MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 278 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Con la implementación de la Ley 100 de 1993 el país le apostó a garantizar la salud de los colombianos a través de una figura soportada, ante todo, en una tríada de actores: el estado, los prestadores, y los aseguradores en salud, y donde los ciudadanos supuestamente serían quienes recibirían los beneficios de un trabajo articulado, pensado y planificado para satisfacer sus necesidades. Esta era la teoría.
Lo que ha sucedido en 28 años de funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud ha sido objeto de análisis, diagnósticos y estudios, que a su vez han conducido a reformas, ajustes y a una avalancha de normas complementarias que, incluso a veces expedidas con buena voluntad, siguen sin lograr una satisfacción suficiente ni entre los usuarios del sistema (ciudadanos) ni entre los actores de la famosa tríada.
La palabra equilibrio por fuera de los contextos científicos o artísticos, se puede interpretar como un estado de armonía entre los componentes de un todo. Para lograrlo es necesario que las diferentes partes o contrapesos funcionen en un estado de pariedad, y este principio es aplicable en el ámbito personal, social o en las relaciones al interior de un sistema, como en este caso, el Sistema de Seguridad Social en Salud.
El primer desequilibrio que se detecta en el sistema sanitario de Colombia es entre los usuarios y el resto de actores. La estructura ampliamente segmentada y llena de procedimientos administrativos, contratos, intermediarios, autorizaciones, y controles de costos, hace que en el país la atención integral no sea expedita. Las personas se ven sometidas a enfrentar trámites complejos, filas, llamadas eternas para solicitar una cita, verificaciones de su derecho a la salud que depende de encontrarse al día en una base de datos, con lo que la balanza termina inclinándose hacia el lado que más poder ostenta, que no es precisamente el de los pacientes.
Pero hay otro desequilibrio que se acentúa con el tiempo y que puede desembocar en un verdadero riesgo sistémico que afecte a todo el país, la relación: prestadores-aseguradores. Desde hace muchos años la cartera creciente de las EPS con quienes atienden a la población, tiene en una crisis permanente a hospitales y clínicas, públicos y privados, sin distingos, sin que las medidas salvadoras hayan logrado cambiar el panorama. Estrategias como el giro directo, el acuerdo de punto final, o la más reciente de presupuestos máximos, han sido insuficientes para lograr que los recursos financieros fluyan dentro del sistema con la oportunidad y volumen necesarios.
Pero lo más preocupante de esta relación a todas luces inequitativa, es que el estado, quien tendría desde su función de gobernanza generar el equilibrio, parece inoperante e incluso sesgado en su papel.
El más reciente capítulo de este desequilibrio se ha comenzado a escribir con el caso de la intervención Forzosa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Coomeva. Luego de un proceso de deterioro que se ha prolongado por diez años, la Supersalud decidió intervenir la aseguradora con el fin, según señala el órgano de control, salvaguardar la garantía del derecho a la salud de los afiliados, y buscar una salida a la crisis financiera de Coomeva para lograr su continuidad dentro del sistema, hasta ahí todo bien.
Lo que no se comprende es que en esta tarea de salvamento, se pretenda que la aseguradora reviva gracias al aporte de los prestadores, quienes durante años ya han colaborado prestando servicios de calidad y oportunos a los afiliados, sin que haya una compensación siquiera medianamente oportuna en los pagos en los pagos de la EPS, y que ahora por el contrario se busquen como fórmula mágica descuentos cuantiosos en la cartera por atenciones ya prestadas, diferir pagos a lapsos inconcebibles de hasta diez años, renuncias a derechos amparados por la ley como embargos, cobros de intereses, e incluso se pidan aportes a un fondo que supuestamente garantizará el pago futuro pero que no deja de ser incierto.
Son estas “estrategias” las que en realidad generan el riesgo sistémico del sistema, porque en la tarea de salvar a una empresa, se coloca en riesgo la viabilidad de quienes en verdad son los garantes de la prestación de los servicios de salud: los hospitales y clínicas, quienes en años anteriores ya han sido víctimas del mal funcionamiento de las aseguradoras, y solo basta recordar casos como los de Saludcoop, Cafesalud, Emdisalud, y un largo etcétera.
Si algo no se detecta en lo que hasta ahora han sido las propuestas presentadas por los agentes de la Supersalud para salvar a Coomeva es igualdad en la balanza. La propuesta es desequilibrada, genera inestabilidad y es descompensada si se mira el papel que unos y otros agentes cumplen en la salud de las personas, supuestos ejes del sistema.
En un sentido amplio el equilibrio se logra cuando existe un balance entre dos fuerzas, situación deseable y que debería ser mediada por el estado, el otro componente de la tríada, sin embargo, hasta el momento todo indica que el objetivo es salvar a una empresa a costa de colocar en riesgo a miles de prestadores, y de esta manera, la balanza nunca logrará equilibrarse.
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