MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 287 AGOSTO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Al haber finalizado este cuatrenio de gobierno nacional y a manera de balance, es necesario evaluar tanto los logros como los pendientes. A su vez, se deben analizar los retos que deberá asumir el próximo gobierno. El nuevo Gobierno plantea profundos cambios, como un diseño estructural, ajustes institucionales del aseguramiento en salud, además de cambios en aspectos orgánicos y funcionales. Frente a estas modificaciones es importante conocer y determinar cuáles son las capacidades reales y los principales guarismos que exigen líneas puntuales de abordaje e intervención.
Las cifras arrojadas en estos cuatro años evidencian algunos logros. Sin embargo, se demuestra un esquema de operación insostenible, caracterizado por estar altamente endeudado, sin cierre financiero, con alta siniestralidad, altos costos de intermediación en algunas aseguradoras en salud. Esto último relacionado con los volúmenes de ingresos recaudados por la vía de compensación y/o liquidación mensual de afiliados y a los resultados operativos obtenidos.
Este resultado del aseguramiento en salud es, ciertamente, la evidencia real y palmaria de una crisis postergada en el tiempo. Adicionalmente, las medidas de intervención también han generado efectos significativos y correlativos, lo que ha causado afectación en las finanzas de toda la cadena de agentes, y más cuando muchos de ellos no cuentan con las reservas e inversiones suficientes para proporcionar la atención oportuna y una facturación eficiente de los servicios prestados.
Partiendo de lo expuesto, es evidente que el sector se encuentra en crisis y reclama revisiones, ajustes que permitan inversiones sostenibles y mínimamente rentables, y sobre todo, que sean funcionales para los pacientes. Esto, se traduce también, en la necesidad de un esquema de operación que consulte las realidades económicas, las capacidades presupuestarias y los mandatos constitucionales que permitan el fortalecimiento de las decisiones y que, asimismo, puedan ser debatidas por la nación.
Entre 2018 y 2022, las EPS tuvieron ingresos operacionales por $226.3 billones, con un costo asociado de producción de servicios de $217.8 billones, para un resultado bruto de $8.5 billones, es decir que la siniestralidad básica (relación costos ingresos), es del 96.24. En otras palabras, y expresados en valores, por cada $100 de ingresos de las EPS, la cobertura de los costos de servicios fue del $96.24. Esto quiere decir que los costos ejecutados se cubrieron con los ingresos disponibles.
A este resultado se le descontó $15.2 billones de gastos de operación o de administración y logísticos, es decir, de un promedio anual de $3.8 billones. El gasto administrativo en proporción del ingreso operacional promedio fue de 6.72 % (lo máximo autorizado es del 8 % régimen subsidiado y 10 % contributivo).
Una vez descontado de los ingresos operacionales, los costos de producción y los gastos administrativos, se tuvo un resultado negativo de operación de -$6.6 billones, según esto es menester observar como una parte del gasto administrativo presenta un descalce significativo que hace que el sistema presente un resultado negativo neto. Para estas variables, la tendencia ha sido constante, excepto durante la pandemia, que implicó un descenso en atenciones y un aumento en ingresos para EPS.
Como consecuencia, se generó el debate estructural en el que se discute sobre la participación y contribución real que realizan las aseguradoras en salud y su valor agregado. En este punto, diferentes actores coinciden en la necesidad de compensar el gasto y los ingresos. Además de la gestión para disminuir los riesgos en salud y poder administrar eficientemente el riesgo financiero, también, de crear políticas que den garantía al paciente, y a su vez, conformar el acceso efectivo a la red de servicios basado en el criterio de calidad.
El debate es aún más profundo por las implicaciones, los efectos, las ganancias en salud logradas y por las inversiones realizadas. Frente a ello, se deberá presentar un esquema viable en el que se asignen costos, gastos y posibilidades reales, acorde con resultados paralelos anteriores a la Ley 100 de 1993, asimismo deberá pasar con otros marcos de aseguramiento internacional con sistemas que pueden ser de provisión y financiamiento público, mixto, estatizado o de otros de alta participación del mercado.
Así las cosas, es importante resaltar que el neto entre otros ingresos no operacionales fue de $5 billones (ajustes de periodos anteriores en servicios en su gran mayoría, conexos al aseguramiento en salud), y de otros gastos no operacionales que correspondieron a $1.3 billones. Es decir, el resultado consolidado en estos cuatro años para las aseguradoras en salud (32 en promedio), fue de $2.9 billones, valor que hace negativos los indicadores de rentabilidad y demás márgenes. Al mismo tiempo, estos valores son precursores y causan un defecto patrimonial, es decir, la descapitalización. Esto explicado desde las pérdidas contables, ya que disminuyen el patrimonio constituido o capitales iniciales invertidos.
La ecuación contable enseña una composición desfavorable, toda vez que los activos correspondientes son de $34.4 billones y los pasivos de $34.7 billones, es decir, un patrimonio negativo de -$271.271. Según esta relación, el nivel de endeudamiento es de 100.79 % y se presenta una solvencia negativa de -0.79 %.
Los cálculos muestran que es casi inviable que el sector pueda funcionar financieramente con esos niveles de endeudamiento y con patrimonios negativos, ya que esto representa un riesgo real para la cadena de agentes de valor, por lo que es necesario la capitalización o lograr eficiencias técnicas. Así entonces, una de las razones que permite explicar parte de los resultados, es que puede ser coyuntural o de corto plazo y está atada a capacidades, voluntades y recursos. En tanto, la segunda, que es estructural y de largo aliento, y en este caso estará supeditada a la efectividad de los planes, programas y proyectos, al modelo de gestión de riesgos efectivos, al conocimiento del mercado, pacientes y territorios (caracterización poblacional, perfiles y riesgos) y a modalidades de pago que consulten trazabilidad, transferencia de valor y transparencia entre las partes.
De otro lado, cuando el análisis se realiza a valores medios o per-capitas, se tiene que en estos cuatro años el ingreso medio fue de $1’ 208.818, con un costo promedio de $1´163.733 y un gasto medio de $80.946, para un resultado negativo unitario de -$35.860. Es decir que, se cubre la totalidad del costo en términos unitarios, pero no el gasto operativo incurrido, que varía un poco aun cuando se descuenta el año atípico de pandemia de 2020.
Para el caso de la siniestralidad, esta se ubica en un promedio de 103.06 % en los cuatro años, sin considerar la pandemia cuando fue de 101.68 %. Aquí pudiera hablarse de una UPC que no es contingente y suficiente, con una adecuada y eficiente gestión de riesgo compartido, a los gastos de administración y todas las formas indeseadas, contrarias a la eficiencia del mercado, de los fallos del mercado y a comportamientos contrarios en el manejo eficiente y sostenible del sistema.
Los resultados financieros y económicos denotan efectivamente una crisis real, dilatada, extendida y sostenida del sector de la salud en Colombia, por cuanto lo logrado ha estado matizado por efectos económicos tanto en aseguradoras como en prestadores y demás agentes que reclaman pagos oportunos y reales, y el desatrace de deudas billonarias que superan los $22 billones (casi impagables), con un defecto patrimonial de $2.9 billones, una siniestralidad del 103.06 %,
con patrimonios negativos, pérdidas crecientes y recurrentes de EPS que solo en cuatro años fueron de $2.9 billones.
En conclusión, el crecimiento sectorial ha estado soportado en “el debe”, pero las realidades fácticas superan las justificaciones de lado y lado de los actores. El debate será tan profundo como sensible.
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