MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 261 JUNIO DEL AÑO 2020 ISNN 0124-4388
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Pasados 90 días del primer caso confirmado de Covid-19 en Colombia, los hospitales y clínicas le han respondido a la emergencia adaptando sus infraestructuras, cumpliendo con todos los protocolos ordenados por el gobierno nacional, capacitando a su talento humano, optimizando la ocupación de las camas, entre otras acciones, sin embargo este esfuerzo no ha sido compensado como sería de esperarse y por el contrario la crisis financiera que viene de años atrás, se ha visto agudizada y amenaza fuertemente la viabilidad de muchas instituciones en el país.
Por esa razón le hicieron a través de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas - ACHC - un nuevo llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que se tomen medidas efectivas que realmente alivien la situación de los prestadores y les permita no solo atender la emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19, sino seguir atendiendo a la población en sus demás necesidades de salud.
En una segunda encuesta realizada por la ACHC para medir el nivel de preparación de las instituciones de salud para enfrentar la pandemia, se evidencia el compromiso de estas para ir incluso más allá de los protocolos adoptados por el Minsalud y en algunos casos de las autoridades locales. Los resultados de la encuesta muestran que el 100% de las instituciones consultadas ha capacitado al personal asistencial y actualizado sus protocolos de atención; el 97 % ha adelantado acciones para reforzar la dotación de elementos de protección personal pasando en el último mes de tener disponibilidad de 4.4 semanas a 6 semanas en promedio, y el 32% de las entidades consultadas aumentó su planta de personal para prestar la atención. Cifras que reafirmarían que el sector hospitalario se ha preparado y ha hecho esfuerzos para responder al país en la pandemia.
Sin embargo en forma paradójica esta preparación se ha encontrado frente a una baja ocupación actual, que se suma al no pago de la cartera antigua, el envejecimiento de la corriente y las deudas de las EPS liquidadas, factores todos que han acrecentado la crisis financiera de hospitales y clínicas.
Y es que la encuesta también consultó sobre los niveles de ocupación encontrando que en el último mes el porcentaje de cancelación de procedimientos o intervenciones programadas aumentó siendo la mayor proporción de las cancelaciones se atribuyen a decisiones de las EPS con un 47%, por decisión del paciente el 30% y por decisión de la IPS el 23%.
Frente al porcentaje de ocupación, en los servicios de urgencias continúa disminuyendo al pasar del 75% al 41%, en cuidados Intermedios se redujo al pasar de 53% al 46% y la de cuidado intensivo aumentó pasando de un 49% a un 52% de ocupación en las entidades consultadas.
Considerando la agudización de la crisis, los prestadores agremiados en la ACHC le dirigieron una comunicación al ministro de salud, Fernando Ruiz, donde le señalan que gran parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para liberar recursos y pagar deudas a los hospitales y clínicas, en el marco de la pandemia de Covid19, no han tenido la eficacia esperada y que por tanto se requiere que su aplicación sea obligatoria: “no es momento de seguir esperando que las EPS se acojan voluntariamente, pues de no hacerse obligatorio, dichas medidas serán meras expectativas y no una realidad de ingreso para las IPS públicas y privadas del país”, indicó Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la ACHC.
En la misma misiva el gremio hospitalario le hizo una serie de propuestas concretas al gobierno nacional para que adopte medidas extraordinarias y estructure mecanismos para que a través de diversas fuentes como la UPC, el subsidio a la oferta o el FOME, se reconozca y remunere la capacidad instalada que han dispuesto las IPS para atender la pandemia y que aún no está siendo aún utilizada, de esta manera se tendría un ingreso que le permita a los hospitales y clínicas cumplir con sus obligaciones e incluso su subsistencia, y enfrentar de algún modo la baja ocupación de los servicios y la consecuente disminución en la facturación.
Otra propuesta pide que se disponga obligatoriamente de todos los recursos de las reservas técnicas de las EPS para el pago de las deudas a las IPS a través de giro directo. Además y frente a la compra de cartera, la ACHC pidió que se modifiquen las condiciones para que en las próximas operaciones se incluya a hospitales y clínicas de servicios ambulatorias, IPS de menos de 50 camas, IPS que no han sido contratadas por las EPS para la atención de la pandemia, e IPS de servicios especializados como oftalmología, psiquiatría y pediatría, entre otras instituciones, las cuales también necesitan recibir recursos para seguir funcionando. En este aspecto también se propuso que se estructure un mecanismo de garantía para que la Adres pueda hacer préstamos a las EPS cuya capacidad de endeudamiento no les permiten aplicar a esta medida.
Otra de las propuestas es que, en el marco del Acuerdo de Punto Final, en el Régimen Contributivo se realicen giros expresos a las IPS desde la Adres, para el pago de deuda antigua y crear un régimen de insolvencia o un Acuerdo de Punto Final 2.0. que sanee la cartera que han dejado las entidades en liquidación.
Finalmente lo que se ha denominado la canasta de atención Covid-19 también fue objeto de algunas sugerencias por parte de los hospitales y clínicas reunidos en la ACHC. Por un lado se pidió al Ministerio de Salud que en la reglamentación de dichas canastas se tenga en cuenta la realidad y experiencia de las entidades hospitalarias que atienden en la actualidad los casos de Covid19 en el país, para así establecer un pago suficiente, integral y equilibrado de estas atenciones.
Además, se propuso establecer el pago completo de las atenciones a los pacientes sospechosos, el pago oportuno de las atenciones brindadas hasta la reglamentación de las canastas incluyendo los elementos de protección personal y simplificar procesos de auditoría, para evitar interpretaciones unilaterales por parte de la EPS, frente a lo facturado por el prestador y agilizar el flujo de recursos, así como una revisión periódica de las canastas de atención Covid.
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