El pasado 14 de abril, en medio de la pandemia desatada por el Covid-19, pero con un trabajo de planeación que viene desde antes, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el documento Conpes 3992 que establece la “Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia” y que busca, en principio, suplir la que tal vez sea la mayor deuda del sistema de salud colombiano: la atención en un área que desde la Ley 100 quedó como la cenicienta del sistema. Este Conpes complementa y genera los recursos para la implementación de la Ley 4888 de 2018 que establece la política de salud mental.

Según el Institute for Health Metrics and Evaluation, citado en el Conpes, los colombianos presentan un deterioro de la salud mental en los últimos 20 años, e indica que una de cada diez personas en 2017 padeció un trastorno mental. Cifras en las que concuerdan diferentes estudios mostrarían que cuatro de cada diez colombianos han padecido alguna enfermedad o episodio relacionado con su salud mental. La situación ha llegado a ser tan alarmante que este tipo de enfermedades se encuentran entre las 20 primeras causas de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) entre 2008 y 2018, siendo las diferentes formas de violencia y el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) los factores considerados como más influyentes en la aparición de síntomas mentales e incluso como problemas mentales en sí mismos.

Las posibles causas del deterioro de la salud mental de la población colombiana, según el documento Conpes, se asocian a tres problemáticas principales: la baja coordinación intersectorial en temas de salud mental; las barreras en los entornos y en las competencias socioemocionales de los individuos, y las limitaciones en la atención integral e inclusión social de personas con problemas o trastornos mentales. Como solución se plantean tres ejes de acción: aumentar la coordinación intersectorial para lograr una mayor implementación de acciones de promoción de la salud mental, la prevención, atención integral e inclusión social de personas con problemas, trastornos mentales o consumo de SPA. Un segundo eje sería el fortalecimiento de los entornos sociales en los que se desenvuelven las personas, y busca desarrollar competencias socioemocionales en toda la población. Y el último eje se orienta a mejorar la atención e inclusión social de personas víctimas de violencias, con problemas, trastornos mentales y consumo de SPA por medio del fortalecimiento de la oferta en salud, formación del talento humano y articulación social.

La política se desarrollaría en un horizonte de cuatro años, a 2023, y tiene un costo estimado de un poco más de 1,1 billones de pesos. Además, cuenta con la participación y liderazgo compartido del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia, de salud y protección social, el del trabajo, de educación, cultura, y el ICBF entre otras entidades.

Más normas que resultados

El Conpes 3992 no es el primer intento que se hace desde un gobierno central en Colombia por abordar la salud mental, el más reciente fue la expedición la Política Nacional de Salud Mental en 2018, que plantea algunas estrategias desde la promoción y enfatiza en la reducción de riesgos asociados a problemas y trastornos mentales, suicidio, violencias, y epilepsia. Ese mismo año se expidió desde el Ministerio de Justicia la Política Integral para Enfrentar el Problema de Drogas-Ruta Futuro, tema que estaría asociado con la salud mental. Asimismo, en relación con las violencias, el actual gobierno, asume en el texto del Conpes, que la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, promulgada por el Ministerio del Interior y de Defensa Nacional, cumplen un papel importante frente al tema.

Pero la historia de normas y políticas tiene un pasado mayor. En los años 60 se implementaron en el país los macro diagnósticos de salud mental, que consistían en estudios que analizaban las patologías atendidas incluyendo la atención y rehabilitación de las personas con trastornos mentales. Es en 1998 que se expide la primera Política Nacional de Salud Mental que adoptaba las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre atención primaria y promoción de la salud emocional, el desarrollo socioeconómico y calidad de vida, y relacionaba por primera vez la salud mental con las conductas adictivas a SPA y violencias; es de resaltar que también incluyó las problemáticas generadas por el conflicto armado. Esta política fue reformulada en 2005 con el documento “Lineamientos de políticas de salud mental para Colombia” que proponía una metodología para la planeación del componente de salud mental en los Planes Territoriales de Salud (PTS).

Otros intentos, aunque tímidos, para darle preponderancia a la salud mental se encuentran en la Ley 1122 de 2007 que ordenó la inclusión de acciones orientadas a la promoción de la salud mental en los planes de Salud Pública y de desarrollo nacional y territorial. Acá el énfasis de nuevo estuvo centrado en la violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio, lineamientos que se incluyeron en el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010. En el año 2009 la Ley 1306 determinó la protección general e inclusión social de las personas con discapacidad mental y para 2013 la Ley 1616 buscaba garantizar el derecho a la salud mental, con prioridad en la niñez y adolescencia. Fue en esta norma donde por primera vez se señaló que era necesaria la expedición de la Política Pública Nacional de Salud Mental del sector salud respaldada por un documento Conpes, el cual acaba de materializarse en 2020.

La política

El objetivo general del Conpes 3992 es promover la salud mental a través del fortalecimiento de entornos sociales, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, el incremento de la coordinación intersectorial y el mejoramiento de la atención en salud mental, para así reducir su incidencia, incluyendo temas como el abuso de SPA, y las violencias. En cuanto a la coordinación intersectorial, el documento la entiende como una implementación efectiva de la promoción, la prevención, la atención integral, y la inclusión social de las personas con problemas mentales.

Para lograr este objetivo se propone un plan de acción que involucra a diferentes entidades del nivel nacional. Si bien hay que esperar como avanzará su implementación, la definición desde el documento Conpes, se basa en descripciones generales, muchas de las cuales se relacionan con acciones que se supone ya se desarrollan en el país.

Para la coordinación intersectorial se propone la construcción de una agenda y un plan de acción para la implementación de la política, se creará un comité técnico interinstitucional para consolidar la agenda única que abarcaría acciones para la salud mental, la epilepsia, el consumo de SPA y las víctimas de violencias. Dicho comité tendrá representantes de la comunidad y de los grupos de interés. Por su parte el Minsalud diseñará un instrumento que permita articular agendas de diferentes sectores y en 2021, creará una hoja de ruta de coordinación y articulación para gestionar las acciones en los consejos territoriales de salud mental, comités departamentales de drogas y el mecanismo articulador para las violencias. Una tarea asignada al DNP será realizar la evaluación del cumplimiento del Conpes.

Con el fin de tener una mejor información, se incluirá en los análisis de Situación de Salud nacional un apartado sobre salud mental, morbimortalidad asociada a los problemas y trastornos mentales, epilepsia, consumo de SPA, convivencia, y violencias. Esto se complementará con indicadores de reducción de consumo de SPA desde el Observatorio de Drogas de Colombia.

En relación con el fortalecimiento de entornos protectores, la intención es promover actividades que favorezcan un buen estado de salud mental; para ello el Ministerio de Cultura desarrollará actividades con el programa de bibliotecas Itinerantes, formación en oficios tradicionales y procesos de impulso al arte. Como tarea del Ministerio del Trabajo, se propone hacer seguimiento a las empresas en el cumplimiento de acciones de inclusión y evaluación de factores de riesgo psicosocial. Esta cartera deberá expedir una norma para establecer programas de promoción y prevención de problemas mentales, y del consumo de sustancias en el ámbito laboral, además de buscar la protección especial al talento humano que trabaja en salud mental.

En el ambiente educativo, será el Mineducación quien liderará acciones encaminadas a solucionar los factores de riesgo y principales problemáticas de salud mental de los estudiantes. Para ello comenzará a trabajar con las 96 entidades territoriales certificadas; asimismo promoverá el registro, seguimiento y atención a casos de violencia con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar en coordinación con el ICBF. Finalmente esta cartera deberá implementar contenidos, metodologías y herramientas para fortalecer las capacidades de las familias en materia de cuidado, crianza y promoción del desarrollo integral, entre otras acciones similares.

Finalmente el ICBF, el Ministerio de vivienda, y el de tecnologías de la información, establecerán acciones que se articularán en la misma línea con los demás contenidos de la política.

Si bien durante años se han promulgado normas y planes sobre la salud mental en el país, los resultados no han sido los esperados. Este Conpes busca ante todo articular tareas, en dos años se le hará una revisión, y se verá si por primera vez los resultados responden a las necesidades de la población.