Lo que comenzó como una epidemia en China, se ha extendido a la mayoría de los países del mundo, cobrando la vida de miles de personas y afectando las formas de vivir de millones.

Resguardarse en los sitios de vivienda, adoptar acciones de limpieza y conservar la calma son hasta ahora las mejores opciones que tienen los ciudadanos.

Por su parte los gobiernos de todos los hemisferios ordenan cuarentenas, cierran fronteras, y acatan en mayor o menor medida las recomendaciones de los expertos para evitar que la propagación del Covid-19 sea incontenible.

Un par de Resoluciones, la 205 y 206 de 2020, son el andamiaje jurídico del gobierno nacional para dar vía libre a la anunciada estrategia de “Techos” o precios máximos con la cual pretende poner fin de una vez por todas a una de las brechas del sistema de salud por donde más se fugaban los recursos: los recobros.

Esta estrategia había sido anunciada como el componente del “Acuerdo de punto final” que impedirá que, en el futuro, los recobros por acciones no incluidas en el Plan de Beneficios y no cubiertas con la UPC alcanzaran los niveles críticos de los últimos años. Ya el gobierno anterior de Juan Manuel Santos lo había intentado con el Mipres, sin embargo el efecto no fue el esperado. A mitad de su mandato, el presidente Iván Duque insiste en tomar medidas especiales para enfrentar un problema que hasta ahora ha sido imposible solucionar.

Las preguntas continúan, muchos analistas dudan sobre su efectividad y más con la presión del complejo médico industrial que no se toca con estas medidas. La suficiencia es otro gran cuestionamiento, pero el que más ha llamado la atención una vez conocidas las cantidades asignadas a cada entidad responsable del pago, es la enorme diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado.