MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 289 OCTUBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La situación fiscal actual del país es compleja, la cual se agudizó con la pandemia. Desde 2020, los gastos crecieron fuertemente y estuvieron acompañados de una reducción de los ingresos fiscales. En 2022, después de una leve corrección de las finanzas, se observa que el problema del déficit no se ha resuelto.
Según Manuel Felipe Martínez, asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del actual Gobierno, “el balance primario pasó de 0,4 % en 2019 del PIB al -4,9 % del PIB en 2020, y se proyecta que para el 2022 sea cercano al -1,5 % del PIB. Si bien se observa una recuperación económica, es importante estabilizar el déficit primario para garantizar la sostenibilidad de las finanzas”.
Frente a ello, agregó que “han emergido riesgos fiscales asociados al pago de intereses”.
Destre otro punto, el Gobierno de Iván Duque, afirmó en el cierre fiscal preliminar de 2021 y el Plan Financiero de 2022 que “el déficit fiscal habría cerrado en 7,1 % del PIB en 2021, cifra inferior a la registrada en 2020 y sustancialmente menor a la proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (8,6 % del PIB). Este resultado, junto con el buen desempeño económico del país, permitió que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central inicie la senda decreciente en 2021, tres años antes de lo previsto en el escenario de junio y alcanzando 63,8 % del PIB”.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público del antiguo Gobierno afirmó a principios del presente año que “esa reducción continuaría en 2022. El déficit estimado para 2022 es 6,2 % del PIB, reduciéndose frente a lo esperado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (7,0 % del PIB). En 2022 el Gobierno nacional reducirá en 26 % la emisión de títulos de deuda frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto es posible gracias al refinanciamiento realizado durante 2021, un menor déficit fiscal y un menor pago de amortizaciones gracias a las operaciones de manejo de deuda realizadas en los últimos meses”.
En cuanto al sector salud, la ministra Carolina Corcho indicó que el país está en un déficit fiscal y el presupuesto que se ha propuesto no está todavía aprobado. Aclaró que en el “Ministerio de Salud existe un déficit de $5.5 billones que dejó la administración anterior y deben hacerse ajustes. Parte del hueco fiscal, se debe a gastos de la administración pasada como facturas en pruebas de COVID-19 que registran $3.1 billones”.
De acuerdo con la jefe de Cartera, “por recursos que se usaron en la administración pasada hay déficit en el presupuesto de 2022. Por ejemplo, en compras de pruebas para COVID-19 se gastó, según el Minsalud, $3.16 billones, lo que dejó una necesidad de caja este año de $750 000 millones”.
Además, advirtió de una necesidad de ampliar el presupuesto del sector. “Esto es una solicitud de casi 15 billones de pesos, esto es más de la mitad de la reforma tributaria, porque serían los 8.1 más los 5.5 que ya van a hacer 5.7, según las proyecciones financieras, más 800 mil millones extra para cumplir con el programa de Gustavo Petro. Al hacer los ajustes necesarios, la ministra anunció que lo mínimo que se puede reducir la solicitud es a 10.6 billones de pesos, teniendo en cuenta el cálculo de la UPC, que son los recursos del sector público destinados a las EPS. “Sumando esos dos, en el primer escenario con incremento de UPC del 14,97 % se aumentaría el presupuesto en alrededor de 86 billones, más del 8 % del PIB. En el segundo escenario, con los ajustes, se aumenta el presupuesto alrededor de 82 billones”, dijo la ministra.
De otro lado, y haciendo énfasis en los problemas fiscales que ya venían desde el anterior Gobierno, la exviceministra de Salud, Carmen Eugenia Dávila, argumentó que “el problema financiero de la salud tiene múltiples manifestaciones, a las cuales debe prestarse la misma atención para solucionar el problema de fondo. En la lista de manifestaciones están la falta de flujo de recursos; el no pago de deudas (particularmente de entidades territoriales); la corrupción de entidades territoriales y el detrimento de los patrimonios de las EPS, originado en la poca trayectoria del sistema y en la falta de regulación de un régimen de manejo de riesgo financiero”.
En cuanto a la liquidez de las EPS, se venía pensando desde 2015 en generarla de la misma manera como lo hacen los demás sectores: a través de la banca privada y pública. “Cuando se necesitan los servicios financieros hay cierto recelo en la banca. Necesitamos propiciar mecanismos de liquidez para no continuar con moras con los prestadores. Las EPS tenían con ellos deudas, pero no con el sistema financiero. Los préstamos no son una solución estructural, son de coyuntura”, explicó la exfuncionaria.
Según David Bardey profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, sobre los préstamos de la banca, recomendó revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), consejo señalado por varios expertos. “Creo que la UPC no alcanza. Hay un problema de insuficiencia de la UPC enorme y reducir o alivianar el desperdicio no es de corto plazo”, aseguró Bardey.
Por eso, los expertos coincidieron en ubicar las medidas y recomendaciones en escenarios de corto, mediano y largo plazo, como asegura el Gobierno que está haciendo, aunque para algunos de los expertos esto no es viable. “Es difícil separar los problemas de corto plazo de los de largo plazo, si se mira lo que está pasando en conjunto con el sistema. Se presenta como una dificultad de liquidez, pero es un problema más de fondo”.
Los mayores niveles de endeudamiento afectan negativamente la sostenibilidad fiscal y, como se pudo observar, puede conducir a que en el exterior se generen perspectivas de desarrollo y crecimiento negativas del país que impidan conseguir un mayor financiamiento por parte de inversionistas y, en consecuencia, acrecienten la débil sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.
Según la ANIF (Centro de Estudios Económicos), “el aumento de las coberturas de aseguramiento y acceso, así como la protección financiera de la población frente a enfermedades de alto costo, han sido los principales logros del sistema de salud colombiano. Lo anterior ha sido posible gracias a que, durante los últimos años, el sector salud es uno de los que más ha recibido recursos por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN)”.
Para el año 2021 la partida presupuestal de salud aumentó 16,6 %, pasando de $30.9 a $36.1 billones asignados, siendo el tercer sector con mayor asignación de recursos en el último presupuesto, descontando el rubro destinado al servicio de la deuda. “Ahora bien, teniendo en cuenta todas las fuentes de recursos, incluso aquellos que no hacen parte del PGN, como las cotizaciones, el sector salud es, de lejos, el que más recursos ha demandado para su financiación” argumenta la ANIF.
Vale destacar que hasta el 2021, el FOME recaudó recursos de las fuentes mencionadas por un valor cercano a los $40.5 billones para las vigencias 2020 y 2021, donde el 39,5 % de los recursos ($16 billones) se utilizaron para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Dentro de la atención a la emergencia sanitaria, el aumento de los recursos disponibles del sector salud y la adquisición de las vacunas fueron los dos rubros que más demandaron recursos, con un valor aproximado del $4.6 billones cada uno.
Adicionalmente, ante la súbita caída del empleo y, por ende, de las cotizaciones en salud de los colombianos, se destinaron $3.6 billones para garantizar el aseguramiento durante el periodo de emergencia sanitaria decretado. Finalmente, el cuarto rubro más importante en este campo fue la ampliación de la oferta con $1.6 billones.
Dentro de las necesidades a corto plazo, la entidad expone que “también existen responsabilidades fiscales de corto plazo que demandan una alta cantidad de recursos para su solvencia. Ejemplo de esto es el Acuerdo de Punto Final establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, donde se busca, por una parte, el saneamiento de las cuentas acumuladas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, y por otra, asegurar la transformación de los mecanismos de gestión y financiación de dichas tecnologías en el mediano y largo plazo”.
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