El documento Conpes 3992 del Consejo Nacional De Política Económica Y Social República de Colombia Departamento Nacional De Planeación, publicado el 14 de abril de 2020 enmarca un análisis de las problemáticas que limitan la promoción de la salud mental de la población residente en el territorio colombiano, así como la atención integral en salud e inclusión social en población víctima de todo tipo de violencia, personas con problemas, trastornos mentales y consumo de SPA.

En Colombia el deterioro de la salud mental en la población se relaciona con tres problemáticas: la baja coordinación intersectorial en temas de salud mental, las barreras en los entornos y en las competencias socioemocionales de los individuos. Además de las limitaciones en la atención integral e inclusión social de personas con problemas o trastornos mentales. En los últimos 20 años los colombianos han evidenciado un aumento de problemas y trastornos mentales. Con respecto a trastornos se encuentra que el 10,25 % de las personas en el 2017 padecía de un trastorno mental.

Según la encuesta Nacional de Salud Mental, los trastornos mentales son alteraciones clínicamente significativas de tipo emocional, cognitivo o comportamental que generan disfunción del desarrollo de las funciones mentales, procesos psicológicos o biológicos en el individuo. Estos se diferencian de los problemas en salud mental en la severidad de la sintomatología, grado de disfuncionalidad del individuo y condiciones crónicas asociadas a trastornos depresivos y de ansiedad, esquizofrenia, epilepsia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la memoria, entre otros.

Tanto los trastornos como los problemas mentales puede ser consecuencia de factores externos a los que se enfrentan las personas. Frente a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social señala que las violencias y el consumo de Sustancias Psico Activas (SPA) son factores que influyen en la aparición de síntomas mentales, como de problemas mentales en sí mismos. En cuanto a las violencias se encuentra que cuatro de cada 10 jóvenes entre los 18 y 24 años ha sufrido algún tipo de violencia antes de llegar a la mayoría de edad; se registra también en el país un aumento de 2 570 casos de presunto abuso sexual en menores de edad, pasando de 19 641 en 2011 a 22 211 en 2018, y existe un posicionamiento de la violencia interpersonal como la primera causa de años de vida ajustados por discapacidad – AVAD - entre 1990 y 2017.

Así mismo, según Institute for Health Metrics and Evaluation “la violencia ha persistido como la primera causa de AVAD en el país. Lo que tiene relación con los trastornos mentales. Se identificó que una de cada diez personas en el 2017 padeció un trastorno mental y estos se posicionan entre las 20 primeras causas de AVAD entre 2008 y 2018”.

Por otro lado, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la intensificación de los problemas y trastornos mentales se asocia con el incremento de 1,35 puntos porcentuales en la tasa de suicidio, la cual en el 2008 fue de 4,58 por 100.000 habitantes y en 2018 de 5,93 por 100.000 habitantes; siendo mayor en adolescentes, jóvenes, adultos mayores y población indígena, según datos entregados en 2018 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Astrid Arrieta Molinares, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría afirma que “Colombia permaneció muchos años con una tasa de suicidio de 4 por 100.000 habitantes. Ahora aumentó a 5,9 por 100.000 habitantes”. Además, la psiquiatra señaló que “En varias regiones del país, lo que había permanecido estático se desbordó. Nuestras condiciones de salud y, especialmente, darle la espalda a una situación tan grave, ha derivado en este problema de salud mental en un país que no es el más sano, que está mal adaptado, que tiene problemas de violencia de muchísimos años, también de mucha pobreza, y en donde no existen oportunidades. Lo peor es que los niños se están suicidando”.

Arrieta Molinares agregó que: “Entre los problemas de salud pública, los que corresponden a salud mental no tienen la atención prioritaria del estado. Cuando los entes territoriales invierten el presupuesto destinado a salud pública, atienden problemas diferentes a las enfermedades de psiquiatría”.

La salud mental en Colombia requiere prevención y promoción

El diagnóstico plantea los siguientes problemas: baja coordinación intersectorial en temas de salud mental, fragmentación y limitado uso de la información sobre salud mental en el país, barreras en los entornos y en las competencias de los individuos para afrontar situaciones adversas, entornos como factores de riesgo para la salud mental, bajo desarrollo de competencias socioemocionales para afrontar situaciones adversas, limitaciones en la atención integral e inclusión social de personas con problemas y trastornos mentales, baja disponibilidad del talento humano y limitaciones en su formación en salud para la atención integral a problemas o trastornos mentales y desconocimiento de la oferta social y ausencia de articulación socio-sanitaria para la inclusión social en problemas y trastornos mentales.

En el país se estima que el 20,5% de los estudiantes son víctimas de agresión. El 19, 5 % de las personas han sufrido ciberacoso. Del 20 % al 30% de los trabajadores están expuestos a riesgos asociados al estrés laboral. 4 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años han sufrido algún tipo de violencia antes de los 18 años. A lo que se debe sumar que el 53% de la oferta de atención se concentra en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá.

Según el médico psiquiatra José A. Posada, en un artículo publicado en la revista Biomédica (vol.33 no.4) “Al comparar la prevalencia de los trastornos mentales en Colombia con otros 14 estudios homólogos de otros países desarrollados y en desarrollo, se encuentra que Colombia ocupa los cinco primeros puestos en algunas enfermedades mentales: segundo puesto en el trastorno por control de impulsos, cuarto puesto en los trastornos de ansiedad y en los relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas como en cualquier otro trastorno (trastorno de ansiedad de separación en la infancia, trastorno por déficit de atención, trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante, trastorno de ansiedad de separación del adulto y bulimia nerviosa) y el quinto puesto en los trastornos del estado de ánimo”.

Adicionalmente, el DNP puntualizó que: “La articulación de los espacios y de la oferta con incidencia en la salud mental de la población colombiana, pactos sociales de políticas intersectoriales es deficiente. Dado que manejan agendas individuales, se desconocen los avances realizados por otras entidades, a pesar de que todas están enfocadas en lograr fines comunes”.

De igual manera, el Observatorio Nacional de Salud Mental expresó que: “Si bien estas limitaciones y diferencias territoriales deberían ser subsanadas a través de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, de 42 EPS que operan en el territorio, tan solo el 11,9 % cuentan con redes habilitadas, lo que evidencia limitaciones para la atención integral de las personas con problemas, trastornos mentales y rehabilitación o reducción del daño del consumo de SPA”. Por lo tanto, es importante resaltar que limitaciones en la oferta no solo afectan la consulta inicial sino la continuidad y adherencia del tratamiento.

Para Carlos López Jaramillo, profesor titular de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Coordinador de Grupo de Investigación en Psiquiatría y Presidente- Fundador de la Asociación Colombiana de Trastornos del Ánimo, afirma a través de su artículo “Investigación en Salud Mental: Un compromiso de todos” que: “Los problemas tanto globales como locales que afectan la salud mental de los colombianos están lejos de ser una prioridad para los distintos organismos públicos. En Colombia, las condiciones adicionales relacionadas con los altos niveles de violencia de las últimas décadas nos plantean retos diferentes y casi únicos a todos los profesionales que nos dedicamos al manejo de los problemas mentales. Del mismo modo, el manejo del postconflicto en Colombia está lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades, relacionadas con la salud mental de los implicados”.

Y López concluye: “Es imprescindible reevaluar las estrategias de apoyo económico y logístico a la investigación en Colombia y crear políticas públicas que garanticen la continuidad de los recursos para llevar a cabo proyectos longitudinales, acordes a la dimensión de la problemática social y con un real impacto en la salud de colombianos”.