos, y si bien tenemos los mayores valores históricos, esto no se ha reflejado en mejores asignaciones a la red de prestadores, y solo se destacan las aseguradoras del RS que de cada $100 recibido por LMA, destinaron $79, lo que se evidencia en la Circular Externa 08 de 2020: en cambio las aseguradoras del régimen contributivo solo han girado de manera directa $13 de cada 100, sin establecer los niveles de concentración en ciertas IPS, por lo que se requieren mayores transparencias del sistema financiero de la salud de los colombianos.

En cuanto a las aseguradoras, es evidente que ante las menores facturaciones recibidas, se da una mejoría real y significativa en los estados financieros por la reducción de ingresos en función de los costos de producción o costos por siniestralidad, a lo que se suman las menores autorizaciones en atención a la lógica de las decisiones del gobierno en salud y la restricción en la utilización de los servicios, que en esencia son la fuente de ingresos de los prestadores. Sin embargo una vez se vaya mejorando los accesos se acelerarán las demandas represadas, y los mayores recursos recibidos deberán mantener el pago de los compromisos con los prestadores en los montos acordados, y hacer un cruce entre los menores valores facturados.

Se está a la espera de la aprobación de la resolución que reconoce una canasta de servicios y tecnologías en salud que estarán a cargo del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que implica que el pagador sea la Adres con una fuente diferente de la UPC, y donde articulador para el pago serán las EPS a partir de los valores máximos de reconocimiento VMR, donde, por ejemplo, en Unidad Intermedio por 10 días se reconocería, $15.992.000, de ámbito de UCI, en 14 días, se reconocería $29.990.000. En atención UCI neonatal en 14 días se reconocerían $28.112.000. En todo caso, estos nuevos recursos se constituyen en una alternativa real como hace muchos años no tenía el sistema de salud en Colombia.