MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 261 JUNIO DEL AÑO 2020 ISNN 0124-4388
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Con la llegada del Covid-19 la Superintendencia Nacional de Salud se concentró en tres grandes aspectos: el primero, definir una ruta de vigilancia a todo el flujo de recursos; el segundo, la protección al personal sanitario, para que cuenten con todos los elementos de bioseguridad y que las entidades se los entreguen para atender de una forma segura la pandemia; y el tercer aspecto, tiene que ver con la prestación de los servicios.
Para darle el lineamiento a la ruta de vigilancia del flujo de recursos, la Superintendencia emitió la circular 008 que establece que todas las EPS a partir del mes de mayo declaren de manera pública en sus páginas web, y mes a mes, los aportes realizados por el pago de prestación de servicios a las IPS, a las empresas de soporte tecnológico en salud y a los proveedores de insumos, que generen reducción en los recursos percibidos por parte del sistema de seguridad social en salud. la decisión, reglamentada en la circular 008 del 17 de abril de la Supersalud, bajo el asunto: Reactivación de reporte de información y otras instrucciones, manifiesta que el reporte de pagos debe realizarse al correo electrónico habilitado reportescovid@supersalud.gov.co, con esta medida, la entidad de control espera esclarecer a dónde van a terminar los recursos públicos de la salud y verificar que estos finalmente circulen hasta las manos del personal médico, que en muchas ocasiones se quejan por la falta de recursos y pago de sus nóminas.
“En las dificultades que se han encontrado en el país, tenemos muchas en hospitales de Leticia, y por eso se emitió la circular 008 haciendo los requerimientos a todas las EPS” aseguró Fabio Aristizábal.
La Superintendencia fijó como plazo los primeros cinco días de cada mes para que las EPS informen y entreguen su política de pago, por fuente, costo e informen también los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros.
“Con estos reportes podemos hacerle seguimiento a todos los recursos, además de que tienen que reportar en la página web los primeros cinco días de cada mes, los primeros 10 días también nos tienen que enviar a la entidad los catálogos financieros, lo que busca transparencia y verificar a dónde están llegando los recursos, esto nos permite revisar todo el flujo si aumentó o disminuyó en los pagos a algunas entidades, también tenemos que verificar todos los giros adicionales que hace el gobierno, con esa información hacemos un análisis completo con una modelación de riesgo para así detectar irregularidades” dijo el superintendente Fabio Aristizábal.
Infortunadamente no todas las EPS han enviado los reportes, así lo puntualizó la Supersalud; inicialmente cuatro de las 35 no reportaron nada en los términos de tiempos estipulados, otras no reportaron la reserva técnica, es decir los depósitos a la vista, y otras once EPS no reportaron los recursos de deuda pública, tampoco reportaron sus cuentas de ahorro y cuenta corriente, la información aún sigue incompleta para la entidad. “A veces es muy difícil hacer un análisis financiero completo porque no nos reportan la información como se debe y con calidad” aseguró el superintendente.
Con la crisis del COVID-19 han incrementado las denuncias de los no pagos por parte de las EPS a las entidades prestadoras de servicios y al personal médico quienes están en la primera línea de esta batalla contra la pandemia.
La Supersalud reveló en un informe sobre flujo de recursos de las EPS, en el cual se verifica el uso que se le da a los recursos girados en la contingencia por Covid-19, que cerca de $5.1 billones se han girado a 35 EPS de los cuales $4.1 billones se han destinado a saldar deudas con IPS y proveedores, de acuerdo con el análisis realizado en el informe que presentó la entidad.
Según la Supersalud: “un alto porcentaje de los 5 billones de pesos que el gobierno nacional destinó para el sector salud durante marzo de este año sí llegaron a los prestadores de servicios del país”.
El informe arroja datos como: las EPS destinaron $1 billón para inversiones, $1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de $4,1 billones. De esta última suma, el 60% fue para IPS privadas o mixtas, el 17% para IPS públicas y el 23% se destinó a otros proveedores, incluidos los profesionales independientes, los prestadores con objeto social diferente, transporte especial de pacientes, proveedores de insumos y medicamentos, así como el gasto administrativo.
Según el superintendente, la entidad realiza seguimiento tanto a la implementación de las medidas expedidas por el Ministerio de Salud para oxigenar financieramente, como a la información publicada por la Adres con respecto a la concentración de giros, para así poder emitir alertas tempranas en casos de posible desviación de los recursos.
La Superintendencia puso en cintura a algunas EPS y hospitales
Durante este último mes la entidad adelantó diferentes intervenciones que buscan el mejoramiento de la prestación de la salud. Dentro de ellas:
Ordenó y procedió a la intervención forzosa para administrar el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta, allí se documentaron 59 hallazgos que revelan una crítica situación de sus indicadores y que al parecer representan riesgo para la prestación de los servicios de salud.
Asimismo se abrió investigación a José Javier Cárdenas, exrepresentante legal de la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos, y prorrogó la medida especial de vigilancia tras identificar incumplimientos y fallas en la prestación del servicio a los usuarios.
Como parte de proyecto apoyado por la Supersalud “Misión Amazonas”, 22 profesionales de la salud voluntarios llegaron a Leticia, para fortalecer las acciones de prevención, mitigación y atención de los pacientes por Covid-19 en el Hospital San Rafael.
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